Lejanos los futuros alivios al bolsillo

Los nuevos alivios al bolsillo que había programado la Reforma Contributiva no son viables en el contexto económico actual, coincidieron tres economistas.

“Si sencillamente nos atenemos a la letra de la ley (sobre la Reforma Contributiva), habría que concluir que no se pueden dar las promesas, porque los parámetros de crecimiento de la economía no se están cumpliendo”, dijo el economista Juan Lara.

“Todo apunta a que no va a haber continuación (de la Reforma Contributiva)”, insistió el economista.

La situación actual no aplicaría a los cambios y beneficios contributivos que ya entraron en vigor. Lo que está en juego es la puesta en marcha de las siguientes fases de esta reforma, uno de los proyectos emblemáticos de la administración de Luis Fortuño y que prometía reducir las tasas contributivas para poner más dinero en el bolsillo de los ciudadanos.

Las implicaciones

El detente a la Reforma Contributiva podría implicar que una persona que gane $25,000 en el 2013 pagaría una tasa de 14% en contribuciones y no la tasa reducida de 7% que se prometía en la reforma si se cumplían las condiciones estipuladas en la ley.

El economista Joaquín Villamil tampoco augura que sobrevivan las nuevas etapas o fases programadas en la reforma. “Con la situación fiscal que tiene el Gobierno, eso no sería apropiado porque va a reducir aún más los recaudos”, advirtió. “Ninguno de esos tres (indicadores) se va a dar. Así que eso ya implica ver la ley y ver qué ajustes se van a dar”, abundó.

Explicó que esta situación obliga a la administración entrante a actuar inmediatamente tan pronto asuma el poder. “Si se van a hacer cambios, se tienen que hacer ya y no esperar, porque la situación económica del Gobierno sigue siendo muy precaria”, subrayó.

Una de las situaciones que se tienen que evaluar, según Villamil, “con sentido de urgencia”, son los subsidios gubernamentales.

Un panorama similar proyectó el economista Elías Gutiérrez. “Por todo lo que se ha presentado, lo veo muy difícil”, afirmó.

Gutiérrez señaló que a nadie le debe sorprender que la celebrada Reforma Contributiva no logre ser implementada en todas sus etapas.

Esto porque, según dijo, era “poco viable” conseguir que la economía creciera 1.5% a julio de 2013, como se estableció en la letra de la ley.

Se tambalea la reforma contributiva

La puesta en vigor de las fases futuras de la reforma contributiva y el alivio prometido al bolsillo de miles de contribuyentes boricuas está en remojo.

La administración entrante buscará conocer hoy, lunes, cuando el Departamento de Hacienda se siente ante el Comité de Transición, si el gobierno saliente cumplió con las tres condiciones necesarias para que la Reforma Contributiva continúe con vida.

“Si esos tres índices que establece la ley no se dan, la misma ley provee para que no se activen (las siguientes fases de) la reforma”, advirtió ayer Ingrid Vila Biaggi, copresidenta del Comité de Transición Entrante.

“Injusto sería que quede planteado en un futuro que la Reforma Contributiva no se dio cuando entró el nuevo gobierno (de Alejandro García Padilla) en funciones cuando desde que se concibió (esa ley se conocía que) era muy difícil alcanzar esos índices”, abundó Vila Biaggi.

La Ley 1 de 2011, conocida como Código de Rentas Internas, establece en la Sección 6100.03 –Pruebas de responsabilidad fiscal– que para la continuación de la Reforma Contributiva se necesita que a julio de 2013 se cumplan tres criterios.

El primero de esos criterios es que la proyección de ingresos netos al Fondo General deben ser igual o mayor a $9,250 millones. Los otros dos criterios para que la reforma pueda seguir su curso son que el gasto del Fondo General debe ser igual o menor al 99% de la proyección de ingresos y que la economía debe crecer 1.5%.

La propia ley especifica que, “de no cumplirse las mismas (criterios o pruebas de responsabilidad), los alivios contributivos adicionales para el año aplicable no entrarán en vigor y su efectividad se pospondrá hasta aquel año en que las pruebas fiscales se cumplan”.

Panorama incierto

Economistas entrevistados por El Nuevo Día coincidieron en señalar que, a tenor con los números que han comenzado a fluir en el proceso de transición, el futuro de la Reforma Contributiva es incierto.

Recordaron que la propia Junta de Planificación (JP) admitió el viernes que la economía de Puerto Rico crecerá, en términos reales, un 0.4% en el año fiscal 2011-2012 –que recién concluyó en junio– y apenas seis décimas, o sea, 0.6% en el año fiscal en curso. La ley establece que el crecimiento debe ser de 1.5%.

“Queremos ver la posibilidad real de que esos índices económicos que se establecieron se puedan dar. De darse esos tres índices, entra en vigor la Reforma Contributiva impuesta por ellos. De no darse esas instancias, entonces no se da. Y queremos establecer claramente cuál es el panorama real, cuál es la viabilidad de la reforma”, dijo Vila Biaggi.

“Disciplina fiscal”

El secretario de Estado, Kenneth McClintock, señaló que esos tres indicadores pueden lograrse, pero representa un “reto” para el gobierno entrante, el cual tendrá que mantener una “disciplina fiscal”.

“Quiere decir que no puedes llegar y que te encontraste con una jauja, que puedes estar nombrando personal a todo lo que da, que puedes estar dando aumento de sueldo a todo lo que da. Hay que mantener el presupuesto balanceado. Se tienen que seguir congelando algunas de las plazas que quedan vacantes”, indicó.

Aseguró que “es lograble” alcanzar para julio próximo que la economía crezca hasta 1.5%, aun cuando ahora está en .6%, según la JP. “Tienen que proponer cosas adicionales”, precisó el funcionario cuando se le insistió sobre cómo se podría alcanzar esa meta en tan corto tiempo.

Si no se logra, los ciudadanos no verán las reducciones contributivas prometidas, reconoció McClintock.

¿Por qué su administración no logró lo establecido en la reforma?, se le preguntó.

“Requiere disciplina e inventiva, que el Gobierno busque la manera en que se pueda incentivar la economía como lo hemos estado haciendo”, respondió.

Pero ¿estos índices se establecieron para que un nuevo Gobierno no los pudiera cumplir y no continuara con la Reforma Contributiva?

“Primero, nosotros no estábamos planificando que hubiera un nuevo Gobierno... le corresponde al nuevo Gobierno luchar para lograr eso”, puntualizó.

LAS TRES CONDICIONES QUE SE TIENEN QUE CUMPLIR ANUALMENTE

Según el Código de Rentas Internas, estas variables tienen que materializarse para que inicien los cambios contributivos a partir del 1 enero de 2014.

1. Prueba de ingresos netos al Fondo General. La proyección de ingresos netos al Fondo General, según certificados por el secretario de Hacienda, deberá ser igual o mayor a:

a. $9,250,000,000 para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 2013

b. $9,350,000,000 para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 2014; y

c. $9,450,000,000 para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 2015.

2. Prueba de gastos del Fondo General. La proyección de gastos del Fondo General, según certificados por el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá ser igual o menor al:

a. 99% de la proyección de ingresos netos al Fondo General certificada por el secretario de Hacienda para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 2013; y

b. 98.5% de la proyección de ingresos netos al Fondo General certificada por el secretario de Hacienda para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 2014 y para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 2015.

c. En el año que se logre el cumplimiento con las pruebas fiscales, el diferencial de 1% entre ingresos netos y gastos del Fondo General en el caso del año fiscal que comienza el 1 de julio de 2013 y el 1.5% de diferencial en el caso de los años fiscales que comienzan el 1 de julio de 2014 y el 1 de julio de 2015, será depositado en los fondos de reserva del Gobierno de Puerto Rico e incluido en dichas partidas en el presupuesto del Fondo General.

3. Prueba de crecimiento económico. El crecimiento del producto bruto real de Puerto Rico, según certificado por el presidente de la Junta de Planificación deberá ser igual o mayor a:

a. 1.5% para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 2013;

b. 2% para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 2014; y

c. 2.75% para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 2015

Wall Street wait and see on AGP

America’s $3.7 trillion municipal bond market is keeping a wary on Puerto Rico’s fiscal course after this week’s election ushered in a new governor and ousted an incumbent who had earned credit on Wall Street for tough decisions.

The Popular Democratic Party’s Alejandro García Padilla (AGP) edged out New Progressive Party Gov. Luis Fortuño by a 47.8 percent to 47 percent margin in a vote that also saw the PDP capture control of the island House and Senate.

Fortuño, a statehood advocate and national Republican, had earned a reputation on the bond market as a pro-business reformer who took tough decisions, such as paring as many as 30,000 public workers, to address Puerto Rico’s chronic fiscal woes.

García Padilla, a freshman PDP senator and national Democrat, remains a largely unknown entity on Wall Street, where analysts are looking for signs on how he will steer the island economy and try to shore up its public finances.

One avenue of concern is whether García Padilla will stick with the Fortuño administration’s strategy of using public-private partnerships (P3) as an avenue to carry out highway and airport upgrades that the cash-strapped government cannot afford.

The P3 program for major tollroads and the Caribbean’s busiest airport earned high marks from analysts and U.S. institutional investors, who hold much of Puerto Rico’s $52 billion of high-yielding, tax-supported debt, and been touted as a model.

García Padilla has been critical of the huge airport deal, but hasn’t signaled that he will scrap the plan, which remains under final review by the Federal Aviation Administration and could be cleared before he takes office in January.

“We know little about the intended financial policies of the incoming governor, and this uncertainty is a credit negative for bonds,” debt analyst and Janney Capital Managing Director Alan Schankel said in a Reuters report.

The Wall Street Journal and other media outlets have been reporting about investor anxiety leading up to the election, pointing to the fact that Puerto Rico’s triple tax-exempt debt has been outside a recent price rally in U.S. municipal bonds.

“A return to borrow-and-spend philosophies would jeopardize Puerto Rico’s bond ratings and threaten market access,” Richard Larkin, senior vice president at Herbert J Sims & Co, said in a commentary.

García Padilla reiterated in a post-election interview that he would maintain his platform of job creation. He has pledged to create 50,000 new jobs during his first 18 months in office.

“We will take care of the debt through a reduction in spending and an increase in wealth,” García Padilla said. “Resources will go to create jobs, and that’s how the economy will grow.”

The governor-elect also plans tax breaks and incentives such as wage subsidies to encourage hiring by small businesses and entrepreneurs.

“You will be seeing a new budget and priorities. We will have to see what he does,” MacKay Shields Senior Managing Director John Loffredo said in a Reuters report.

Meanwhile, pressing issues including Puerto Rico’s public pension crises are keeping bond investors and analysts on edge amid signs that Fortuño’s efforts have helped Puerto Rico’s economy and finances turn the corner after a six-year recession.

“The market’s indicating that time is running out for Puerto Rico to remedy itself,” said Dan Heckman, senior vice president at U.S. Bank Wealth Management. “Puerto Rico has huge fiscal challenges. Frankly, it doesn’t matter who's elected; they will be faced with those challenges. They need to just not walk in the right direction. They need to start running in the right direction.”

Doral reports $32.5M loss for 3Q

Doral Financials’ red ink grew deeper in the third quarter as it posted a net loss of $32.5 million.

That was wider than the $1.6 million loss posted in the second quarter and narrowly bigger than the $30.2 million it lost in the third quarter of 2011.

For the nine months through September, Doral has posted total losses of $31.6 million compared to a net loss of $22.4 million for the same period of 2011.

“Our results reflect the high credit costs as we continue to work with thousands of homeowners during this difficult economic time,” Doral CEO and President Glen Wakeman said. “Despite this, we have increased revenue, strengthened our mortgage and retail franchise in Puerto Rico, continued to successfully grow our U.S. operations, and preserved our high levels of capital.”

Doral hiked its provision for loan and lease losses for the third quarter to $34.4 million, an increase of $29.2 million over the second quarter 2012 provision, and a decrease of $7.3 million from the provision recorded in the third quarter of 2011.

The $34.4 million provision for loan and lease losses in the third quarter of 2012 resulted mainly from the residential mortgage portfolios ($28.8 million), and resulted from higher re-defaults of previously modified loans and new valuations of defaulted loans, all related to Puerto Rico loan exposures.

Doral’s shares (DRL) were trading down slightly at just under 73 cents on the New York Stock Exchange early Friday afternoon. The stock has ranged from 56 cents to $2 over than past 52 weeks.

Doral, the holding company of Doral Bank, with operations in Puerto Rico and the U.S. mainland has entered two consent orders with federal regulators in recent months.

Last month, Doral and the Federal Reserve Bank of New York entered into a new agreement to address “deficiencies” at the San Juan-based company relating to credit risk management and credit administration practices.

The written agreement replaces a 2006 cease-and-desist order tied to certain mortgage-related activities.

In August, Doral signed a consent order with the Federal Deposit Insurance Corp. and local regulators requiring it to maintain various capital levels and to undertake an assessment of its board and management among a range of other stipulations.

Advertencia de degradación de S&P para Puerto Rico por la elección de Garcia Padilla

La agencia evaluadora de crédito, Standard & Poor's, (SP) dijo hoy que la elección de Alejandro García Padilla como nuevo gobernador de Puerto Rico, no tendrá impacto inmediato en las clasificaciones de los bonos de Puerto Rico.

Sin embargo, advirtió que Puerto Rico se expone a la degradación del crédito del gobierno central este mismo año o temprano en el 2013.

“En el caso de Puerto Rico, analizaremos las alternativas de política fiscal y económica en los próximos meses, tanto de la presente administración como del gobernador electo, así como de la nueva legislatura”, sostuvo el analista Horacio Aldrete Sánchez.

Según el reporte divulgado hace unos minutos, la clasificación de Puerto Rico descansa en que los oficiales de gobierno “continuarán comprometidos no solo en mantener la disciplina fiscal, pero también en la adopción de medidas fiscales rápidas y comprensivas, particularmente en lo que se relaciona al déficit actuarial de $24,000 millones en los planes de pensiones”.

La firma sostuvo que en la posibilidad de una degradación es de una en tres.

Según Standard & Poor's, la plataforma del gobernador electo, así como declaraciones públicas en relación a la situación del plan de pensiones, puede resultar en “una inacción prolongada” para reformar el sistema de pensiones o en la aprobación de un paquete de reformas a las pensiones que solo provea “un remedio temporal” la crítica posición del sistema.

De acuerdo con el reporte, cualquiera de los dos posibles escenarios -o sea, una acción retrasada o insuficiente- en la reforma del plan de pensiones puede resultar en una degradación del crédito de la Isla en los próximos meses y tiene el potencial de un deterioro adicional en el transcurso de un año. “Ello si la economía continúa demostrando un lento ritmo de crecimiento o si la liquidez y el acceso de Puerto Rico a los mercados de capital se ve comprometido”.

Al presente, la clasificación de Puerto Rico, por parte de SP para la deuda del gobiern central (GOs) es BBB. Aquella deuda vinculada a asignaciones legislativas es de BBB-, clasificaciones consideradas como los últimos escalafones en grado de inversión.