En lo que parece ser el principio de una larga batalla judicial, los abogados de varios exdirectores y oficiales de R-G Premier Bank indicaron a El Nuevo Día que las imputaciones hechas por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) contra sus representados son infundadas y responderán a los alegatos del regulador federal.
“Estamos decepcionados de que la FDIC haya radicado estos reclamos infundados contra nuestros clientes”, indicó la abogada Mary C. Hill.
La abogada representa al fundador de la fallida institución, Víctor Galán Álvarez y al hijo de éste, Víctor L. Galán Fundora. Galán Álvarez fundó, dirigió y presidió la junta de directores de la institución bancaria, mientras que Galán Fundora se desempeñó como director de la institución, al igual que como el ejecutivo de mayor rango en la subsidiaria hipotecaria R-G Mortgage.
Según Hill, quien es parte del bufete Alston & Bird con sede en el estado de Georgia, ambos ejecutivos han cooperado con la investigación que llevó a cabo la FDIC y “siente orgullo” de la institución que sirvió a la comunidad de Puerto Rico por casi 30 años.
“Desafortunadamente, como tantos otros bancos, R-G Premier no pudo resistir la crisis financiera, cuya profundidad y severidad no había tenido precedente en nuestras vidas”, sostuvo Hill. “Esperamos responder esta demanda y vindicar el honor y la reputación de los Galán”.
En tanto, Breon S. Peace, del bufete Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, con sede en Nueva York, coincidió al indicar que los alegatos de la FDIC contra sus representados son “infundados”.
“Mis clientes desempeñaron sus deberes honorablemente y con cuidado”, indicó Peace. “Ellos no actuaron negligentemente; tampoco incumplieron con ninguno de sus deberes de fiducia hacia la institución”.
Peace representa al exprincipal oficial ejecutivo de la institución financiera al momento de su cierre, Rolando Rodríguez Mancebo; al expresidente de los directores, Juan Agosto-Alicea y a los directores Laureano Carus, Ileana M. Colón Carlo, Benigno R. Fernández Rosario, Melba Figueroa Padilla, Roberto Gorbea Frontera; Eduardo McCormack; Iván Méndez, Rafael Nin Torregrosa, Gilberto Rivera Arreaga y Enrique Umpierre Suárez.
“Mis clientes tienen defensas fuertes a los reclamos (de la FDIC) y los defenderemos vigorosamente contra estos”, agregó Peace.
Habla el Comisionado
En tanto, aunque hizo hincapié en que no emitiría juicio alguno acerca del litigio, el comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), Rafael Blanco, manifestó que la demanda de la FDIC contra 19 exdirectores y oficiales de R-G Premier debe verse como “un mensaje claro” acerca del rol que tienen las juntas de directores de velar por las instituciones que dirigen.
Según Blanco, por los pasados tres años, la FDIC ha hecho reclamos similares a los contenidos en la demanda de R-G Premier en todo Estados Unidos. Y tales litigios están dirigidos a recuperar pérdidas, para evitar el desembolso del dinero de contribuyentes en otros eventos, pero también reafirman la seriedad que supone un alto puesto ejecutivo o directivo en una institución financiera.
“Muchos de estos pleitos civiles terminan en transacciones, pero se envía el mensaje a la banca que queda de que las juntas de directores tienen unas responsabilidades y se va a velar porque se cumplan”, indicó.
las juntas de directores
“Las juntas de directores tienen unas responsabilidades. No es estar (en la institución) un rato y aprobar todo lo que le pongan en la mesa”, sostuvo el nuevo regulador del sistema financiero de la Isla.
“Las altas direcciones de los bancos tienen que tener una segregación de funciones que permitan la independencia de criterio y la autoridad no puede estar concentrada en una sola persona. Creo que ese es el mensaje, que claramente, está enviando (la FDIC), en todo Estados Unidos y aquí”, continuó diciendo Blanco.
El regulador bancario estatal subrayó que los reclamos del regulador federal suelen ser resultado de procesos de investigación o análisis forense, pero esas alegaciones tendrán que ser probadas en los foros pertinentes, donde las personas demandadas también tendrán su oportunidad para hacer sus planteamientos.
Esta semana, El Nuevo Día divulgó la demanda de la FDIC, la primera de este tipo que se produce en la Isla en unas dos décadas.
En dicho litigio, la FDIC alega que los directores y oficiales de R-G Premier incurrieron en negligencia crasa -al aprobar préstamos riesgosos y no supervisar adecuadamente a la institución- provocando el colapso del banco en abril de 2010.
El intento de reclamo se extiende a 17 cónyuges, las sociedades gananciales y la aseguradora XL Specialty Insurance. Las pérdidas estimadas por la FDIC a causa del colapso de R-G Premier rondan unos $1,496 millones. De esa cifra, la institución pretende recobrar al menos $452 millones. El seguro de directores y oficiales, adquirido por la institución para proteger a sus directivos ascendía a $35 millones.
“Estamos decepcionados de que la FDIC haya radicado estos reclamos infundados contra nuestros clientes”, indicó la abogada Mary C. Hill.
La abogada representa al fundador de la fallida institución, Víctor Galán Álvarez y al hijo de éste, Víctor L. Galán Fundora. Galán Álvarez fundó, dirigió y presidió la junta de directores de la institución bancaria, mientras que Galán Fundora se desempeñó como director de la institución, al igual que como el ejecutivo de mayor rango en la subsidiaria hipotecaria R-G Mortgage.
Según Hill, quien es parte del bufete Alston & Bird con sede en el estado de Georgia, ambos ejecutivos han cooperado con la investigación que llevó a cabo la FDIC y “siente orgullo” de la institución que sirvió a la comunidad de Puerto Rico por casi 30 años.
“Desafortunadamente, como tantos otros bancos, R-G Premier no pudo resistir la crisis financiera, cuya profundidad y severidad no había tenido precedente en nuestras vidas”, sostuvo Hill. “Esperamos responder esta demanda y vindicar el honor y la reputación de los Galán”.
En tanto, Breon S. Peace, del bufete Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, con sede en Nueva York, coincidió al indicar que los alegatos de la FDIC contra sus representados son “infundados”.
“Mis clientes desempeñaron sus deberes honorablemente y con cuidado”, indicó Peace. “Ellos no actuaron negligentemente; tampoco incumplieron con ninguno de sus deberes de fiducia hacia la institución”.
Peace representa al exprincipal oficial ejecutivo de la institución financiera al momento de su cierre, Rolando Rodríguez Mancebo; al expresidente de los directores, Juan Agosto-Alicea y a los directores Laureano Carus, Ileana M. Colón Carlo, Benigno R. Fernández Rosario, Melba Figueroa Padilla, Roberto Gorbea Frontera; Eduardo McCormack; Iván Méndez, Rafael Nin Torregrosa, Gilberto Rivera Arreaga y Enrique Umpierre Suárez.
“Mis clientes tienen defensas fuertes a los reclamos (de la FDIC) y los defenderemos vigorosamente contra estos”, agregó Peace.
Habla el Comisionado
En tanto, aunque hizo hincapié en que no emitiría juicio alguno acerca del litigio, el comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), Rafael Blanco, manifestó que la demanda de la FDIC contra 19 exdirectores y oficiales de R-G Premier debe verse como “un mensaje claro” acerca del rol que tienen las juntas de directores de velar por las instituciones que dirigen.
Según Blanco, por los pasados tres años, la FDIC ha hecho reclamos similares a los contenidos en la demanda de R-G Premier en todo Estados Unidos. Y tales litigios están dirigidos a recuperar pérdidas, para evitar el desembolso del dinero de contribuyentes en otros eventos, pero también reafirman la seriedad que supone un alto puesto ejecutivo o directivo en una institución financiera.
“Muchos de estos pleitos civiles terminan en transacciones, pero se envía el mensaje a la banca que queda de que las juntas de directores tienen unas responsabilidades y se va a velar porque se cumplan”, indicó.
las juntas de directores
“Las juntas de directores tienen unas responsabilidades. No es estar (en la institución) un rato y aprobar todo lo que le pongan en la mesa”, sostuvo el nuevo regulador del sistema financiero de la Isla.
“Las altas direcciones de los bancos tienen que tener una segregación de funciones que permitan la independencia de criterio y la autoridad no puede estar concentrada en una sola persona. Creo que ese es el mensaje, que claramente, está enviando (la FDIC), en todo Estados Unidos y aquí”, continuó diciendo Blanco.
El regulador bancario estatal subrayó que los reclamos del regulador federal suelen ser resultado de procesos de investigación o análisis forense, pero esas alegaciones tendrán que ser probadas en los foros pertinentes, donde las personas demandadas también tendrán su oportunidad para hacer sus planteamientos.
Esta semana, El Nuevo Día divulgó la demanda de la FDIC, la primera de este tipo que se produce en la Isla en unas dos décadas.
En dicho litigio, la FDIC alega que los directores y oficiales de R-G Premier incurrieron en negligencia crasa -al aprobar préstamos riesgosos y no supervisar adecuadamente a la institución- provocando el colapso del banco en abril de 2010.
El intento de reclamo se extiende a 17 cónyuges, las sociedades gananciales y la aseguradora XL Specialty Insurance. Las pérdidas estimadas por la FDIC a causa del colapso de R-G Premier rondan unos $1,496 millones. De esa cifra, la institución pretende recobrar al menos $452 millones. El seguro de directores y oficiales, adquirido por la institución para proteger a sus directivos ascendía a $35 millones.
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