Según el presidente del BGF, Juan Carlos Batlle, la decisión de Moody’s no tendrá ningún impacto para la Isla ni altera el calendario de emisiones de bonos del Gobierno.
De acuerdo con el Centro para la Nueva Economía (CNE), la decisión supone una presión adicional para el Gobierno y, a futuro, la incómoda posibilidad de aumentar impuestos y hasta posponer la segunda etapa de la reforma contributiva.
Según la nueva lectura de Moody’s, la mediana de la deuda de Puerto Rico aumentó 25% entre el 2010 y el 2011. En términos de nueva deuda, al cierre de 2011, el aumento fue de 7.2% en relación con el 2010, se indicó.
El nuevo análisis se produce una semana después de que el Gobierno realizara su conferencia anual de crédito a la que asistieron las dos analistas de Puerto Rico que suscribieron el informe, Emily Raimes y Lisa Heller.
Ahora, Moody’s considera que debe calcularse junto a la deuda directa del Gobierno central, transacciones de la Autoridad de los Puertos (AP) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarilladas(AAA). Además, Moody’s vincula al Gobierno central la deuda de los municipios, la Corporación para el Financiamiento Público y casi la mitad de los préstamos en los libros del BGF.
En el caso de las transacciones entre el BGF y otras agencias de gobierno, el reajuste de Moody’s significa un aumento de 39% entre el 2010 y el 2011.
“Por años, varias administraciones de gobierno han jugado este juego de dejarles saber a los mercados que la deuda de las corporaciones públicas es independiente a la deuda del Gobierno central, pero es claro que si sucediera algo en una corporación pública, el BGF intervendría... Estamos pagando el precio de haber dado esa impresión a los mercados”, señaló Sergio Marxuach, director de Política Pública del CNE.
Desde su creación a finales de la década de 1990, el CNE ha señalado que si bien para fines analíticos, los inversionistas y el propio Estado separan la deuda de la Isla según las fuentes de repago, a fin de cuentas, la relación entre las corporaciones públicas y el Gobierno es tan estrecha que el país debe analizar, para efectos de planificación económica, la deuda en la que ha incurrido como un todo.
Bajo esa óptica, la deuda total de Puerto Rico ronda entre $67,400 millones y $68,400 millones, cifra que rebasa el producto bruto de la Isla.
Según Batlle, la decisión de Moody’s significa que la casa acreditadora actualizó sus cálculos según las divulgaciones ya hechas por el propio Gobierno. Por ello, insistió en que la decisión no afectará la clasificación de las obligaciones generales del Gobierno, al presente, en una clasificación Baa1.
El banquero agregó que, si bien Moody’s ahora contabiliza cierta deuda de la AAA y la AP junto al Gobierno central, la subvención por parte del Estado a ambas corporaciones no se hará a partir del año entrante.
Sostuvo que, una vez se concesione el aeropuerto Luis Muñoz Marín, la presión que supone la deuda de la AP, desaparecería.
En contraste, Marxuach sostuvo que el alza en el monto de la deuda garantizada con los impuestos del Estado supone que ahora ese nivel de endeudamiento es casi siete veces más la totalidad de los recaudos del Fondo General y, a futuro, podría suponer más impuestos para la población.
En el 2011 y sin los ajustes, el endeudamiento de la Isla era “muy alto”. La deuda pagadera con impuestos representaba el 71% del ingreso disponible de cada boricua, lo que según Moody’s es “significativamente más grande” que cualquier estado en Estados Unidos.
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