Janney Capital alerta sobre la deuda boricua

Los inversionistas que tienen deuda de Puerto Rico volvieron a recibir otra señal de alerta, luego de que la firma Janney Capital advirtiera que el rendimiento que reciben de parte de la Isla no es cónsono con el verdadero riesgo de los bonos que emite el gobierno y sus diversas instrumentalidades.

Aun cuando reconoció las reformas implementadas por la administración Luis Fortuño, en su informe con fecha del 27 de julio Janney subrayó que “no existen argumentos razonables que respalden una mejora económica significativa en el corto plazo” en la Isla.

Mientras los niveles de endeudamiento y el déficit de los planes de pensiones que exhibe la Isla son demasiado altos, la ralentización de la economía estadounidense y global afectará adversamente a Puerto Rico y por ende, los recaudos del gobierno, opinó el autor del informe, Alan Schankel.

Si los bonistas perciben mayor riesgo en la deuda que emite el gobierno local exigirán rendimientos más altos. Es decir, habría que dedicar más dinero al pago de intereses y menos para pagar por los servicios e inversiones públicas que necesita la Isla.

Aumenta la presión

Según el economista Juan Lara, reportes como el de Janney, así como las determinaciones recientes de las casas acreditadoras parecen crear un entorno de “presión” en un cuadro fiscal que, aunque mejor, continúa débil. Eso se complica, recordó el economista, por los potenciales recortes en fondos que recibiría la Isla por la situación presupuestaria federal.

En su informe, Schankel destacó que desde la gran recesión, en el 2008, una nota de obligaciones generales a 30 años de Puerto Rico ha pagado entre 125 y 210 puntos básicos (o sea, entre 1.25% y 2.10%) más que una nota similar con la mejor clasificación crediticia, AAA. En una nota a 10 años, el diferencial ronda 208 puntos básicos.

Ese diferencial, según Schankel, se ha mantenido por el apoyo de los fondos mutuos, los que en busca de la triple exención contributiva, han comprado la deuda de Puerto Rico, al punto de que algunos de estos fondos tienen entre 15% y 20% de sus activos en bonos de la Isla. En un fondo en Maryland, esa concentración alcanza 40%, indicó la firma.

“Creemos que en el futuro son más probables las degradaciones que las mejoras (crediticias). En el evento de una degradación bajo el nivel de inversión, una posibilidad de largo plazo, el apoyo de los fondos mutuos podría disminuir e, incluso, evaporarse creando una presión extrema hacia la venta (de los bonos), empujando los precios a la baja”, indica el reporte al recomendar que las carteras de inversión no deben tener más de 10% en notas de la Isla.

Déjà vú

Según Lara, si la “presión” hacia los bonos locales se agudiza, Puerto Rico podría encontrarse, en enero próximo, en una situación de apuro fiscal, aunque no tan severa como la que experimentó en el 2009 con el cambio de gobierno. Ello obligará a la Isla a colocar nuevamente la gestión fiscal como un tema de emergencia a medida que no existen recursos adicionales como los fondos ARRA o la capacidad para emitir deuda adicional bajo Cofina.

Recientemente, Breckinridge Capital, NewOak Capital Investors, MacKay Shields y hasta una unidad de análisis del banco suizo UBS, cuya filial en Puerto Rico (UBS Financial Services) posee un 20% de la deuda de la Isla, han levantado bandera sobre Puerto Rico. En tanto, las casas acreditadoras degradaron o dieron perspectiva negativa a los bonos de Puerto Rico.

En contraste, Janney favorece los bonos Cofina. Bank of America-Merrill Lynch hizo lo propio hacia la gestión de la administración hace unos meses y Citi, Barclays y JP Morgan recomendaron efusivamente la deuda de la Isla en el evento de crédito coordinado por el gobierno.

Problema presupuestario

Mucho se ha hablado de la recesión local, sus causas y consecuencias. La realidad es que son muy pocos los organismos del gobierno puertorriqueño que tienen la filosofía, disciplina y los procesos para medir los resultados de los programas que llevan a cabo. No tienen la capacidad para medir el impacto de cada dólar que invierten como gobierno. Por lo tanto, carecen de información apropiada que les permita manejar los recursos públicos de manera eficiente. El problema es que la información en el presupuesto no se presenta de manera que facilite el análisis y no estimula la rendición de cuentas.

Las limitaciones del presupuesto actual no permiten la gerencia por objetivos o resultados en el gobierno, algo muy común en el sector privado. Por tanto, se diluye la responsabilidad por el logro de las políticas y objetivos institucionales. Al no contemplar aspectos físicos de metas y de recursos reales, se dificulta la confirmación de indicadores de gestión; dificulta la proyección de presupuestos para ejercicios futuros; y no dispone de la información suficiente que le permita observar en qué se utilizan los ingresos que se recaudan por los diversos conceptos.

Objetivo claro

El presupuesto debe ser una herramienta que contribuya al desarrollo económico de Puerto Rico. El planteamiento es que debe ser menos incremental y más estratégico. Los puertorriqueños no podemos continuar asumiendo que las condiciones socioeconómicas serán mejores en el futuro, ni que presupuestando un año a la vez nos permitirá reformular nuestra economía. Es imperioso que se prepare un plan de ejecución anual de las actividades de cada programa incluido en el presupuesto de cada uno de los organismos gubernamentales.

Este plan deberá establecer metas de desempeño objetivas, cuantificables y medibles para determinar el nivel de rendimiento de cada programa; describir los procesos operacionales, habilidades, tecnología, recursos humanos, presupuesto, información o cualquier otro recurso necesario para alcanzar el desempeño propuesto; establecer indicadores de desempeño que se utilizarán para la medición y evaluación de los resultados, así como de los niveles de servicio de cada programa; proveer datos de referencia para comparar el desempeño actual del programa con las metas de desempeño establecidas; y establecer algún tipo de medición para validar y verificar los datos recopilados.

Este plan de ejecución anual deberá también ser cónsono con un plan estratégico para cada organismo. No podrá ser presentado un plan de ejecución para un año fiscal que no esté comprendido en el plan estratégico. De igual manera, se deberá preparar un informe de los resultados del plan de ejecución anual. Muchos pensarán que esto solo es posible en el sector privado.

De acuerdo con una publicación del 1998 del Banco Mundial (Manual de Gestión del Gasto Público), un inadecuado enlace entre política económica, planificación y presupuesto, constituye la principal causa de los fracasos en los resultados presupuestarios en muchos países en desarrollo. El dilema es claro: o tomamos acciones afirmativas ahora o nos quedamos quejándonos ante la falta de recursos.

El autor es Socio Asesor de Gobiernos Locales y Estatales en la firma de asesores finacieros PKF Torres Llompart Sánchez Ruiz

Retiro pagará pensiones con dinero prestado”

Este mes entró en vigor el segundo aumento en la aportación del gobierno a la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), pero al parecer, dicha alza se hará sal y agua, pues el principal plan de pensiones del país ha llegado a su peor posición en al menos seis años.

De acuerdo con la valoración actuarial más reciente, la ASR tiene apenas unos 6.8 centavos por cada dólar que debe pagar en beneficios y pensiones. Esa cantidad es, probablemente, la cifra más baja desde que se creó el plan hace más de cinco décadas, pero de seguro, es menos de la mitad de lo que el sistema tenía en el 2006. Entonces, la ASR tenía unos 17.2 por cada dólar de obligación.

La pésima situación de la ASR aparece documentada en un análisis que efectuó la firma Milliman para el año fiscal 2011 y que se presentó a la ASR el mes pasado.

El cuadro es tan crítico que al presentar el informe, la firma actuarial advirtió que aun cuando el gobierno ha tomado medidas, a partir del año entrante, las pensiones se pagarán “con dinero prestado”.

Según Milliman, incluso, a partir de este año, la ASR está corta de efectivo, pues lo que recibe en aportaciones es menos que lo que paga en beneficios. La deficiencia de efectivo, al 30 de junio pasado, ronda los $839 millones.

“Nótese que en el periodo del año fiscal 2013-2014 al fiscal 2019-2020, se espera pagar las pensiones (de los empleados públicos retirados) con los ingresos de los bonos de obligaciones de pensiones (POB, por sus siglas en inglés), lo que equivale a dinero prestado”, reza el reporte de Milliman.

El año pasado, el gobierno aprobó la ley 116 para aumentar las aportaciones que hacen las agencias y los municipios a la ASR.

La nueva radiografía de la ASR cobra más pertinencia ahora que Standard & Poor’s cambió a negativa la perspectiva para los POB y advirtió una posible degradación en el transcurso de un año.

“Una vez los activos brutos se agoten no habrá activos (o sea, dinero) en la ASR para pagar los beneficios a los participantes, para refinanciar los balances de los participantes y tampoco para pagar el servicio a la deuda a los bonistas”, sostuvo Milliman al agregar que tendrán que aumentarse “muy significativamente” las aportaciones del patrono y del empleado para evitar el colapso.

Sigue débil la fuerza laboral en Puerto Rico

La fuerza laboral puertorriqueña sigue debilitándose a pesar de la leve mejoría que mostraron las estadísticas oficiales del pasado junio, que describen a la misma vez un decreciente grupo trabajador y un acelerado aumento en los que están fuera del mismo.

En el pasado junio había en la Isla 1.091 millones de personas empleadas, según los datos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH). El total de desempleados era de 176,000 y la tasa de desempleo fue de 13.9%.

La cifra de empleados representa un alza de 7,000 sobre el mismo mes de 2011, los desempleados son 18,000 menos y la tasa de desempleo se redujo en 1.3 puntos porcentuales.

Esos mismos datos reflejan, sin embargo, una tasa de participación en el grupo trabajador de apenas 39.6%, para una baja de 0.9 puntos porcentuales cuando se compara con junio 2011 (40.5%). Esto quiere decir que ya más del 60% de los residentes de la Isla con 16 años o más están fuera de la fuerza trabajadora.

Esta es la tasa de participación más baja registrada por el DTRH desde el año 1980, el más antiguo para el que ofrecen estadísticas, a pesar de que, según los datos de la agencia, en esos mismos 12 meses la población de 16 años o más aumentó en Puerto Rico en 55,000 personas.

El informe que preparó la agencia para el mencionado mes destaca el hecho del aumento en el número de personas que no están activas en la fuerza de trabajo: “El estimado de personas fuera del grupo trabajador no ajustado estacionalmente en junio de 2012, totalizó 1,937,000. Esta cantidad representa un aumento de 5,000 personas al comparar con mayo de 2012 y un aumento de 62,000 personas al comparar con junio de 2011”, dice.

El grupo trabajador, que se define como el número de personas empleadas o que activamente buscan empleo, se redujo en estos mismos 12 meses en 11,000 personas.

El examen de los que están fuera del mercado laboral indica que cerca de una tercera parte de ellos, 624,000 están en lo que la agencia clasifica como “oficios domésticos”, un alza de 24,000 desde junio de 2011. Otros 299,000 informaron estar “incapacitados”, cifra que refleja también un aumento sobre el año pasado, en este caso de 42,000.

Otros grupos importantes son los que están en la escuela, que se redujo en 5,000 para totalizar 355,000, y los “retirados”, que sumaron 354,000, un alza de 3,000 durante el periodo.

Menos a tiempo completo

Los datos oficiales para junio pasado reflejan también la baja proporción de puertorriqueños mayores de 16 años de edad que trabaja.

Dicha proporción se estimó en apenas un 34.1%, lo que representa que poco más de una tercera parte de los puertorriqueños mayores están empleados o trabajando. El dato refleja también una reducción respecto a junio de 2011.

De los 1,091,000 trabajadores que tenían empleo, 1,014,000 laboraban en junio. De estos, un 23% trabajó menos de 35 horas por semana y solo el 60 por ciento (607,000) trabajó 40 horas. La situación de empleo difiere por área geográfica y es el área de San Juan la de mejor condición con una tasa de desempleo de 9.8% y una tasa de participación de 44.2%. La peor situación la presenta el área este, que comprende 10 municipios de esa región. La misma refleja una tasa de desempleo de 33.9%, a pesar de que tiene una tasa de participación de solo 37.6%.