Si bien el gobernador Alejandro García Padilla insistió en que los arbitrios no afectarán a la clase trabajadora, la propuesta para cuadrar el presupuesto con nuevos tributos provocó una avalancha de reacciones negativas de los sectores profesionales preocupados porque a la larga pasarán el impacto al ciudadano o porque se advierte un “efecto inflacionario devastador”.
El Gobierno sometió, junto al proyecto de presupuesto, medidas impositivas que captarían sobre $1,490 millones, a lo que se añade un aumento de hasta un 100 por ciento en las tarifas del agua, otro de 30 por ciento en la factura de la luz debido al costo del petróleo y proyectos adicionales legislativos que totalizan sobre 40 medidas de aumento. A eso se añade la congelación de la reforma contributiva.
Ninguno de los economistas consultados ha podido aquilatar el impacto del conjunto de todas las acciones que propone el Gobierno para allegar ingresos.
No obstante, el Colegio de Contadores Publicos Autorizados, a través de su presidente, Kenneth Rivera Robles, advirtió que extender el IVU a las transacciones entre negocios aumentará sus costos operacionales. Y peor todavía, puede desatar “un efecto inflacionario devastador”.
“La eliminación de la exención para los servicios designados y los servicios de negocio a negocio puede causar un aumento principalmente en los costos operacionales, ya que la mayoría de las exenciones no tienen impacto directo en los consumidores. Si la imposición ocurre temprano en la cadena de las transacciones, dicho impuesto puede tener un efecto inflacionario devastador”, indicó el CPA.
Además, “si se impone contribución a los insumos, esto va a tener el efecto de encarecer los bienes y servicios que son vendidos en la Isla. La imposición del IVU está predicada en que se imponga solo al consumidor final de los bienes o servicios y no a los consumidores intermedios en la cadena. Tal imposición a los niveles intermedios tendría un efecto cascada al aumentar los costos operacionales y/o los costos directos de los negocios de Puerto Rico. El Colegio se opone a cualquier iniciativa que grave los insumos en las líneas de producción por entender que podrían tener un efecto inflacionario en los bienes y servicios generados a nivel local”, se dijo en comunicado de prensa.
El Colegio de CPA exhortó al Gobierno a “lograr una mayor captación y una reducción en la evasión de los recaudos del IVU”. Mientras, García Padilla insiste en que no hay impuestos contra la gente. “No hay un solo arbitrio que afecte directamente al consumidor”, dijo el Ejecutivo en un mensaje en Guayama durante la celebración del 40 aniversario del DACO. Según el Gobernador, solo se impactará a los que generan sobre $200 mil de ingresos propios y a los que compren casas de más de $1 millón.
No obstante, el economista Elías Gutiérrez cree que esta serie de arbitrios y modificaciones a las contribuciones existentes será contraproducente.
“Esta estrategia política de intentar hacerle creer a la población que quienes van a pagar son las corporaciones, los negocios y los que tienen propiedades es falso; quien va a pagar esto somos todos nosotros y es la peor estructura que se pudo haber propuesto… porque hemos hecho un infierno el producir en Puerto Rico”, sentenció Gutiérrez en una emisora radial (WKAQ 580). Gutiérrez destacó que “se está castigando a los que producen y a los que generan ingresos”.
“Esto que se está proponiendo es una barbaridad. Hemos complicado de una manera extraordinaria la tarea de generar producción en el País, hemos producido oportunidades adicionales para generar corrupción y evasión”, agregó.
En tanto, el economista Carlos Colón De Armas dijo a EL VOCERO que el Ejecutivo debió presentar un presupuesto menor “para que la poca capacidad de impuestos nuevos pueda usarla para inversión”.
“Tiene que reducir gastos y aquí se está hablando de aumentos (al salario de los funcionarios públicos). El gasto no tiene gran impacto económico, lo que necesita el Gobierno es hacer inversión para mover la economía”, sentenció el también profesor universitario.
Por su parte, el economista Jaime Benson entiende que el Gobierno tiene ante sí un gran reto, por lo que deben asumir de forma seria la insuficiencia fiscal controlando los gastos y no imponiendo más impuestos que solo profundizan la contracción económica.
“Ahora la prioridad está en evitar la degradación del crédito del País. La realidad es que no hay mucho espacio para maniobrar. Ya la Isla agotó su capacidad de incurrir en deuda, por lo que tienen que mantener la reducción en gastos”, afirmó el profesor de Economía.
Para otros, los impuestos –aunque sean de manera provisional– son precisamente el remedio inmediato, siempre acompañado del control de gastos. El economista Juan Lara recalcó que la recesión se ha prolongado por cerca de ocho años, denotando un estancamiento económico. Y es urgente tomar medidas para cerrar el déficit estructural del Gobierno, de lo contrario no se podrán desarrollar políticas para estimular el crecimiento económico.
Para el doctor José J. Villamil es evidente que la Isla hace años perdió su capacidad de generar crecimiento. Ante esa pérdida de capacidad y la imposibilidad de emitir deuda, “el Gobierno no tiene otra opción que imponer contribuciones, las cuales prefiero sean en el consumo y no reduciendo el gasto público, ya que esto se traduciría en despidos de empleados gubernamentales”, explicó Villamil.
Otro de los sectores que será nuevamente gravado es el de los seguros, industria que ha visto mermado su crecimiento. El empresario de seguros Adolfo Krans indicó que “el impuesto a las pólizas de seguro lo vamos a pagar los ciudadanos y no las aseguradoras”.
“O se aumenta la prima o se reducen beneficios a las pólizas en proporción al aumento; se transfiere totalmente a los asegurados”, advirtió en entrevista radial (WKAQ).
Mientras, la Asociación de Abogados levantó bandera ante la intención de extenderle también el IVU a ese servicio profesional.
Héctor Ramos, presidente de la asociación que agrupa a los abogados, alertó que establecer un impuesto a los servicios profesionales “pudiera limitar el acceso a los tribunales a personas de escasos recursos” y “subirá los costos de estos servicios al convertir a los abogados y otros profesionales en agentes cobradores del Departamento de Hacienda
