Detrimental el IVU para la vivienda nueva

El presidente de la Asociación de Constructores de Hogares (ACH), Alejandro Brito, sostuvo que la imposición del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), en las transacciones entre empresas tendrá efectos graves sobre el precio de la vivienda formal.

Brito hizo su afirmación durante el conversatorio Alianza del Gobierno e Industria para la Construcción de Viviendas, celebrado en el hotel La Concha.

Al comentar sobre el impacto que tiene el Proyecto de la Cámara 3070, que elimina exenciones en el cobro de IVU a gran parte de los servicios profesionales contratados en la construcción y venta de unidades de vivienda, Rafael Rojo, desarrollador y expresidente de ACH, manifestó que el cobro de IVU, en casos de business to business, “tendría un efecto cascada violento en los costos” de las viviendas.

Mientras, el economista Joaquín Villamil sostuvo que el efecto de dicho impuesto en transacciones entre empresas podría implicar un aumento entre 4% y 6% en el costo de las unidades de vivienda.

Bajan las ventas

La consternación del sector se manifiesta en momentos en que la venta de vivienda va en declive.

Brito sostuvo que la venta de casas ha decaído en 2013. Dijo que en abril se vendieron 126 unidades; en marzo del corriente se vendieron 118 unidades de viviendas; en febrero, 146 unidades, y en enero, 161. Según datos estadísticos, en 2012 se vendieron 2,327 unidades de vivienda nuevas. “Las ventas de marzo (de 2013) eran lo que se veía en ventas en una semana hace varios años”, dijo Brito.

Por su parte, el alcalde Héctor O’Neill menciono ante la ACH una serie de medidas en su municipio para incentivar el desarrollo de viviendas privadas e incrementar los proyectos de construcción en la jurisdicción de Guaynabo, entre las que figura el megaproyecto Waterfront, desarrollándose en la costa del sector Amelia, el cual conlleva una inversión de $160 millones y una inyección de $15.1 millones en la infraestructura del sector.

Durante la actividad, O’Neill anunció que, luego de varios litigios en las cortes, finalmente se podrá construir el proyecto Palmares de Guaynabo, que este fin de semana se opcionó en su totalidad y tiene una lista de espera de 1,300 personas. En fase de construcción, creará unos 300 empleos.

El proyecto, en el barrio Hato Nuevo y Mamey, consta de 400 unidades, con precios que comienzan en $235,000.

Por otra parte, en cuanto a viviendas de interés social, Brito alertó sobre que la mayoría de las solicitudes ante la Administración de Vivienda Pública son de casas con una sola habitación.

“Mas familias de madres o padres solteros, personas de mayor edad que se casan y no tienen hijos, o jóvenes que viven con sus padres y quieren tener su primer hogar”, abundó Vanessa de Mari, de la junta de directores de la ACH, sobre quienes interesan este tipo de vivienda.

En negativo la clasificación de los bonos de la UPR

La casa acreditadora Moody's Investors informó ayer, lunes, que degradó la proyección a largo plazo de los bonos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) a una perspectiva “negativa”.

En un comunicado emitido por la casa acreditadora en Nueva York, se informó sobre la designación de Ba1 a los bonos comprometidos con los ingresos de la institución educativa y a Ba2 los de la Serie A 2000, el cual es sufragado por la universidad a través de un programa de arrendamiento a largo plazo.

“La calificación de Ba1 para la UPR refleja la alta dependencia que se tiene al (Fondo General del) Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, se detalló, al hacer referencia a que un estimado del 71 % de los ingresos operativos del año fiscal 2012 de la Universidad, provinieron del gobierno.

El informe de Moody's destaca que esa dependencia en el dinero del Fondo General, afecta los bonos de la UPR, dado a que el gobierno ha tenido una mala clasificación de los bonistas.

La agencia acreditadora también señaló las pocas fuentes de ingresos de la UPR y su dependencia al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), que tiene que socorrer sus problemas de liquidez con una línea de crédito, como un problema para mejorar sus clasificación de los bonos.

Se destaca, además, que influenció en la clasificación negativa de los bonos el hecho de que el Hospital de la UPR de Carolina tiene un historial de déficit operacional, que los estudiantes se resisten a que les aumenten sus aportaciones a través de la matrícula y la cuota, que la cantidad de matriculados ha disminuido considerablemente, así como la suspensión de los fondos provistos por la National Science Foundation a los dos centros de investigación de la Universidad.

Ante esta degradación, el representante estadista Urayoán Hernández indicó en comunicado de prensa que "esto es un golpe más que esta administración de Alejandro García Padilla acaba de dar a nuestro pueblo. Hoy vemos que solo han sido promesas y promesas; pero nada de sustancias. Todo lo que se prometió por el gobernador, incluyendo salvaguardar el crédito de la UPR, ha resultado ser un espejismo”.

“Insostenible” el problema de Retiro. Aquí bienen los impuestos !!

En lo que parece ser presagio de sendos recortes en beneficios y aumentos para toda la población, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) publicó un análisis en que el señala que, a partir de este año, el Gobierno tendrá que sacar unos siete centavos de cada dólar que los contribuyentes envían al Departamento de Hacienda para pagar las pensiones de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) y el Sistema de Retiro para Maestros (SRM). Y la aportación irá en aumento.

Esa dinámica aparece descrita como “insostenible” en el reporte “Los números hablan por sí solos”, en el cual el BGF plantea que habrá que “reevaluar” el pacto social y determinar “qué es un retiro justo” en aras de evitar la degradación crediticia y el colapso del Fondo General.

En cinco años, según el BGF, el Gobierno tendrá que destinar 18 centavos de cada dólar en impuestos, y en los años 2023 y 2030, se sacarán 33 centavos y 41 centavos, respectivamente, para pagar pensiones.

Según el reporte, a partir de este año, se sacarán unos $612 millones para pagar pensiones, que en otras circunstancias hubieran sido destinados a pagar por servicios de educación, salud o seguridad. En el 2030, esa aportación ascendería a $2,150 millones al año o prácticamente el 25% de los ingresos que reciba el Fondo General.

Un problema de todos

“El gobierno no tiene los recursos para continuar aportando cada vez más a los sistemas. Más aún, no les estamos hablando con la verdad a los pensionados y empleados públicos si les decimos que el Fondo General tiene la capacidad para hacerlo”, reza el reporte, en el que advierte que una degradación podría suponer no pagar  salarios de los empleados públicos o facturas a los suplidores.

“La crisis de los sistemas de Retiro ya no es el problema exclusivo del empleado público que espera poder disfrutar de un retiro; es un riesgo sistémico que amenaza a la sociedad puertorriqueña y al diario vivir de cada ciudadano de este país”, reza el reporte.

El análisis destaca que Puerto Rico no es la única jurisdicción con problemas, pero señala que su problema de insolvencia actuarial es el más grave de todo Estados Unidos y que se requieren cambios “drásticos”.

El reporte publicado por el BGF parece avalar el trabajo investigativo del Centro para la Nueva Economía en torno al tema, así como los múltiples reportes de El Nuevo Día que revelaron que la ASR no tendrá activos netos para cubrir a partir del año 2013-14.

El reporte parece criticar el efecto limitado de las emisiones de bonos de pensiones (POB, por sus siglas en inglés), que son epicentro de una senda disputa por daños y conflictos de interés contra el Gobierno, pero también deja entrever que las aportaciones que los empleados y maestros hacen a tales sistemas no ha variado en años y ni siquiera a futuro aún cuando el patrono aumentaría las aportaciones hasta el 20% y 21%, respectivamente.

Según el BGF, salir de la crisis requerirá “cambios sustanciales” a ambos sistemas, pero al mismo tiempo, el agente fiscal advirtió que no existe una “sola solución al problema”.

Los líderes de la banca local advierten que una degradación del crédito de la Isla podría ser devastador para la población

El sector bancario de la Isla se anotó otra victoria en el partido hacia la rentabilidad al asegurar $244 millones en ingresos netos durante el 2012.

La cifra, provista por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y atribuible únicamente al negocio bancario comercial de la Isla, se aproxima a los $298 millones registrados en el 2011 y supone un cambio de curso en relación a las pérdidas netas de $642 millones y $872 millones registradas en los años 2010 y 2009, respectivamente. Entonces, la necesidad de tirar a pérdidas muchos de los créditos –que se otorgaron por exceso durante la pasada década– eran la norma.

A nivel de matrices bancarias y como un todo, los números también son halagadores. Parte del beneficio llegó a los tenedores de acciones locales por la vía de la apreciación de los títulos. En conjunto, el Índice de Acciones de Puerto Rico (PRSI), que también incluye la aseguradora Triple-S Management Corp., aprecia alrededor de 8% en lo que va de año, según el servicio de noticias Bloomberg.

Riesgo nunca antes visto

Pero ahora, después de tanto trabajo para capear la peor tormenta crediticia en 40 años (en parte provocada por el mismo sector y a su vez, por la caída económica), los avances para salir de la crisis financiera parecen desvancerse ante una potencial degradación del crédito de la Isla y el comprobado debilitamiento de la economía local.

Al hablar del futuro, los líderes bancarios mencionan sus movidas estratégicas para ganar cuota de mercado, asegurar mejor gestión e incluso, para comprar o vender activos.

Pero también, y sin ambajes, reconocieron a Negocios que la situación crediticia de la Isla es el principal riesgo que encara el sector.

El tema es tan serio y urgente que el asunto de acabar de sacar de los libros varios millardos en activos fallidos, todavía dentro del sistema, parece pasar a segundo plano.

La coyuntura es tan crítica que el grupo de altos ejecutivos ha encontrado espacio es sus convulsas agendas para –en una movida poco vista– tocar a la puerta de varios legisladores en el Capitolio, La Fortaleza y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), entre otras agencias.

Según los banqueros, evitar la degradación requerirá el esfuerzo de todos y de medidas “en extremo difíciles” para las empresas y la ciudadanía.

Se mostraron optimistas en que la administración de gobierno cuenta con competencia y poder de convocatoria para prevenir la degradación.

Pero también dijeron, que de no articularse un plan correctivo creíble, el Gobierno y el sector bancario de la Isla podrían zozobrar y con ellos, la menguada libertad financiera que tiene la gente, los empresarios, cooperativas, iglesias, y hasta el llamado tercer sector.

No hubo mejora fiscal

“Hay que evitar la degradación del crédito a toda costa”, dijo el principal oficial ejecutivo de Popular Inc., Richard L. Carrión, al aseverar que quienes evalúan a Puerto Rico están más exigentes que antes.

“Las agencias clasificadoras ya nos rebajaron y eso fue un aviso. No podemos permitir que venga otro golpe”, dijo Carrión en referencia a la degradación por parte de Moody’s Inverstors Service en diciembre pasado.

Entonces, Moody's colocó la deuda del Gobierno central al borde del grado especulativo, pero catalogó basura parte de la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Universidad de Puerto Rico y otras seis corporaciones estatales.

Se espera que Standard & Poor’s se exprese acerca del crédito de la Isla en cualquier momento.

Cuestionado por el deterioro del déficit estructural, en unos $2,212 millones, según revelado por El Nuevo Día, Carrión sostuvo que en realidad, Puerto Rico nunca ha salido del atolladero.

“No es que hemos regresado al primer punto. Es que nunca nos hemos ido de ahí. Hemos estado ahí hace mucho tiempo”, manifestó.

El principio de todo

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR), Aurelio Alemán, un escenario de chatarra para Puerto Rico no equivale a perder un eslabón en la actividad económica. Equivale a perder “el punto de partida de la actividad económica de una sociedad desarrollada”.

“En ningún país, se ha desarrollado una clase media sin crédito”, sentenció el principal oficial ejecutivo de First Bancorp. “La clasificación de Puerto Rico es como el crédito de la persona. Una vez baja la empírica no hay quien te preste”.

“El perfil crediticio del país es donde inicia la cadena económica. Si no hay esa capacidad de acceder a capital y financiamiento, va a haber una seria limitación de lo que Puerto Rico puede hacer para dar servicios a la gente y en su desarrollo económico”, acotó.

“Asteroide” que no debe llegar

Puerto Rico debe unos $69,275 millones, en la forma de bonos o notas de corto plazo, así como en ciertos préstamos, según datos provistos por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Aproximadamente, 30 centavos de cada dólar está en manos de boricuas. La diferencia está, particularmente, en planes de pensiones, fondos dotales, aseguradoras e inversionistas individuales en Estados Unidos.

En el caso de Puerto Rico, una degradación podría provocar la insolvencia de los bancos. Según datos de la OCIF, las instituciones depositarias de la Isla tenían en sus libros unos $600 millones en bonos de Puerto Rico. Esa cifra no incluye los bonos que puedan tener matrices bancarias y tampoco las aseguradoras de la Isla, las universidades y las cooperativas.

Y tampoco los $11,360 millones en inversiones de Puerto Rico que, según la OCIF, gestionan los llamados fondos mutuos locales.

En este segmento del sector financiero, en algunos casos filiales de bancos comerciales, es donde miles de personas –muchos ya en la etapa del retiro– han puesto el dinero de sus planes de retiro, alguna herencia o la ganancia de algún negocio.

Una degradación a chatarra o grado especulativo tiraría por la borda el valor de todas esas inversiones.

Y en el caso de los bancos, según el vicepresidente ejecutivo de la ABPR, podría implicar hasta la insolvencia de alguna institución bancaria porque el regulador obligaría a las instituciones a reservar capital ante la posibilidad de no recobrar ese dinero.

El presidente del BGF, Javier D. Ferrer, lo explicó mucho mejor hace unos dos días a la prensa.

“La degradación resultaría en una cadena de eventos con impacto severo en Puerto Rico... Sería muy difícil financiar la obra pública. Habría una devaluación en las cuentas de ahorro e inversiones de la gente. El precio de las residencias bajaría. Habría un pérdida sustancial en empleos”, dijo Ferrer.

“Este concepto de que nos vamos a chatarra y la deuda se esfuma, no es cierto. La Constitución indica que lo primero que hay que pagar, asumiendo que no hay recursos, sería el principal e intereses de la deuda y tendríamos que proveer colateral adicional en derivados”, agregó el líder del BGF.

Jesús F. Méndez, antes del lado gubernamental y ahora responsable de Doral Bank en Puerto Rico también ofreció una buena lectura a Negocios.

“La capacidad del Gobierno de refinanciar su deuda (en un escenario de chatarra) impondrá al principal patrono Puerto Rico unas limitaciones extraordinarias. Del Gobierno se sostienen cientos de miles de empleos y esas personas son las que pagan hipoteca, las que tienen ahorros o depósitos que tendrían que sacar”, dijo Méndez.

Y todo ello, en una economía que, según datos de la Junta de Planificación y estimados de economistas se ha achicado al menos 14% desde el 2006 y que se prevé cerrará en negativo en este año. En un país donde solo cuatro de cada diez personas hábiles para trabajar aparenta estar en la economía formal; donde el Gobierno ha financiado sus gastos operacionales por 14 años, y donde su déficit en pensiones –la principal amenaza para la degradación– equivale casi a la mitad del producto bruto de Puerto Rico.

Poco margen de acción

¿Podría la banca auxiliar al Gobierno en esta ocasión? Preguntó Negocios.

“El sector bancario siempre ha estado disponible para ayudar a Puerto Rico, pero la clave es el ámbito regulatorio. Una cosa es que la banca esté dispuesta a prestar y otra es que el cliente no demuestre capacidad de pago para hacer la transacción financieramente viable”, dijo por su parte José Rafael Fernández, principal oficial ejecutivo de Oriental Financial Group.

“El regulador no va a permitirnos prestar en términos que no sean razonables”, agregó Fernández, cuya respuesta fue casi idéntica a la que dieron sus homólogos.

¿Y qué tal si se reestructura la deuda y se pide a los bancos tomar una parte de la pérdida?

“Eso es un default. En Grecia lo disfrazaron... Hacer un descuento de la deuda es aceptar que el país no tome las decisiones que tiene que tomar. Y si lo haces (si reestructuras e impones una quita a los bonistas), la credibilidad de Puerto Rico se va sin saber cuándo regresará”, sostuvo Fernández.

Así las cosas, la coyuntura requiere determinación, dijo por su parte, Román Blanco Reinoso, principal oficial ejecutivo de Banco Santander en la Isla.

“Esto (el plan de ajuste) tiene que suceder en las próximas semanas”, dijo Blanco Reinoso. “Hay que mostrar cosas concretas pronto”.

Y ello, según Blanco Reinoso y sus homólogos requerirá un trabajo de equipo y no solo del lado gubernamental, sino del legislativo, del ciudadano y corporativo.

Un puntillazo innecesario

Peter Bessey, principal oficial ejecutivo de Scotiabank Puerto Rico, se mostró confiado en que el Gobierno toma pasos asertivos para superar la coyuntura, pero reconoció que la degradación, afectaría los avances del sector bancario para regresar a la rentabilidad y fortalecer su capital.

Según datos de la ABPR, el sector bancario posee niveles de capitalización mejores –en unos $7,000 millones– que los que experimentaba para el año 2000.

Y con todo y la reducción de millones de dólares en activos tóxicos y el colapso de tres instituciones en el 2010, todavía el 9% de los activos del sector son financiamientos vencidos. La cifra es el doble del indicador en Estados Unidos, aseguró Alemán, al señalar que esa realidad también pone otro escollo para que el sector pueda auxiliar al Gobierno.

“La banca privada estaría limitada en lo que puede hacer para rescatar al Gobierno. Cuando miras los requerimientos de capital hoy versus 10 años atrás, no es factible”.

“Pienso que no vamos a llegar ahí (a la degradación). Hay conciencia y se va a actuar, pero hay que hacerlo con urgencia, y caminando es como se demuestra el compromiso para arreglar al país”.

Recargo por uso de tarjetas de crédito no aplica en la Isla. Ojo al comerciante ladron !!

El designado secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Nery Enoc Adames Soto, alertó hoy que el recargo sobre las compras con tarjetas de crédito es prohibido por ley en Puerto Rico.

La advertencia la lanzó ante una decisión judicial en los Estados Unidos que permite a los comerciantes impongan a los consumidores los costos que implica procesar una transacción con tarjetas de crédito.

Según explicó Adames Soto en comunicado de prensa, este cargo podría responder a una propuesta de acuerdo legal al que llegaron Visa, MasterCard y algunos de los grandes bancos estadounidenses. El convenio pone fin a un juicio iniciado por minoristas que alegan que las compañías de tarjetas conspiraron con los grandes bancos para fijar comisiones de intercambio que deben sufragar cuando los clientes pagan con sus tarjetas. El acuerdo dispone una reducción temporal de las tarifas para los comerciantes y les permite imponer recargos a las compras de los clientes.

Ante tal decisión, el licenciado subrayó que en Puerto Rico está vigente la Ley número 150 de 4 de agosto de 2008, que prohíbe el sobrecargo a las transacciones de venta o arrendamiento a aquel consumidor que elige utilizar una tarjeta de crédito, en lugar de efectivo, cheque o cualquier otro método de pago similar.

“En Puerto Rico es ilegal que el comerciante imponga un cargo adicional al consumidor que elija utilizar una tarjeta de crédito en lugar de efectivo. Lo que sí pueden hacer los comerciantes, es ofrecer descuentos para promover el pago en efectivo”, sostuvo el funcionario.

Adames Soto recalcó que cualquier persona que viole las disposiciones de la regulación se expone a una multa no mayor de quinientos $500 o pena de cárcel no mayor de seis meses, o ambas penas, a discreción del Tribunal.

El Secretario añadió que hoy remitirá una comunicación al secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, alertándole de la situación y solicitando una opinión sobre el efecto de este acuerdo en la Isla a la luz de lo que dispone la Ley de Puerto Rico.

“Puerto Rico no es la única jurisdicción donde se prohíbe este tipo de cargo. Diez estados tienen legislación similar. Estos son: California, Colorado, Conneticut, Florida, Kansas, Maine, Massachusetts, New York, Oklahoma y Texas”, sostuvo Adames.

Aunque el DACO prometió estar vigilante para que no se le pase el cargo a los consumidores, el secretario exhortó al consumidor a que se mantenga vigilante y que denuncie a aquellos comerciantes que violenten estas normas.

Las denuncias pueden hacerse a través de la página cibernética de la agencia www.daco.gobierno.pr o a través de la aplicación móvil.

Crisis en el Gobierno de Puerto Rico 2013

El Gobierno encara un déficit estructural que podría alcanzar $2,212 millones en junio próximo.

La cifra, incluso, podría llegar a $2,700 millones, partiendo de un análisis hecho por El Nuevo Día que descansa en prospectos, informes oficiales e, incluso, en el Informe de Transición 2012 al que tuvo acceso este diario.

De ser el caso, Puerto Rico terminará en negativo por decimocuarto año consecutivo. La brecha sería entre siete y ocho veces más que el déficit anunciado por la administración de Luis Fortuño. También, sería más del doble del déficit estructural que se confirmó durante el proceso de transición gubernamental.

El Nuevo Día solicitó una reacción a La Fortaleza en torno al déficit real que heredaría esta administración y a las conclusiones del Comité de Transición. También, pidió una reacción a la secretaria de Hacienda designada, Melba Acosta. Al cierre de la edición, no había recibido respuesta.

En tanto, el presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Javier Ferrer, dijo al servicio de noticias Bloomberg que la administración de Alejandro García Padilla atenderá la situación con premura.

“Entendemos los retos que necesitan atenderse con determinación”, dijo Ferrer. “Estos incluyen atender la situación (de los planes) de retiro, atender el desbalance estructural del Fondo General y crear actividad económica sostenible en Puerto Rico”.

Ferrer agregó que esperan presentar legislación para atender la deficiencia de retiro el mes entrante.

¿De dónde sale la diferencia?

“Se calcula que el déficit operacional proyectado para el año fiscal 2012-2013 ronda en más de $2,000 millones, luego de ajustar las proyecciones de ingresos y gastos a un cuadro más real”, reza el documento.

El presupuesto operacional vigente es de $9,083 millones.

Se esfumó Cofina

La brecha, según el informe, responde a financiamientos que no han podido llevarse a cabo, obligaciones más altas de lo previsto y estimados inflados.

“El Gobierno federal ha informado que confiscará cerca de $190 millones de transferencias de fondos federales en cobro de pagos vencidos relacionados con la represa Cerrillos”, se agrega.

El déficit, empero, podría ser mayor. A partir de julio, el Gobierno no tendrá recursos en el Fondo de Estabilización. Tal fondo se capitalizó con unos $2,000 millones de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

Un informe del BGF, publicado en junio del año pasado, indica que en el presupuesto vigente hay unos $735 millones del Fondo de Estabilización. La cifra no incluye la emisión de $332.7 millones que el Gobierno emitiría a través de Cofina este año.

álgida coyuntura

El cuadro fiscal es tan complejo que el regreso del arbitrio a las foráneas a la tasa del 4% no será suficiente, aceptó el contador público autorizado Juan Agosto Alicea. A preguntas de El Nuevo Día, el otrora secretario de Hacienda prefirió no entrar en las conclusiones del Informe de Transición.

Agosto Alicea, quien hace un año vaticinó el cuadro que hoy experimenta el fisco, estimó que el déficit estructural podría superar los $2,700 millones.

El contador no ha sido la única voz de alerta. Aparte de diversos economistas, y de al menos una decena de reportajes en profundidad de El Nuevo Día, el Centro para la Nueva Economía (CNE) sentenció en julio pasado que: “La expiración de capacidad de Cofina para emitir deuda adicional, la terminación del plan de estímulo federal y la relativa debilidad del estado de situación del BGF, limitarán severamente la flexibilidad de los gerentes financieros (del Gobierno) para financiar gastos no previstos, una crisis de liquidez no anticipada o cubrir brechas de ingresos en el corto plazo”.

Postura proactiva

Agosto Alicea elogió la determinación y premura con que la administración de García Padilla propuso modificar el arbitrio a las foráneas y el CNE reiteró que la decisión era esperada.

Aparte del arbitrio, la secretaria de Hacienda designada detalló esta semana las estrategias de cobro a contribuyentes morosos. Acosta aseguró que considera diversos mecanismos para allegar más fondos al fisco y dijo que trabaja prestamente en configurar un presupuesto responsable.

Consecuencias

De no actuar con celeridad, el Gobierno no tendrá dinero para pagar la nómina, transferir los fondos que se asignarán a la Universidad de Puerto Rico tras la eliminación de la cuota e, incluso, se limitará su capacidad para atender el déficit de los planes de pensiones del Gobierno.

De igual forma, el Gobierno central no podrá ir al rescate de las corporaciones públicas, incluyendo la Autoridad de los Puertos, cuya liquidez parece depender de la transferencia del aeropuerto a un consorcio privado.

Sobre todo, el déficit que habría heredado la administración García Padilla supone alejarse del compromiso hecho con las casas acreditadoras y que consistía en balancear el presupuesto para el año fiscal 2014.

Antes de terminar el 2012, Moody’s Investor Service degradó a la Isla en dos niveles. Advirtió, entonces, que podría haber más ajustes, pues la perspectiva para Puerto Rico es negativa.

“Desde nuestra perspectiva, el balance estructural (del presupuesto) para el final del año fiscal 2013 es crítico para reducir el crecimiento de la deuda pagadera con impuestos, la que ha aumentado casi 44% en los pasados tres años como resultado del financiamiento del déficit”, advirtió también Standard & Poor’s (SP).

En noviembre pasado, SP sostuvo que podría tomar una determinación adversa con el crédito de la Isla tan temprano como en 90 días. Ese periodo se cumpliría la semana próxima.

Degradados tres bancos en la Isla 12/21/2012

Moody’s Investors Service degradó ayer la fortaleza financiera de Banco Popular, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y Banco Santander señalando como razones la situación económica de la Isla y el pobre estado de las finanzas públicas.

En el caso de Popular, la degradación también aplicó a las acciones preferidas de la matriz bancaria, así como a las preferidas de los fideicomisos Popular Capital I, II, BanPonce y Popular Norteamérica Capital I.

La degradación de los tres bancos concluye el proceso de revisión para degradación que Moody’s comenzó en el mes de abril y se produce una semana después de que la casa acreditadora empujara el crédito del Gobierno central al borde del grado especulativo y concediera ese nivel a siete corporaciones públicas y la Universidad de Puerto Rico.

En una institución bancaria, una degradación implica pagar más por los fondos que necesita, ya sea para sus planes de negocio o fortalecer su base de capital en un ciclo adverso.

“Los prospectos para una recuperación sostenida están restringidos por las pobres finanzas del Gobierno, caracterizadas por un severamente insolvente plan de pensiones y una creciente y pesada deuda”, se agregó.

Por otro lado, Moody’s excluyó parte de la deuda de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC) del rango “chatarra” que le asignó hace una semana. Moody’s explicó que, por error administrativo, asignó la clasificación Ba1 a la serie 1998A, cuando lo correcto es Aaa, considerada la mejor calidad. La PFC es una subsidiaria del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

El costo de la degradación de los bonos de Puerto Rico

La degradación por parte de Moody’s Investors Service ya le ha costado a Puerto Rico unos $39 millones, pues el Gobierno ha tenido que poner capital para respaldar su cartera de intercambio de intereses o swaps.

Ignacio Canto, tesorero del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), sostuvo que la degradación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) requirió presentar unos $3 millones de capital ante el llamado de márgenes (margin call).

Mientras, la degradación de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) requirió otros $36 millones.

La semana pasada, Moody's declaró “chatarra” parte de la deuda de la ACT y el lunes hizo lo propio el lunes con la deuda de la AEE, luego de degradar en dos niveles, la deuda del gobierno central o GOs.

Un llamado de márgenes se produce cuando el activo que respalda una transacción vale menos que lo estipulado en principio. Ello requiere que el deudor o inversor cubra la deficiencia para cumplir con los términos establecidos.

Movida “esotérica”

La llamada de márgenes para Puerto Rico se produjo porque en los libros del Gobierno hay $4,206 millones en swaps, un instrumento “esotérico” –en palabras de Canto– que Puerto Rico compró por millardos entre el 2007 y el 2008. La compra, explicó Canto, se hizo para tomar prestado y con ello, a su vez, pagar la deuda del Gobierno central y la AEE, entre otras corporaciones públicas.

Los swaps pueden describirse como un seguro para protegerse del riesgo de tasas de interés.

En una hipoteca variable, por ejemplo, el pago mensual puede variar. La lógica del derivado es obtener una ganancia que permita hacer contrapeso a esa fluctuación en los pagos.

En días recientes, Canto y el saliente presidente del BGF, Juan Carlos Batlle, recomendaron al Comité de Transición Entrante continuar con la estrategia de la administración de Luis Fortuño de terminar con los complejos instrumentos y con la deuda variable del Gobierno. Ello, porque una degradación del crédito pondría en mayores aprietos las ya maltrechas arcas públicas.

Azote de seis dígitos

Tal vaticinio parece hacerse realidad ahora. Según el estimado del BGF, si se produjera algún evento de degradación tanto para el Gobierno central como para la AEE y la ACT, y se produjera una degradación de las aseguradoras municipales (que cubren la deuda de la Isla), Puerto Rico tendría que poner unos $128.8 millones y la cifra podría llegar a $194.2 millones con un ajuste de 50 puntos base en tasas de interés.

El escenario no es del todo irreal. Las aseguradoras AMBAC y MBIA ya experimentaron ajustes durante la crisis financiera.

Puerto Rico tuvo que presentar unos $170 millones de colateral cuando Fortuño tomó el mando del Gobierno, dijo Canto. El funcionario insistió en que el colateral sigue siendo propiedad del Gobierno, pues es para fines de cubrir la deficiencia.

Pero para un gobierno con poco dinero, separar capital para transacciones financieras implica no tener ese dinero para pagar partidas como la nómina, suplidores o servicios ciudadanos.

A la llegada de la administración Fortuño, en diciembre de 2008, la cartera de swaps totalizaba $9,010 millones.

“Me he ganado muchos enemigos en Nueva York”, dijo Canto.

Durante los pasados dos años, Canto tuvo a su cargo, negociar la cancelación de los swaps, al mismo tiempo en que el Gobierno pagaba o reestructuraba los bonos con tasas variables. “No hace sentido tener deuda variable en estos momentos, con las tasas cerca de 0%”, dijo Canto, al señalar que lo adecuado sería tener deuda fija a largo plazo.

Canto no quiso pasar juicio a los motivos de la administración del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá para adoptar los swaps. Señaló que la crisis financiera fue muy compleja y que la compra del instrumento no solo se dio en aquí, sino en decenas de países y estados. “Puerto Rico ya tenía problemas de crédito en ese momento”, dijo Canto al agregar que la Isla no tenía forma de acceder a capital.

Reconoció, sin embargo, que la decisión “fue una marometa”, como tantas otras que ha hecho la Isla, porque se trata de un gobierno que no vive según sus medios. Agregó que la Isla no debe entrar en estos instrumentos “esotéricos”, porque “no hay pericia” suficiente en el Gobierno para lidiar con estos.

Cientos de negocios no pagan bono !!!!!

 

Unos 768 patronos solicitaron este año al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) que les eximiera del pago del bono de Navidad, informó ayer la secretaria interina Elvira Cancio.

Ese número podría aumentar, ya que aunque la fecha límite para presentar la solicitud venció el pasado 30 de noviembre, la funcionaria indicó que aún “continuamos recibiendo solicitudes remitidas por correo”.

Las 768 solicitudes tramitadas hasta ayer, miércoles, son más o menos la misma cifra que se tramitó el año pasado a esta fecha. La diferencia es 10 menos este año.

Cancio informó que cada una de las solicitudes que someten los patronos es analizada por el Negociado de Normas del Trabajo y luego se les contesta formalmente informándoles si fue o no aceptada.

En la comunicación escrita que envió el DTRH no se especifica cuántos empleados dejarán de recibir el bono de Navidad este año.

No obstante, detalla a cuántas empresas se les denegó la solicitud y cuántas deberán pagar un bono parcial. En este último caso, el bono que deberán pagar las compañías es equivalente al 15% de las ganancias generadas.

Hasta ayer, el DTRH le había concedido la exención a 584 empresas (76%), mientras a 117 patronos (15%) se les respondió que deberían pagar el bono a sus empleados basado en el 15% de sus ganancias.

Otras 20 solicitudes fueron aceptadas, ya que las empresas se encuentran bajo la protección de la Ley federal de Quiebras; y a 47 patronos se les denegó la solicitud, por lo que deberán pagar el bono de Navidad en su totalidad.

La fecha límite para entregar el bono es este próximo 15 de diciembre, a menos que el patrono y sus empleados de mutuo acuerdo hayan convenido otra fecha.

Los empleados que tienen derecho a disfrutar del bono son los que trabajaron, al menos, 700 horas durante el periodo desde el 1 de octubre de 2011 hasta el 30 de septiembre de 2012.

En el caso de los empleados que laboran en los muelles, el requisito es 100 horas o más dentro del periodo indicado.

La cantidad a pagar de Bono de Navidad dependerá del número de empleados que tenga la compañía.

Si hay 15 empleados o menos, el patrono pagará el 3% del salario hasta $10,000, hasta un máximo de $300. Si son más de 15, el porcentaje a pagar es el 6% del salario, hasta un máximo de $600.

Los patronos que no cumplan con esta ley estarán sujetos al pago de multas y penalidades.

Si desea verificar la lista completa de los patronos que solicitaron la exención, acceda a www.trabajo.pr.gov y busque en la sección “Entérate” la Ley del Bono de Navidad.

Estamos en recesión, ahora es que se pone bueno !!!

Contrario a las expectativas de estabilización económica que tenía el país en los pasados meses, la economía local ha entrado en una recesión de doble caída (“double-dip recession”).

Así lo revelaron los economistas Vicente Feliciano y Juan Lara, de la firma Advantage Business Consulting (ABC), en el foro “Retrato de la Industria de Alimentos para el segundo semestre 2012”, organizado por la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA).

“La economía aparenta dar señales de recuperación, con crecimiento bajo, pero positivo”, comentó Feliciano. Pero indicó que tal cosa no es correcta, pues usando las mismas cifras del Gobierno, pero agrupándolas por trimestres, se demuestra que en Puerto Rico ha habido una recesión de doble caída.

Una recesión de doble caída ocurre cuando la economía se mueve de negativo a positivo y luego vuelve a terreno negativo. “Es como cuando un paciente que está enfermo se recupera con los antibióticos, pero luego vuelve a recaer”, dijo Feliciano, presidente de ABC.

Un vistazo al Índice de Actividad Económica (IAE) del Banco Gubernamental de Fomento refleja un valor de 127.9 puntos en el tercer trimestre de 2012, lo que es superior a los 126.7 puntos del año anterior para ese mismo periodo. Pero este es el segundo trimestre consecutivo en el que IAE refleja una reducción, pues en el primer trimestre del presente año alcanzó 129.0 puntos, y para el segundo bajó a 128.1.

Cero crecimiento en 2013

Según Feliciano, todo parece indicar que esa tendencia no cambiará en el corto plazo y la Isla tendrá un crecimiento negativo en el año fiscal 2013.

Señaló que los proyectos de infraestructura grandes, como las escuelas del siglo 21 y la construcción de la PR-66, sirvieron como “antibióticos” pero ya están llegando a su fin; y difícilmente se podrán emprender proyectos similares en tamaño debido al alto nivel de endeudamiento que tiene el Gobierno.

De igual forma, Feliciano recordó que ahora en diciembre terminará el estímulo federal que redujo la retención al Seguro Social, lo que implica que a partir de enero todos los asalariados pagarán dos puntos porcentuales adicionales al Seguro Social. “O sea, habrá un recorte de 2% en todos los salarios”, aseveró.

el sector de alimentos

El panorama para la industria de alimentos tampoco es alentador. Las ventas continúan a la baja, así como el nivel de empleos. En el último año se perdieron 5,500 puestos en el sector.

Para conocer el sentir de los socios de MIDA en cuanto a la economía, ABC entrevistó vía telefónica a 28 líderes del sector, incluyendo mayoristas, detallistas y manufactureros.

La inmensa mayoría de los participantes son empresas locales. Entre los 28 socios entrevistados no figuró Walmart ni ninguno de sus conceptos de negocio en el país, como Sam’s Club, Supercenter o Supermercados Amigo.

El 75% de los encuestados dijo que este año las ventas estuvieron iguales o menores que las del año pasado. Solo un 25% dijo que ha vendido más de 4% por encima del 2011.

La reducción en ventas obedece, en gran medida, a una caída en el volumen de productos. Un 47% dijo que vendió menos cantidad este año. De hecho, algunos comentaron que han sentido la presión en las marcas premium, y han optado por traer más marcas privadas –que son más económicas– debido a la debilidad de la economía.

Mientras, los precios de los alimentos se han mantenido estables. Según el Departamento del Trabajo, los aumentos alcanzan 1.6% para el periodo de agosto 2011 a agosto 2012. Dicha alza es menor a la experimentada en Estados Unidos, que fue de 2% para el mismo periodo.

La encuesta también arrojó que la mayoría de los negocios aumentó su gasto en publicidad, de un año a otro. Asimismo, el 63% dijo haber realizado inversiones “significativas” en el 2012, pero las mismas iban dirigidas a mejorar la eficiencia y no necesariamente a expandir el negocio.

Nuevos competidores

Los encuestados comentaron que ven a las farmacias Walgreens y CVS como un competidor fuerte en la industria de alimentos. Señalaron que los restaurantes de comida rápida también han arreciado la competencia, sobre todo en el renglón de desayunos.

Además, mostraron preocupación ante los posibles recortes en el Programa de Asistencia Nutricional.

De cara al futuro, los entrevistados esperan un crecimiento moderado en las ventas de alimentos, y las mismas serían principalmente debido al aumento en volumen.

Confían, además, mantener el mismo nivel de empleo, pero reducirán las inversiones, lo que es consistente con una economía en contracción.

Por su parte, Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de MIDA, dijo que la industria de alimentos se está consolidando e instó al gobierno entrante a tomar medidas para que esa consolidación no afecte a la competencia.

Mientras Edwin Colón, director ejecutivo de Econo, le pidió a la nueva administración gubernamental que desista de las prácticas de gobiernos anteriores de darles incentivos a las empresas extranjeras y de facilitarles la obtención de permisos, algo que no hacen con las empresas locales. “Ellos no lo necesitan”, expresó Colón.

Al foro asistieron el secretario designado de Desarrollo Económico y Comercio (DEC), Alberto Bacó, y Francisco Chévere, director designado de la Compañía de Comercio y Exportación.

Ojo a los furgonazos

Bacó, quien perteneció a MIDA en el pasado, se comprometió a apoyar al sector de alimentos, y en particular a la agricultura en el próximo cuatrienio.

Sobre el nuevo cargo decretado por parte de las líneas marítimas, señaló que “no es aceptable” y buscará la manera de atender ese asunto.

De igual forma, criticó el denominado “furgonazo”, que es el impuesto que creó la administración de Luis Fortuño para inspeccionar los furgones.

“A mí y al Gabinete nos tienen que convencer de que hace sentido y es costo beneficio”, manifestó.

Bacó también se expresó a favor de que haya un mejor balance entre las grandes cadenas y la empresa local.

“Vamos a aclarar la Ley de Cierre para evitar darles ventajas a las cadenas extranjeras. Se ha perdido el balance, no es que uno no quiera a estas cadenas extranjeras. Nada en contra de las megatiendas, pero hay que rebalancear”, expresó el designado titular del DEC.

TRIPLE GOLPE AL CONSUMIDOR

Ante la grave situación deficitaria que enfrentan las tres corporaciones principales del Gobierno, la nueva administración deberá considerar aumentos en las tarifas de agua, luz y peajes para garantizar su funcionamiento.

Uno tras otro, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), José Ortiz y el secretario de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Rubén Hernández Gregorat describieron cómo las corporaciones que dirigen se mantienen a flote mediante préstamos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) o emisiones de bonos, herramientas que difícilmente podrán continuar utilizando a partir de enero. Esto a pesar de que todas operan en una especie de sindicatura del BGF para asegurarse de que mantienen controles fiscales que no empeoren su situación.

En la AAA la insuficiencia puede alcanzar $300 millones para el año fiscal 2014 debido a las mejoras de capital que necesita realizar para cumplir con las reglamentaciones federales y a que no se contempla aún un nuevo subsidio del gobierno central.

“Todos los gastos que podíamos controlar los hemos controlado. Lo que hay que mirar son los costos de electricidad y las negociaciones con la EPA (Agencia de Protección Ambiental, por sus siglas en inglés)”, dijo Ortiz a los miembros del Comité de Transición entrante.

Explicó que en estos momentos, la agencia se encuentra en negociaciones con la EPA para reducir los requerimientos de inversión en obras capitales que están exigiendo.

Por ejemplo, dijo que le han planteado a la EPA que en algunos municipios la necesidad de construir nuevas plantas de tratamiento se ha reducido por el decrecimiento en la población.

Asimismo, destacó la importancia de terminar la adquisición de las hidroeléctricas que ahora posee la AEE para así generar su propia energía y reducir su gasto mayor.

Con esas medidas y la continuación de los proyectos de control de hurto de agua, lectura remota y automatización de plantas, “el déficit estaría por debajo de los $300 millones para el 2014”, dijo Ortiz a preguntas del comité entrante.

Ortiz explicó que para mantener la corporación en presupuesto el plan de la agencia era realizar un aumento de 4% en la tarifa de agua. Eso se detuvo a petición del gobernador Luis Fortuño, quien a cambio autorizó una línea de crédito que ya se terminó.

La idea de privatizar algunos de los procesos de la AAA también fue detenida por el representante del Senado en el comité de las Alianzas Público- Privadas, dijo Ortiz.

Cortocircuito

Mientras, el déficit en la AEE asciende a $200 millones, según admitió Colón, en el quinto día de vistas de transición.

El problema en este caso, explicó Colón, ha sido la reducción en los ingresos de la agencia mientras el costo del combustible se ha mantenido subiendo.

Sin embargo, Colón admitió que la corporación utilizó más de $27 millones en contratos por servicios profesionales relacionados con el gasoducto y pagó $59 millones por la cancelación del proyecto del Gasoducto del Sur, “debido a las oposición de algunos alcaldes”.

En el caso de la Autoridad de Carreteras (ACT), que opera bajo la sombrilla del DTOP, Hernández Gregorat dijo que aunque hay otras alternativas que deben tratarse primero, el aumento en los peajes es una opción para cuadrar las finanzas de esa corporación.

El déficit de la ACT ronda entre los $200 y $300 millones, dijo el funcionario.

aumentos en veremos

Alberto Bacó, copresidente del comité entrante dijo que la administración de Alejandro García Padilla no está contemplando aumentos en este momento.

Dijo que será responsabilidad de los miembros que se designen a las juntas de gobierno de esas corporaciones los que deberán evaluar la situación en detalle para someter recomendaciones.

En ese sentido advirtió que recomendarán al gobernador electo que busque los mecanismos para que los miembros actuales cedan sus puestos a la nueva administración.

“Mi recomendación al gobernador es que se busquen métodos alternos para que estas personas entiendan que no hicieron su trabajo”, dijo Bacó, designado secretario de Desarollo Económico.

Lejanos los futuros alivios al bolsillo

Los nuevos alivios al bolsillo que había programado la Reforma Contributiva no son viables en el contexto económico actual, coincidieron tres economistas.

“Si sencillamente nos atenemos a la letra de la ley (sobre la Reforma Contributiva), habría que concluir que no se pueden dar las promesas, porque los parámetros de crecimiento de la economía no se están cumpliendo”, dijo el economista Juan Lara.

“Todo apunta a que no va a haber continuación (de la Reforma Contributiva)”, insistió el economista.

La situación actual no aplicaría a los cambios y beneficios contributivos que ya entraron en vigor. Lo que está en juego es la puesta en marcha de las siguientes fases de esta reforma, uno de los proyectos emblemáticos de la administración de Luis Fortuño y que prometía reducir las tasas contributivas para poner más dinero en el bolsillo de los ciudadanos.

Las implicaciones

El detente a la Reforma Contributiva podría implicar que una persona que gane $25,000 en el 2013 pagaría una tasa de 14% en contribuciones y no la tasa reducida de 7% que se prometía en la reforma si se cumplían las condiciones estipuladas en la ley.

El economista Joaquín Villamil tampoco augura que sobrevivan las nuevas etapas o fases programadas en la reforma. “Con la situación fiscal que tiene el Gobierno, eso no sería apropiado porque va a reducir aún más los recaudos”, advirtió. “Ninguno de esos tres (indicadores) se va a dar. Así que eso ya implica ver la ley y ver qué ajustes se van a dar”, abundó.

Explicó que esta situación obliga a la administración entrante a actuar inmediatamente tan pronto asuma el poder. “Si se van a hacer cambios, se tienen que hacer ya y no esperar, porque la situación económica del Gobierno sigue siendo muy precaria”, subrayó.

Una de las situaciones que se tienen que evaluar, según Villamil, “con sentido de urgencia”, son los subsidios gubernamentales.

Un panorama similar proyectó el economista Elías Gutiérrez. “Por todo lo que se ha presentado, lo veo muy difícil”, afirmó.

Gutiérrez señaló que a nadie le debe sorprender que la celebrada Reforma Contributiva no logre ser implementada en todas sus etapas.

Esto porque, según dijo, era “poco viable” conseguir que la economía creciera 1.5% a julio de 2013, como se estableció en la letra de la ley.

Se tambalea la reforma contributiva

La puesta en vigor de las fases futuras de la reforma contributiva y el alivio prometido al bolsillo de miles de contribuyentes boricuas está en remojo.

La administración entrante buscará conocer hoy, lunes, cuando el Departamento de Hacienda se siente ante el Comité de Transición, si el gobierno saliente cumplió con las tres condiciones necesarias para que la Reforma Contributiva continúe con vida.

“Si esos tres índices que establece la ley no se dan, la misma ley provee para que no se activen (las siguientes fases de) la reforma”, advirtió ayer Ingrid Vila Biaggi, copresidenta del Comité de Transición Entrante.

“Injusto sería que quede planteado en un futuro que la Reforma Contributiva no se dio cuando entró el nuevo gobierno (de Alejandro García Padilla) en funciones cuando desde que se concibió (esa ley se conocía que) era muy difícil alcanzar esos índices”, abundó Vila Biaggi.

La Ley 1 de 2011, conocida como Código de Rentas Internas, establece en la Sección 6100.03 –Pruebas de responsabilidad fiscal– que para la continuación de la Reforma Contributiva se necesita que a julio de 2013 se cumplan tres criterios.

El primero de esos criterios es que la proyección de ingresos netos al Fondo General deben ser igual o mayor a $9,250 millones. Los otros dos criterios para que la reforma pueda seguir su curso son que el gasto del Fondo General debe ser igual o menor al 99% de la proyección de ingresos y que la economía debe crecer 1.5%.

La propia ley especifica que, “de no cumplirse las mismas (criterios o pruebas de responsabilidad), los alivios contributivos adicionales para el año aplicable no entrarán en vigor y su efectividad se pospondrá hasta aquel año en que las pruebas fiscales se cumplan”.

Panorama incierto

Economistas entrevistados por El Nuevo Día coincidieron en señalar que, a tenor con los números que han comenzado a fluir en el proceso de transición, el futuro de la Reforma Contributiva es incierto.

Recordaron que la propia Junta de Planificación (JP) admitió el viernes que la economía de Puerto Rico crecerá, en términos reales, un 0.4% en el año fiscal 2011-2012 –que recién concluyó en junio– y apenas seis décimas, o sea, 0.6% en el año fiscal en curso. La ley establece que el crecimiento debe ser de 1.5%.

“Queremos ver la posibilidad real de que esos índices económicos que se establecieron se puedan dar. De darse esos tres índices, entra en vigor la Reforma Contributiva impuesta por ellos. De no darse esas instancias, entonces no se da. Y queremos establecer claramente cuál es el panorama real, cuál es la viabilidad de la reforma”, dijo Vila Biaggi.

“Disciplina fiscal”

El secretario de Estado, Kenneth McClintock, señaló que esos tres indicadores pueden lograrse, pero representa un “reto” para el gobierno entrante, el cual tendrá que mantener una “disciplina fiscal”.

“Quiere decir que no puedes llegar y que te encontraste con una jauja, que puedes estar nombrando personal a todo lo que da, que puedes estar dando aumento de sueldo a todo lo que da. Hay que mantener el presupuesto balanceado. Se tienen que seguir congelando algunas de las plazas que quedan vacantes”, indicó.

Aseguró que “es lograble” alcanzar para julio próximo que la economía crezca hasta 1.5%, aun cuando ahora está en .6%, según la JP. “Tienen que proponer cosas adicionales”, precisó el funcionario cuando se le insistió sobre cómo se podría alcanzar esa meta en tan corto tiempo.

Si no se logra, los ciudadanos no verán las reducciones contributivas prometidas, reconoció McClintock.

¿Por qué su administración no logró lo establecido en la reforma?, se le preguntó.

“Requiere disciplina e inventiva, que el Gobierno busque la manera en que se pueda incentivar la economía como lo hemos estado haciendo”, respondió.

Pero ¿estos índices se establecieron para que un nuevo Gobierno no los pudiera cumplir y no continuara con la Reforma Contributiva?

“Primero, nosotros no estábamos planificando que hubiera un nuevo Gobierno... le corresponde al nuevo Gobierno luchar para lograr eso”, puntualizó.

LAS TRES CONDICIONES QUE SE TIENEN QUE CUMPLIR ANUALMENTE

Según el Código de Rentas Internas, estas variables tienen que materializarse para que inicien los cambios contributivos a partir del 1 enero de 2014.

1. Prueba de ingresos netos al Fondo General. La proyección de ingresos netos al Fondo General, según certificados por el secretario de Hacienda, deberá ser igual o mayor a:

a. $9,250,000,000 para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 2013

b. $9,350,000,000 para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 2014; y

c. $9,450,000,000 para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 2015.

2. Prueba de gastos del Fondo General. La proyección de gastos del Fondo General, según certificados por el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá ser igual o menor al:

a. 99% de la proyección de ingresos netos al Fondo General certificada por el secretario de Hacienda para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 2013; y

b. 98.5% de la proyección de ingresos netos al Fondo General certificada por el secretario de Hacienda para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 2014 y para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 2015.

c. En el año que se logre el cumplimiento con las pruebas fiscales, el diferencial de 1% entre ingresos netos y gastos del Fondo General en el caso del año fiscal que comienza el 1 de julio de 2013 y el 1.5% de diferencial en el caso de los años fiscales que comienzan el 1 de julio de 2014 y el 1 de julio de 2015, será depositado en los fondos de reserva del Gobierno de Puerto Rico e incluido en dichas partidas en el presupuesto del Fondo General.

3. Prueba de crecimiento económico. El crecimiento del producto bruto real de Puerto Rico, según certificado por el presidente de la Junta de Planificación deberá ser igual o mayor a:

a. 1.5% para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 2013;

b. 2% para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 2014; y

c. 2.75% para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 2015

La nueva escena laboral

ROSA ACEVEDO, de 42 años, posee un bachillerato en Ingeniería, una maestría en Administración de Empresas y 16 años de experiencia en la empresa privada. Pero desde hace dos años la manufacturera en la que laboraba cesó operaciones y, desde entonces, busca y no encuentra un empleo que le pague el salario que ganaba antes.

El caso de Acevedo no es la excepción, es la norma en estos tiempos, según los hallazgos del estudio Perspectivas y Tendencias 2012 Recursos Humanos, preparado por la Sociedad para la Gerencia de los Recursos Humanos (SHRM por sus siglas en inglés) y por la firma de consultoría Aon Hewitt.

Una de las conclusiones del estudio es que en Puerto Rico la oferta de talento supera la demanda y debido a la crisis económica ha habido una sustitución de empleos calificados por otros de menor nivel y menor salario.

Dicho estudio es el primero que se realiza a fondo sobre la realidad de los recursos humanos en el sector privado en la Isla. La investigación tomó siete meses e incluyó encuestas, grupos focales, estudios actualizados y entrevistas a expertos en el tema. La meta de SHRM es actualizar esta información anualmente.

En total, en el estudio participaron 120 empresas de distintas industrias, todas con operaciones en la Isla. Sin embargo, los directivos de Aon Hewitt y de SHRM aclararon que el estudio no necesariamente es estadísticamente representativo; aunque sí da una idea clara de cuáles son las tendencias vigentes en el área de recursos humanos, en particular en cuanto a reclutamiento, adiestramientos y compensaciones.

Manuel Bermúdez, presidente de Aon Hewitt, explicó que en el pasado los empleos en el país eran bien pagos y había más demanda por ingenieros, gerentes y profesionales. “Ahora es salario mínimo y la demanda es más en servicios y en ‘retail’ ”, indicó.

En cuanto al reclutamiento de gerenciales, el estudio arrojó que ahora los patronos prefieren contratar a ingenieros o financieros, y no tanto a profesionales del área de Mercadeo o Recursos Humanos.

Mientras, los puestos de mayor demanda a otro nivel son los vendedores y los profesionales de la salud, como enfermeras, técnicos de farmacia, sicólogos y trabajadores sociales.

Difícil reclutar gerentes

Pese a que el desempleo continúa a tasas elevadas y que la tasa de participación está por debajo del 40%, a los patronos no se les hace fácil reclutar gerenciales. Según el estudio, les toma 30 días encontrar el candidato idóneo.

“Hay poco apetito laboral a pesar de tanta oferta de talento”, expresó Bermúdez, quien no pudo precisar a qué obedece que no se consiga personal gerencial con más rapidez.

Nilda Guerrero, presidenta de SHRM, dijo que tal vez se deba a que muchos profesionales se han ido del país, aunque también reconoció que algunas empresas rechazan a candidatos competentes por las razones equivocadas.

La óptica precrisis

“Hay empresas que todavía tienen una óptica precrisis, fijándose en cuánto tiempo ha estado sin empleo (el candidato) o cuántas veces ha cambiado de empresa”, señaló la presidenta de SHRM, quien indicó que así se evaluaba antes, pero ya ese análisis no se ajusta a la realidad de nuestros tiempos.

Manifestó que debido a la crisis hay quienes aceptan un empleo con un sueldo inferior, en lo que surge uno que les pague más. Otros prefieren estar desempleados por un tiempo mayor en lo que encuentran un mejor salario.

Adiestramientos estratégicos

En cuanto a los adiestramientos, el estudio encontró que como las empresas tienen hoy un presupuesto más limitado que antes, se concentran en desarrollar el potencial de liderato de los gerenciales, y no tanto en proveerles conocimientos técnicos. Mientras, para los profesionales y personal de apoyo los adiestramientos están más enfocados en las competencias técnicas.

El 55% de las empresas entrevistadas invierte más de $1,000 anuales en adiestramientos por gerente; mientras el 73% invierte menos de $500 al año por cada empleado no gerencial.

El reto es avanzar más con los adiestramientos en línea, dijo Bermúdez, al tiempo que señaló que todavía existe una fuerte percepción entre patronos y empleados de que el adiestramiento presencial es más efectivo. Además, las empresas aún deben establecer métricas para calcular el rendimiento de la inversión en adiestramientos.

Por otra parte, los beneficios marginales representan el costo laboral más alto, después de los salarios. Por ello, uno de los retos mayores para cualquier patrono es mantener controlado dicho costo.

El plan médico es apreciado

Según el estudio, el plan médico a empleados es el beneficio de mayor prevalencia en el sector privado. El 80% de los beneficiados tiene cubierta familiar o individual, mientras muy pocos tienen cubierta para parejas sin hijos.

El costo del plan médico en Puerto Rico es entre un 55% y 65% más barato que en Estados Unidos, según los expertos en compensaciones entrevistados. Allá el costo promedio de un plan familiar es $520 mensuales, mientras uno individual cuesta $210 al mes.

En la actualidad, las empresas en la Isla aportan el 70% del costo del plan de salud, mientras el empleado aporta el restante 30%. “Una década atrás la proporción era 80% - 20%”, dijo Bermúdez. Agregó que las empresas ofrecen el beneficio de plan de retiro como una medida de responsabilidad social y retención de talentos.

No hay duda de que controlar el costo del plan médico es una prioridad para las compañías privadas, así como establecer programas efectivos de bienestar, ya que esto último ayuda a prevenir aumentos en los costos de los planes de salud.

Lo que valora el empleado

Según Bermúdez y Guerrero, el salario no es lo único que valoran los empleados como recompensa a su trabajo. Indicaron que tanto las empresas como el personal consideran también otros factores motivacionales, tales como: el paquete de beneficios, el balance entre la vida personal y el trabajo, el reconocimiento a su desempeño, así como las oportunidades de desarrollo profesional que ofrezca el patrono.

No obstante, lo anterior no significa que el salario no juegue un papel importante a la hora de diseñar las estrategias de atracción y retención de personal. De hecho, este año las empresas darán, en promedio, un 3.4% de aumento salarial a todos los empleados, sin importar su jerarquía, según el estudio.

El año pasado, las que dieron aumento ofrecieron 3.1%. “En el 2008 el 50% de las empresas no dio aumento. Estamos recobrando los niveles de incremento salarial de hace 10 años”, señaló el presidente de Aon Hewitt.

Los bonos crecen

Respecto al bono de Navidad, que tanta controversia causó cuando en el cuatrienio pasado se aumentó escalonadamente el mínimo a pagar, hoy más de la mitad de las empresas encuestadas dijeron que pagan más del mínimo legal.

En el 2008, el 57% de las compañías otorgó la cantidad mínima de Bono de Navidad, de $600, pero ese porcentaje ha bajado hasta el 42% en el 2012.

Otra tendencia que salió a relucir en el estudio es que hay un número cada vez mayor de empresas que ofrecen un bono de desempeño a sus empleados, adicional al salario base.

Bermúdez dijo que esa práctica de dar bono por desempeño casi no se veía hace cinco años, pero desde entonces ha crecido vertiginosamente. La mayoría de las empresas la limita a la alta gerencia, pero hay algunas que han empezado a extenderla a toda la plantilla.

“Es muy sano esta práctica porque recompensa de acuerdo al desempeño individual y al de la firma. No aumenta los costos porque solo se da si el desempeño de la empresa mejora. Es la mejor manera de paliar la crisis”, aseveró el ejecutivo de Aon Hewitt.

La Reforma Laboral

Aunque muchos expertos de recursos humanos están de acuerdo con esa premisa, donde no existe consenso es en el tema de Reforma Laboral, según evidencia el estudio, donde las opiniones quedaron divididas.

Más de dos terceras partes de los entrevistados (68%) opinó que la legislación laboral actual es efectiva; mientras el 32% restante considera que es limitante al hacer negocios.

De los encuestados, el 78% dijo que no tiene convenio colectivo en su empresa, solo el 22% lo tiene. Pero todos coincidieron en que la incidencia mayor de reclamaciones es por despido injustificado (32%), seguido por discrepancias en el manejo de licencias (27%).

A juzgar por los resultados del estudio, el mercado laboral ha sido marcado por la recesión. De cara al futuro, el reto será trabajar para aumentar los empleos bien pagos y la tasa de participación laboral en la Isla, independientemente de si hay o no una reforma laboral el próximo cuatrienio.

“No hay duda de que el reto es más complejo ahora y una reforma laboral puede ayudar a que eso suceda; pero no será lo determinante. Lograrlo dependerá de elementos macroeconómicos, como el crecimiento de las inversiones y del Producto Interno Bruto”, concluyó el presidente de Aon Hewitt.