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viernes, 10 de agosto de 2012

Orden por “consentimiento” contra Doral Bank

En guerra avisada no muere gente.......


Doral Bank figura en la lista de instituciones financieras “en problemas” de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés).
La inclusión de la entidad bancaria en el grupo de instituciones que suponen riesgos al regulador federal fue divulgada por el propio Doral en un informe ante la Comisión de Bolsas y Valores (SEC, por sus siglas en inglés). En dicho informe, la institución también informó que la FDIC y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) emitieron una orden en su contra.
La orden aceptada mediante acuerdo por la institución -convirtiéndola así en una “orden por consentimiento”- exige a Doral Bank y su matriz, entre otras cosas, un plan de capital, otro para disponer en definitiva de activos perdidosos, la contratación de consultores independientes y el personal gerencial adecuado para “restaurar todos los aspectos del banco a una condición de solvencia” y le exige a la junta de directores mayor responsabilidad hacia la supervisión de la institución bancaria, incluso mediante reuniones e informes específicos a los reguladores.
En una conferencia con inversionistas, Glen R. Wakeman, principal oficial ejecutivo de Doral Financial Corp., aceptó que la institución encara circunstancias negativas, pero prefirió insistir en que Doral progresa, señalando que no encara problemas de capital y que ha puesto en vigor diversas medidas para corregir los señalamientos de los reguladores.
“La orden tiene numerosos requisitos, incluyendo objetivos de capital. Es muy importante saber que Doral Bank cumple a cabalidad, y de hecho excede, esos objetivos de capital”, dijo Wakeman.
Explicó que la institución posee capital gracias al acuerdo con el Departamento de Hacienda suscrito en el primer trimestre de este año. Ese acuerdo permitió inyectar unos $200 millones a la base de capital de la institución.
Al presente, según Wakeman, la matriz posee unos $150 millones en capital en exceso, por lo que no será necesario levantar capital para cumplir con la directriz de los reguladores.
La orden exige a Doral un capital básico (Tier 1) de al menos 8%, una relación de capital básico a riesgo de al menos 10% y una relación de capital total a riesgo de al menos 12%. Según el estado financiero para el trimestre que concluyó en junio, los indicadores de la matriz se ubicaron en 9.9%, 12.9% y 14.2%, respectivamente. En el segundo trimestre del 2011, Doral perdió $1.6 millones.
De acuerdo con Wakeman, las nuevas exigencias regulatorias provocaron un alza de unos $8 millones y a futuro, la atención más personalizada a los activos problemáticos de la institución aumentará esa partida entre $3 millones y $4 millones por trimestre, llevándolos en el orden de entre $65 y $69 millones.
“Los pequeños negocios e individuos necesitan atención más personalizada”, explicó Wakeman señalando que la prolongada recesión en la Isla ha requerido gestionar los activos fallidos con una postura más conservadora.
Violaciones al seguro de indundaciones
Aparte de las exigencias regulatorias para mejorar diversos procesos internos en Doral,el examen de cumplimiento que motivó la orden por parte de la FDIC y la OCIF reveló deficiencias en el cumplimiento de la ley federal de Seguro por Inundaciones Nacional, lo que provocó que la institucion fallara en proveer esa cubierta de seguros para los consumidores que adquieren préstamos hipotecarios.
Ello supondría penalidades en unos $135,000, estimó Doral.
Mientras Doral se ve obligado a operar bajo mayores restricciones impuestas por el regulador (las que incluyen tener la aprobación de estos para nombrar nuevos oficiales gerenciales de alto rango o directivos), la institución´ sostuvo que mantienen negociaciones con la Reserva Federal de Nueva York para modificar la orden de cese y desista que pesa sobre la institución desde marzo de 2006.
En los pasados dos años, la FDIC y la OCIF emitieron órdenes correctivas contra FirstBank, los desaparecidos R-G Premier Bank, Westernbank y Eurobank.

miércoles, 1 de agosto de 2012

Puerto Rico podría vender sus corporaciones públicas


Puerto Rico ha logrado avances en sus finanzas públicas y en la promoción de la actividad empresarial, pero su bajo nivel de participación laboral requerirá negociar con el Gobierno estadounidense y hasta habrá que disponer de las corporaciones públicas, a raíz del alto endeudamiento de la Isla, dijo ayer Juan Carlos Hidalgo, analista de política pública en América Latina para el Instituto Cato.
De acuerdo con Hidalgo, Puerto Rico “tendrá que entrarles” a los temas estructurales que impiden un mejor desempeño económico, pues no hacerlo supone retos para combatir la pobreza y alcanzar la libertad económica. A la larga, ello incidirá sobre la capacidad del Estado para prestar servicios a la ciudadanía.
Una tasa de “espanto”
“El hecho de que la participación laboral de Puerto Rico sea de 41%, o sea, menor que Italia, es una cuestión de espanto”, sostuvo Hidalgo. Italia es uno de los países con los peores desempeños económicos a nivel global en los pasados diez años.
Según Hidalgo, si Puerto Rico fuera un país independiente y se analizara su nivel de “libertad económica” en función del índice que promueven el Instituto Fraser y la fundación Heritage, la Isla sería la tercera economía latinoamericana con la mejor posición, precedida por Chile y Panamá con un indicador de 7.37.
El Índice de Libertad Económica analiza diversos factores como el tamaño del Estado en la economía, el gasto tributario, la libertad del comercio internacional y el respeto a la propiedad privada. El número uno implica una economía menos libre y, por ende, con niveles de pobreza más altos, mientras que una sociedad más cerca del valor 10 implicaría menos pobreza y mejores condiciones de vida.
La puntuación sobresaliente de la Isla descansa en sus vínculos con Estados Unidos. Sin embargo, al examinar otros factores como el tamaño del Estado o endeudamiento, la Isla se mueve hacia el deterioro, sostuvo.
“Que seis de cada 10 personas no trabajen y que de los cuatro que trabajan uno lo haga en el sector público, eso, sinceramente, por más reformas que se hagan no es sostenible”, dijo Hidalgo.
Como resultado, el analista dijo que la Isla tendrá que negociar con el Congreso federal para modificar los programas de beneficencia y el salario mínimo federal, haciéndose eco de las recomendaciones vertidas recientemente por la Reserva Federal de Nueva York.
Loas y peros para Fortuño
La respuesta de Puerto Rico a su crisis fiscal y económica fue el tema principal de un foro efectuado ayer en la Isla por la organización Iniciativa Libre, una entidad que promueve la libertad económica entre los hispanos y que está dirigida por uno de los excolaboradores del presidente George W. Bush, Daniel Garza.
Durante el evento, Hidalgo, al igual que Garza y el periodista John Fund, concedieron créditos a la administración del gobernador Luis Fortuño para controlar el déficit, e insistieron en que lo hecho en la Isla podría servir de modelo a otros estados y países.
El lastre de la deuda
No obstante, Hidalgo subrayó que la deuda total de la Isla continúa en aumento, que ya alcanza el 80% del Producto Interno Bruto, un indicador que “eventualmente” se colocaría en niveles insostenibles.
“Creo que tarde o temprano habrá que hacer una inspección y un replanteamiento de cuáles (empresas estatales) podrían trasladarse al sector privado”, sostuvo el analista al explicar que aquí reside la mayor cantidad de deuda pública emitida por la Isla.
Hidalgo manifestó que la transferencia de autopistas y del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín son movidas en esa dirección, estrategias que, a su vez, han sido adoptadas por diversas economías latinoamericanas.
Fortuño sostuvo que su administración ya trabaja con algunas iniciativas dirigidas a revertir la baja tasa de participación laboral y que también está en conversaciones con el Gobierno federal a esos efectos. Particularmente, dijo que su interés es modificar los programas existentes para que los participantes puedan continuar recibiendo ayudas mientras trabajan.
Por otra parte, indicó que el programa de Alianzas Público-Privadas (APP) atiende la situación de endeudamiento del Gobierno y que antes de que termine el año se concretará al menos otro proyecto adicional. “Ni el Gobierno de Puerto Rico ni el Gobierno federal tienen los recursos para hacer las inversiones en infraestructura que se necesitan”, aceptó Fortuño.
“No hemos terminado. Apenas comenzamos”, indicó el mandatario a los participantes del evento en el cual recibió múltiples aplausos por los avances de la economía.
Fortuño destacó la creación neta de 18,000 empleos en el fiscal 2012, unos $4,400 millones de inversión en proyectos de energía renovable que se fraguarán en los próximos meses y los beneficios de la reforma contributiva como frutos concretos de su gestión. “Pusimos el dragón a dieta”, continuó Fortuño al agregar que tanto la situación crediticia como las previsiones económicas son mejores ahora que a su llegada a La Fortaleza en el 2009.