Tímido reclamo del FDIC a Westernbank. Otros ejecutivos culpables . !!!!!

Una semana antes de que el Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) le hiciera un reclamo billonario a los ex ejecutivos y directores del difunto R-G Premier Bank, los reguladores federales ya habían hecho una demanda de cobro mucho más tímida a la gerencia y a los aseguradores del también desaparecido Westernbank pese a que sus pérdidas de capital fueron mucho más onerosas.


El FDIC le pidió el 17 de diciembre a los antiguos ejecutivos del banco, incluyendo al flamante director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto Juan Carlos Pavía, una compensación por daños ascendentes $367 millones que dicen el banco perdió como consecuencia de las prácticas ilícitas de la junta de directores y de la alta gerencia, entre ellos sus ex presidentes Frank C. Stipes y José M. Biaggi Landrón. Al momento del cierre del Westernbank, a fines de abril del año pasado, el FDIC informó que las pérdidas de capital del banco ascendían a $8,700 millones e iban a ser compartidas con el Banco Popular. Fuentes de la industria financiera le habían indicado a EL VOCERO anteriormente que el gobierno federal había asegurado al Popular el 80% de los préstamos de mayor riesgo.


La carta de cobro del bufete de Liskow & Lewis, con oficinas en Luisiana y Texas, no sólo está dirigida a 23 ex ejecutivos de Westernbank sino también a cinco compañías aseguradoras – Chartis, Liberty Mutual, XL Professional, ACE Insurance y AIG Technical Service – que alegadamente son las que tienen varias pólizas de responsabilidad del banco. Este reclamo de cobro a los aseguradores no sólo ayudaría a mitigar las pérdidas del erario federal sino que simultáneamente congelaría los dineros de las pólizas a los cuales la gerencia del banco podría recurrir para su defensa legal en cualquier litigio, presente o futuro.


Citando una serie de transacciones de préstamos cuestionables, particularmente comerciales, el FDIC fustiga a la junta de directores del banco por una serie de irregularidades las cuales dice constituyen “negligencia grave e incumplimiento en sus deberes fiduciarios”.
En la carta de 25 páginas el bufete que representa al FDIC presenta un cuadro de de negligencia donde la precaución y la cautela institucional fueron descartados en busca de mayores ganancias, frecuentemente personales. La comunicación confirma como Westernbank creció como la espuma en la pasada década, viendo un crecimiento de $3,400 millones en 1999 a $17,900 millones para el 2009.


Pero este auge tuvo su precio dice el FDIC: “La junta y la gerencia fracasaron en manejar adecuadamente o controlar este rápido crecimiento.” A esto añaden que con este fin se le hizo caso omiso a los procedimientos e infraestructura necesarios para garantizar la estabilidad económica del banco señalando que “la junta y la alta gerencia permitieron que las políticas y los procedimientos establecidos fueran descartadas, particularmente en lo que concierne a la concesión de crédito.”


Entre las otras múltiples prácticas que los reguladores dicen precipitaron el fracaso del banco también están el que los directores antepusieron sus intereses personales a los de la institución; el que por años le hicieron caso omiso a las advertencias del riesgo que estaban incurriendo y del creciente deterioro de las finanzas del banco.


Además, la junta operaba bajo un perenne conflicto de interés al ser parte tanto del banco como de su compañía matriz, W Holdings, señala la carta. El FDIC da varios ejemplos de estos conflictos, incluyendo el caso de un miembro de la junta de directores, Cornelius Tamboer, que aprobó el financiamiento por decenas de millones de dólares para la construcción de un condominio en Florida sin revelar que era uno de los socios del desarrollador.


Contrario a la carta del 23 de diciembre a los ex ejecutivos de R-G donde se advierte que la investigación de las razones tras el cierre continúa, la comunicación dirigida a Westernbank y a sus aseguradores no hace mención de ninguna pesquisa relacionada con el cierre del banco por el cual afirman que responsabilizan a los siguientes ex ejecutivos: Ricardo Cortina Cruz; Julio Fuentes del Collado; Gabriel Montanez Calderón; Cornelius Tamboer; Miguel A. Vázquez Seijo; Juan Frontera García; Héctor del Río Torres; Frank Stipes García; William Vidal Carvajal: José Biaggi Landrón; Cesar Ruíz Rodríguez ; Pedro Domínguez Zayas; Freddy Maldonado Pérez; Mario Ramírez Matos; Javier Trogolo Irizarry; Enrique Osorio Hernández; Lidiana Rivera Fazzi; Itzalia Guerrero Torres; Dennis C. Tristani Chávez; Juan Carlos Pavía Vidal; Ezequiel Cruz Lebrón; Christopher O´ Neil O’Malley y María C. Allende Ayala.

Truena el FDIC contra banqueros locales y faltan mas !!!!

En el primer esfuerzo del Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) para tratar de recuperar aunque sea parcialmente las decenas de miles de millones de dólares que el gobierno federal perdió el año pasado en el cierre de tres bancos en Puerto Rico, los reguladores bancarios le están exigiendo una compensación por daños de $2,200 millones a los ex ejecutivos y directores del RG Premier Bank para así repagar lo que describen como multimillonarias “pérdidas sufridas por (sus) actos ilícitos u omisiones”


La lista de 27 ex ejecutivos y directores del banco que han sido emplazados por la carta de cobro del FDIC incluye prominentes figuras en el gobierno y el sector privado. Entre ellos el fundador del banco Víctor Galán así como a la ex contralor Ileana Colón Carlo, el ex secretario de Hacienda Juan Agosto Alicea y el empresario Rafael Nin.


Una acerba carta del 23 de diciembre del bufete de Hughes Hubbard de Washington D.C., abogados del FDIC, cita una larga lista de irregularidades tras lo cual le advierte que el monto de esta demanda de cobro podría seguir subiendo a medida que progrese la investigación de la cartera de préstamos malos, particularmente los de construcción y de bienes raíces.


Estos préstamos son el origen de una de las más problemáticas practicas indebidas, según el FDIC, que apunta al crecimiento desmedido y excesivo de los préstamos comerciales cuyos riesgos implícitos dice fueron “agravados por una suscripción deficiente, procesos liberales de aprobación, y una administración insuficiente de las transacciones grandes.”


El impacto negativo de esta explosión de préstamos comerciales pobremente supervisados se refleja en el aumento de préstamos clasificados adversamente que subieron de $261 millones en diciembre del 2007 a $1,116 millones en febrero del 2009. Para entonces el 89 por ciento de los bienes con problemas del banco se concentraban en préstamos y contratos de arrendamientos. Igualmente el grueso de los préstamos con problemas era de construcción, desarrollos e hipotecas.


Luego de desglosar 23 fallas graves en la administración del banco, el FDIC indica que como “resultado de estás practicas peligrosas y precarias, el banco, inter alia, ciegamente concedió préstamos a clientes no merecedores de crédito, con colateral de valor insuficiente.”


Peleando por chavos


Dos días antes el FDIC había rehusado una solicitud de los directores de R & G Financial, la compañía matriz de R-G Premier, para que se les diese acceso a fondos congelados por el gobierno federal luego del cierre del banco. RGF pidió infructuosamente que, entre otras cosas, se le diese acceso a las pólizas de seguro para su defensa legal contra reclamaciones por las acciones tomadas como directivos del banco. También pidieron que de los dineros congelados se le pagase a una compañía afiliada, VIG, más de $1.3 millones en renta atrasada del local de sus oficinas. A esto los reguladores en Florida respondieron indignados señalando que a R-G Premier se le había terminantemente prohibido entrar “directa o indirectamente” en transacciones con empresas afiliadas sin aprobación del FDIC, veda que habían violado: “No pueden ser compensados por una transacción hecha en violación de dos órdenes de Cese y Desista” .


En su negativa el FDIC enfatizó que los dineros reclamados por RFG eran sólo una fracción de los $3.3 millones que la empresa le debía a su subsidiaria, R-G Premier.


La respuesta de RGF fue demandar esta semana al FDIC en el Tribunal de Distrito federal en San Juan en un esfuerzo de anular la decisión de los reguladores. La protección de los seguros presuntamente es importante ante el caso legal bosquejado contra la alta gerencia del banco por el FDIC así como ante la perspectiva de una posible avalancha de reclamaciones de otros acreedores e inversionistas.


Investigan también en quiebra


Ya el principal acreedor de RFG, Wilmington Trust Company (WTC) le ha enviado a los directivos bancarios una demanda de cobro por $355 millones a nombre de los acreedores no asegurados en el caso de quiebras que se está ventilando ante el juez federal de bancarrota Enrique Lamoutte, quien par de meses antes había autorizado que el banco de Delaware investigase a RGF para tratar de recuperar a nombre del deudor algunas de las pérdidas.


En su carta de cobro del 27 de diciembre, el bufete de Kilpatrick Stockton cataloga una larga lista de supuestas irregularidades y malos manejos en la administración de RGF que supuestamente repercutieron en el eventual cierre del banco el pasado 30 de abril.


En un lenguaje aún más crítico que el del FDIC, los abogados de WTC advierten que su investigación continua en curso pero que inicialmente han encontrado una serie de alegados “esquemas” para inflar los ingresos reportados públicamente así distorsionando el valor de las acciones así como una serie de problemas tanto en la concesión de préstamos como en la fiscalización de sus financiamientos comerciales.


Los ejecutivos bajo fuego


En su carta el FDIC específicamente identifica como responsables de la deuda con el gobierno federal a 27 ex ejecutivos y directores de R-G, incluyendo algunos que continúan al frente de la empresa matriz, como Agosto Alicea, quien permanece a la cabeza de su junta de directores.


A continuación se incluye en orden alfabético las personas a las cuales el FDIC escribió que responsabiliza por el fracaso económico del banco: Joseph Abrahamson Rodríguez, Juan Agosto Alicea, Ana Armendáriz, Luis Berrios, Laureano Carus, Ileana Colón Carlo, María del Mar Rosado Medina, José A. Díaz Ortiz, Benigno R. Fernández, Melba Figueroa Padilla, Víctor J. Galán Álvarez, Víctor L. Galán Fundora, Roberto Gorbea Frontera, Víctor Irizarry, James Lynn, Eduardo McCormack, Iván Méndez, Rafael Nin Torregrosa, Ramón Prats, Pedro Ramírez, Gilberto Rivera Arreaga, Luis G. Rivera Izquierdo, Rolando Rodríguez Mancebo, María Rosales, Marcos Torres Rivera, Jeanne Ubiñas, Enrique Umpierre Suárez.