Los inversionistas que tienen deuda de Puerto Rico volvieron a recibir otra señal de alerta, luego de que la firma Janney Capital advirtiera que el rendimiento que reciben de parte de la Isla no es cónsono con el verdadero riesgo de los bonos que emite el gobierno y sus diversas instrumentalidades.
Aun cuando reconoció las reformas implementadas por la administración Luis Fortuño, en su informe con fecha del 27 de julio Janney subrayó que “no existen argumentos razonables que respalden una mejora económica significativa en el corto plazo” en la Isla.
Mientras los niveles de endeudamiento y el déficit de los planes de pensiones que exhibe la Isla son demasiado altos, la ralentización de la economía estadounidense y global afectará adversamente a Puerto Rico y por ende, los recaudos del gobierno, opinó el autor del informe, Alan Schankel.
Si los bonistas perciben mayor riesgo en la deuda que emite el gobierno local exigirán rendimientos más altos. Es decir, habría que dedicar más dinero al pago de intereses y menos para pagar por los servicios e inversiones públicas que necesita la Isla.
Aumenta la presión
Según el economista Juan Lara, reportes como el de Janney, así como las determinaciones recientes de las casas acreditadoras parecen crear un entorno de “presión” en un cuadro fiscal que, aunque mejor, continúa débil. Eso se complica, recordó el economista, por los potenciales recortes en fondos que recibiría la Isla por la situación presupuestaria federal.
En su informe, Schankel destacó que desde la gran recesión, en el 2008, una nota de obligaciones generales a 30 años de Puerto Rico ha pagado entre 125 y 210 puntos básicos (o sea, entre 1.25% y 2.10%) más que una nota similar con la mejor clasificación crediticia, AAA. En una nota a 10 años, el diferencial ronda 208 puntos básicos.
Ese diferencial, según Schankel, se ha mantenido por el apoyo de los fondos mutuos, los que en busca de la triple exención contributiva, han comprado la deuda de Puerto Rico, al punto de que algunos de estos fondos tienen entre 15% y 20% de sus activos en bonos de la Isla. En un fondo en Maryland, esa concentración alcanza 40%, indicó la firma.
“Creemos que en el futuro son más probables las degradaciones que las mejoras (crediticias). En el evento de una degradación bajo el nivel de inversión, una posibilidad de largo plazo, el apoyo de los fondos mutuos podría disminuir e, incluso, evaporarse creando una presión extrema hacia la venta (de los bonos), empujando los precios a la baja”, indica el reporte al recomendar que las carteras de inversión no deben tener más de 10% en notas de la Isla.
Déjà vú
Según Lara, si la “presión” hacia los bonos locales se agudiza, Puerto Rico podría encontrarse, en enero próximo, en una situación de apuro fiscal, aunque no tan severa como la que experimentó en el 2009 con el cambio de gobierno. Ello obligará a la Isla a colocar nuevamente la gestión fiscal como un tema de emergencia a medida que no existen recursos adicionales como los fondos ARRA o la capacidad para emitir deuda adicional bajo Cofina.
Recientemente, Breckinridge Capital, NewOak Capital Investors, MacKay Shields y hasta una unidad de análisis del banco suizo UBS, cuya filial en Puerto Rico (UBS Financial Services) posee un 20% de la deuda de la Isla, han levantado bandera sobre Puerto Rico. En tanto, las casas acreditadoras degradaron o dieron perspectiva negativa a los bonos de Puerto Rico.
En contraste, Janney favorece los bonos Cofina. Bank of America-Merrill Lynch hizo lo propio hacia la gestión de la administración hace unos meses y Citi, Barclays y JP Morgan recomendaron efusivamente la deuda de la Isla en el evento de crédito coordinado por el gobierno.
