Quien dice la verdad sobre el Desempleo, ¿EL GOBIERNO? O EL PUEBLO con sus ojos.

Una cadena de municipios, que nace en las montañas de Jayuya y se extiende hasta la costa de Naguabo, sufre el peor embate del desempleo en Puerto Rico, revelan fuentes oficiales.
Esa ruta de la pobreza está compuesta por 14 municipios cuya tasa de desempleo -a febrero del 2011- sobrepasaba el 19%, cuando la tasa de todo el país era de 16.8. La población en esos 14 ayuntamientos -la mitad de ellos perdió población comparado con el 2000- se aproxima a las 400 mil personas.
A eso se suma el que las finanzas en nueve de esos pueblos están en números rojos.
Uno de los pueblos de la región central con el mayor desempleo es Comerío. “Aquí (la economía) no depende de las fábricas ni de nada, depende de los cupones, del bienestar. Este municipio depende del gobierno”, sentenció Johely Torres, una comerieña que tiene un quiosco de venta de alimentos en una esquina de la plaza pública.
No lejos del negocio ambulante de la joven ubica el supermercado Selecto, en cuyas paredes varios letreros anunciaban: “Se buscan cajeras”.
Doris Cordero, esposa del dueño del supermercado, dijo que tenían proyectado contratar a seis cajeras y habían recibido algunos 30 resumés, la mayoría de personas con el grado de Bachillerato.
“Aquí hay mucha gente desempleada. La situación está bien difícil”, expuso. “Cuando único se ven ventas es cuando reciben los cupones. Más del 80% de mis ventas son con cupones”, dijo Cordero.
Alberto Cruz Alicea, asistente de gerente de Citifinancial, también en Comerío, aseguró que han sentido el impacto económico en el aumento en las quiebras, la falta de capacidad de pago de las cuentas y la morosidad en los pagos.
“Unos ocho o nueve clientes me han dicho que están pensando, o irse a la quiebra o tal vez acogerse a algún servicio de consejería de crédito”, reveló.
Mientras, Arnaldo Laureano, gerente de la tienda Payless, trataba de acomodar en un solo anaquel los pocos pares de zapatos que le quedaban y que vendía a mitad de precio debido a que estaba próximo el cierre de esa tienda. Laureano no quiso hablar del futuro laboral de sus seis empleados. “La situación está difícil”, se limitó a decir.
El alcalde popular de Comerío, José A. Santiago, aseguró, sin embargo, que en el casco urbano hay “mucha vitalidad, un comercio activo y la gente comprando”. Pero apuntó que “la medicina amarga” del gobernador Luis Fortuño dio el jaque mate en la crisis que ya sentían. Aseguró que la Ley 7 dejó sin empleo a 300 padres de familia comerieños.
Santiago se quejó de poca ayuda gubernamental. “Siendo Comerío uno de los pueblos más pobres del distrito es al que menos se le asigna”, indicó. Acusó al gobierno central de dejar sin apoyo a los agricultores por lo que en ese renglón apenas generan empleos.
“En Comerío se reparte un millón de dólares al mes en cupones de alimento”, resaltó Santiago. “Poco menos del 60% de la población vive del Programa de Asistencia Nutricional y para el 80% de ellos, ese es el único ingreso que reciben”, subrayó el Alcalde, quien reconoció que el pueblo compensa la crisis con la economía subterránea, en referencia a las personas que se dedican a hacer “chiripas”.
Patillas cae en un abismo
El municipio costero de Patillas ocupa el sexto lugar de más desempleo en el país, lo que el alcalde novoprogresista Benjamín Cintrón atribuyó a decisiones gubernamentales.
Explicó que utiliza los programas federales para emplear personas por seis meses para que luego se acojan al desempleo por un año y así continuar contratando y enviando a las filas del desempleo mientras dura la propuesta.
El empleado Rafael Flores Ortiz, de 51 años, declaró que recién había comenzado a trabajar en el municipio, y que, para ganarse la vida, decidió comprar un racimo de plátanos maduros y revenderlos a orillas de la carretera. “Para no quedarme atrás”, comentó.
“Lo que gano con esto no me da pa' mucho, pero por lo menos para pagar la gasolina, o comprar algo por ahí”, expresó Flores Ortiz mientras recostaba el cuerpo sobre el baúl del auto que estacionó frente a las estructuras desocupadas de un parque industrial.
El alcalde destacó que en mayo pasado cerró la planta que General Electric (GE) tenía en la zona industrial y dejó sin empleo a 80 personas. El efecto de esa determinación, según explicó, es que este año el municipio dejará de recibir los $40,000 que pagaba GE en patentes. “Aquí no se establecen fábricas hace más de 15 años”, resaltó.
Cintrón aseguró que la economía en su municipio “está en picada por las decisiones del Estado. Las decisiones mal tomadas se reflejan en los comerciantes, que no pagan el IVU”, apuntó.
A orillas de una carretera patillense, el comerciante Juan Morales Rivera, dueño de la Tienda Guango, a pocos pasos de la Casa Alcaldía, describió el desempleo de Patillas como “crónico”.
“Aquí los negocios estamos pasando las de Caín, porque aquí se vive a base de las pensiones o lo que el Gobierno le da de cupones a la gente”, dijo Morales, quien recurrió a fiar su mercancía para no tener que cerrar las puertas de su tienda.
“Con lo que tengo fíao, que creo que no me lo van a pagar, me daría para retirarme”, aseguró el comerciante, quien hace 40 años vende desde agujas hasta juguetes.
El municipio con la mayor tasa de desempleo a febrero pasado era Maunabo. La cifra alcanzó el 28.4 % cuando a nivel isla era de 16. La menor tasa de desempleo se reflejó en Guaynabo con un 10.1%.
En la lista de los municipios cuya tasa de desempleo ronda o supera el 20% también se encuentran: Jayuya, Orocovis, Ciales, Morovis, Barranquitas, Coamo, Salinas, Guayama, Arroyo, Maunabo, Yabucoa, Naguabo y Patillas. Los municipios de Barceloneta, Hatillo, Humacao, Villalba, Fajardo, Luquillo, Guánica, Guayanilla Adjuntas y Maricao también están en los de la tasa de desempleo mayor.

Economia en Puerto Rico al 18 de Abril 2011

Los datos a cinco años de la serie ajustada por el Instituto de

Estadísticas de Puerto Rico revelan que, pese a la profunda

recesión, los consumidores redujeron sus compras, pero sin

grandes diferencias. Durante los primeros diez meses del 2010,

las ventas al detal aumentaron 1.4% en relación con los primeros

diez meses del 2009. Monetariamente, entre enero y octubre de

2010, los consumidores compraron $29,367 millones en todo

tipo de bienes vis a vis los $28,957 millones, en el mismo período el año anterior.

Por otro lado, las ventas al detal relacionadas con alimentos han

experimentado una merma. Los consumidores puertorriqueños

redujeron sus gastos de alimentos el año pasado, comprando

$634.8 millones menos que en 2009. Los recortes en la compra

los sufrieron mayormente las carnes rojas, los refrescos, productos

lácteos, vegetales, frutas y carne de pollo. La disminución es un

efecto directo del aumento en el precio de los alimentos al nivel

mundial el cual ha aumentado en un 18% en comparación con el

año pasado y del constante aumento en el precio del petróleo.

El Gobernador Luis Fortuño aprobó un presupuesto de $9.26

billones de dólares para el Fondo General para el próximo año

fiscal 2012. La gran parte de los fondos serán destinados hacia

el mejoramiento en la seguridad pública, la educación y la salud.

Dicho presupuesto representa unos $110 millones adicionales

al presupuesto vigente. Por otro lado, se aprobó una emisión de

bonos por $304 millones para costear obras de infraestructura.

Otras dos medidas han sido radicadas para solicitar la aprobación

de unos $800 millones en préstamos o emisiones para cuadrar

deficiencias en el presupuesto del próximo año fiscal.

La industria del turismo muestra signos de recuperación con un

incremento en la ocupación hotelera. Sin embargo, las tarifas

por noche no han aumentado y continúan en los mismo precios

de hace más de una década lo que provoca que se mantengan

reducidas las ganancias de este sector. Puerto Rico recibe unos

cinco millones de visitantes al año, los cuales generan unos

$3,600 millones a la economía local. El reto más grande que

enfrenta la industria es mantener su posicionamiento y la ocupación

hotelera y luego gradualmente aumentar los precios sin perder

competitividad.

El Congreso de los Estados Unidos aprobó un recorte de $38,000

millones al presupuesto vigente. El controversial recorte fue

aprobado por ambos partidos en una larga negociación que fue

producto de un posible cierre de Gobierno la semana pasada.

Dicho recorte busca cerrar la brecha que existe en la deuda

pública y los ingresos que obtiene el Gobierno en lo que queda

del año fiscal corriente.

El número de ejecuciones hipotecarias en Puerto Rico ha aumentado

un 25% en relación al 2008. Unas 35,332 familias podrían perder

sus hogares durante este año. Por tal razón el Gobernador Luis

Fortuño anunció la asignación de $20 millones para el programa

de subsidio “Protegiendo tu Hogar” que ayudará a familias e

individuos que se encuentran en peligro de perder su hogar. No

obstante debido a los requisitos adheridos al programa, solo un

3% de las familias afectadas se podrán acoger a él mismo.

Las acciones obtuvieron ganancias moderadas la pasada semana

al diversos indicadores económicos apuntarán hacia un

mejoramiento. El índice Dow Jones subió 56.68 puntos, o un

0.5% para cerrar en 12,341.83. El Standard & Poor’s 500 aumentó

5.16 puntos, un 0.4% para acabar en 1,319.68. Mientras que el

Nasdaq ganó 4.43 puntos, o un 0.2% para cerrar en 2,764.65. El

precio de las acciones continuará siendo influenciado por eventos

tales como la crisis nuclear en Japón.

El precio del petróleo continuará con tendencias alcistas debido al

creciente conflicto en el Norte de África y en el Oriente Medio. No

obstante el precio por barril de petróleo disminuyó en un 3% en

comparación con la semana pasada donde alcanzó $113.10. El precio

por barril de petróleo cerró en $109.66 el pasado viernes.

Puerto Rico supera a los cincuenta estados en desempleo

Esto es Noticia del pasado!!!!!

WASHINGTON – En marzo pasado, Puerto Rico fue la jurisdicción federal con más alto desempleo, con una tasa de desocupación de 16.9%.
Las cifras del Departamento del Trabajo de Estados Unidos indican, a su vez, que en el último año hubo un aumento de 0.6% en la tasa de desempleo de la isla.
La fuerza trabajadora se redujo de 1,298,800 en marzo de 2010 a 1,270,900 el mes pasado.
Nevada (12.5%), California (12%), Florida (11.1%) y  Rhode Island, mientras, fueron los estados con más alta tasa de desempleo durante el pasado mes de marzo.
De marzo de 2010 a marzo de 2011,  sólo cuatro  estados – Idaho, Louisiana, Montana yVirginia Occidental - registraron aumentos en la tasa de desocupación.Las jurisdicciones con las más altas tasas de desempleo en marzo de 2011:
Puerto Rico ----16.9%
Nevada---------13.2%
California------12%
Florida---------11.1%
Rhode Island—11%
Michigan--------10.3%
Mississippi-----10.2%
Kentucky-------10.2%
Oregón---------10%
Georgia--------10%
Carolina del Sur—9.9%
Fuente: El Negociado de Estadísticas del Departamento del Trabajo de Estados Unidos

FINRA fines Santander Securities $2M

WASHINGTON — The Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) announced Tuesday that it has fined Santander Securities of Puerto Rico $2 million for deficiencies in its structured product business.

The shortcomings cited by FINRA include unsuitable sales of reverse convertible securities to retail customers, inadequate supervision of sales of structured products, inadequate supervision of accounts funded with loans from its affiliated bank, and other violations related to the offering and sale of structured products.
In addition to paying the fine, the firm is required to review its training, supervision and written procedures in the relevant areas. Santander Securities has reimbursed more than $7 million to its customers for losses that resulted from reverse convertible securities.
“Santander Securities failed its customers through significant deficiencies in its systems and procedures, which allowed unsuitable recommendations of concentrated positions in risky reverse convertibles — sometimes using funds that the firm helped customers borrow — to proceed without detection or review,” said Brad Bennett, FINRA executive vice president and chief of enforcement.
Structured products are securities derived from or based on a single security, a group of securities, an index, a commodity, a debt issuance and/or foreign currency. Structured products may differ on principal protection offered, interest or coupon rates paid, and frequently cap or limit the upside participation in the underlying asset. Reverse convertibles, which are a type of structured product, are interest bearing notes in which principal repayment is linked to the performance of a reference asset — often a stock, a basket of stock or an index.
Despite Santander Securities’ growing sales in structured products, between September 2007 and September 2008, brokers bore the responsibility of evaluating the products without sufficient suitability guidance or required training on structured products, according to FINRA.
FINRA said the firm also had no process in place for reviewing or approving any particular structured product prior to offering the product to a customer. Moreover, the firm did not have effective procedures in place to monitor customer accounts for potentially unsuitable purchases of structured products and had no suitability policies governing product concentration. As a result, the firm failed to detect certain accounts with concentrated positions in certain risky structured products, specifically reverse convertibles. This led to unsuitable recommendations of structured products and significant losses by customers, the regulatory body said.
For example, in November 2007, Santander Securities recommended that a retired couple in their 80s, with a moderate risk tolerance and a long-term growth objective, invest in a single reverse convertible position of over $100,000, which represented 85 percent of their account value and more than half of their liquid net worth. The investment ultimately resulted in a loss of over $88,000. In another instance, in November 2007, Santander recommended that a 36-year-old with no investment experience, moderate risk tolerance and a long-term growth objective, invest in a single $95,000 reverse convertible position. This position represented most of the account value and resulted in a loss of approximately $80,000. These concentrated positions exposed customers to a risk of loss that greatly exceeded their risk tolerance and were inconsistent with their investment objectives. These customers are among those who the firm has since made whole.
Moreover, some Santander Securities brokers recommended that customers use funds borrowed from the firm’s banking affiliate to purchase reverse convertibles, claiming that it would enable the customers to capture the spread between the interest they paid to the bank and the higher coupon rate they received from the reverse convertible. However, these recommendations substantially increased the clients’ exposures to risk. Many customers lost money and owed additional money to the bank when the value of the reverse convertible declined and the bank sold the product at a loss. Santander failed to have adequate supervisory procedures in place to monitor customers’ accounts pledged as collateral for these loans.
In concluding this settlement, Santander Securities neither admitted nor denied the charges, but consented to the entry of FINRA’s findings.
FINRA is the largest independent regulator for all securities firms doing business in the United States. It oversees nearly 4,560 brokerage firms, 163,335 branch offices and 631,305 registered securities representatives. FINRA is dedicated to investor protection and market integrity through effective and efficient regulation and complementary compliance and technology-based services. FINRA touches virtually every aspect of the securities business — from registering and educating industry participants to examining securities firms, writing rules, enforcing those rules and the federal securities laws, informing and educating the investing public, providing trade reporting and other industry utilities, and administering the largest dispute resolution forum for investors and registered firms.

Pierluisi confirma que Puerto Rico sufrirá recortes en los fondos federales

Puerto Rico sufrirá recortes en los fondos federales que  recibe para distintos programas como resultado del acuerdo que logró el Congreso de Estados Unidos para recortar $38,000 millones en los gastos para lo que resta del presente año fiscal federal, confirmó hoy el Comisionado Residente en Washington, Pedro Pierluisi.

El objetivo del gobierno de Puerto Rico, agregó, es que no se discrimine contra la Isla en cualquier recorte que se disponga.
“La realidad de Puerto Rico es la misma que la del resto de los estados. La realidad es que tenemos que apretarnos el cinturón, vivir con realidades”, dijo Pierluisi.
“El gobierno federal está cortando recursos y a nosotros nos va a cortar lo mismo que proporcionalmente le están cortando a los estados”, agregó.

“Estos son recursos que no son nuestros. Son recursos que nos da el gobierno federal”, sostuvo al recalcar que hay una crisis fiscal en Estados Unidos y consenso entre la población de que hay que reducir el gasto gubernamental.
El Comisionado descartó la posibilidad de un cierre del Gobierno federal pero indicó que es posible que, como resultado de los recortes, surjan ajustes de personal en las oficinas locales de las agencias federales.
Explicó Pierluisi que el Congreso lo que aprobó fue una autorización de gastos para una semana, por lo que en el curso de los próximos días debe aprobar el proyecto que autoriza los fondos para lo que resta del presente año fiscal, que concluye el próximo mes de septiembre.

Proyectó que el mismo se aprobará como temprano el próximo miércoles y como tarde el viernes, ya que el sábado comienza el receso congresional de semana santa.
Aseguró que estará pendiente del contenido del proyecto de resolución donde se detallan los cambios y recortes para cerciorarse que no se discrimina contra Puerto Rico y precisar cuántos y dónde serán los recortes que impactarán a la Isla.
Dicho proyecto, adelantó, debe estar ya disponible durante el día de mañana lunes o el próximo martes.

Drama por cierre federal llega a la Isla

De concretarse el cierre del Gobierno Federal, once mil empleados federales que trabajan en Puerto Rico se verían dramáticamente afectados al dejar de cobrar sus salarios, afirmó el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi.


El acuerdo entre la Casa Blanca y el Congreso sobre el presupuesto del 2011 -que evitaría el cierre- debe producirse en o antes de la media noche del viernes.


Pierluisi se mostró optimista de que el cierre no se produzca, pero indicó que, de concretarse, “la gran mayoría de los empleados federales en la Isla, que son 11 mil empleados, estarían fuera de la nómina federal mientras dure el cierre”.


A su juicio, debe haber un acuerdo para mañana viernes y, de no ser así, se aprobaría una extensión del presupuesto por una semana para luego aprobar la resolución concurrente con el presupuesto nuevo. En caso de que se dé el cierre, Pierluisi no cree que dure más de una semana.


“Hay un ambiente muy tenso. Hay mucha controversia, incertidumbre por las negociaciones que están en curso. El presidente Barack Obama destacó al vicepresidente Joe Biden en el Congreso para que intervenga también. Hay mucha actividad y a los miembros del Congreso nos están manteniendo debidamente informados”, aseguró Pierluisi en referencia al ambiente en Washington.


El funcionario recordó que el último cierre del Gobierno Federal fue en el 1996 y en esa ocasión los empleados federales recibieron un pago retroactivo cuando retornaron a sus puestos. En esta ocasión, no se puede anticipar que ocurra lo mismo, advirtió Pierluisi.


Las agencias federales en el País tendrían escaso personal en caso de cierre, dijo Pierluisi al explicar el cuadro en cuanto al funcionamiento de las oficinas. Aunque los programas federales no quedarían paralizados, los desembolsos en los días del cierre sí se verían afectados. No obstante, los beneficiarios del Seguro Social no se verán afectados porque existe una ley federal que garantiza que los pagos salgan a tiempo.


Pierluisi ya se puso en contacto con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos a nivel local para que atiendan las reclamaciones del beneficio por desempleo de los empleados federales que así lo soliciten.


Al cierre de esta edición, el tranque continuaba pues los republicanos en el Congreso estadounidense promueven recortes en el presupuesto de más de $60 mil millones.


“Ya en este año fiscal hemos visto recortes de $20 mil millones. La diferencia es de entre $40 mil millones a $50 mil millones entre la postura del ala conservadora republicana y los demócratas”, sostuvo Pierluisi.


Ante este panorama, anticipó: “al final del camino vamos a ver recortes de alrededor de la mitad de lo que pretendían cortar los republicanos de extrema derecha. Ese es mi pronóstico”.


Y con ese cuadro de recortes presupuestarios, el Comisionado Residente tendría que pelear por los fondos federales que recibe Puerto Rico, según reconoció. Pierluisi dijo que su defensa se debe a que ya Puerto Rico recibe menos dinero en diversos renglones -como asistencia nutricional- que los estados. “No nos pueden cortar más; sería discriminatorio”, enfatizó.


Igualmente, dijo que intercederá para que no haya recortes en las asignaciones en bloque para la salud y en los $2 mil millones de los fondos de la Ley Federal de Recuperación y Reinversión (ARRA, por sus siglas en inglés) que quedan sin usarse.


CERRARÍAN
* Fuerte San Cristóbal, San Juan
* Fuerte San Felipe del Morro, San Juan
* Bosque Nacional del Caribe (El Yunque)
* Algunos pagos por concepto de incapacidad o beneficios de la Administraci´n de Veteranos podrían retrasarse.
(Fuente: Oficina del Comisionado Residente en Washington)

Fuego cruzado entre reguladores y banqueros

Una moción de la Corporación Federal de Seguro de Depósito (FDIC, por sus siglas en inglés) pidiendo a la Corte de Quiebra en San Juan que ordene a R & G Financial (R&GF) entregar una serie de documentos y que sus ejecutivos se sometan a un interrogatorio para aclarar una vieja transacción interna de $3 millones ha desembocado en un agrio intercambio de acusaciones de irregularidades entre reguladores y banqueros.


Los abogados del FDIC dicen estar buscando si se cometió fraude en los pagos por servicios administrativos hechos por R-G Premier a su matriz, mientras que el bufete tejano que representa a R&GF riposta que el síndico-liquidador abusa de su poder al ir tras una información interna para la cual dice no tiene autorización legal que lo justifique.


La pugna entre regulador y regulado se desarrolla en dos frentes judiciales simultáneos –el Tribunal de Quiebra en el Viejo San Juan y el Tribunal de Distrito federal en Hato Rey.


El primer cantazo lo dio el FDIC, en su capacidad de síndico-liquidador, diciéndole al juez de quiebra Enrique S. Lamoutte que necesita acceso a extensa información sobre un acuerdo administrativo entre R&GF con su difuntas subsidiarias, incluyendo con el banco R-G Premier, para ver si fue o no una transacción fraudulenta permitiendo pagos por servicios para los cuales los examinadores federales dicen no encuentran evidencia.


Dicho acuerdo que data de 1997 y que fue enmendado en el 2006, le permitía a R&GF cobrarle a todas sus subsidiarias “el 110 por ciento de todos sus costos directos e indirectos y gastos incurridos en sus servicios administrativos, los cuales consistían, entre otras cosas, los salarios y otras compensaciones pagadas a su personal, seguros, servicios legales y gastos generales”. Además de R-G Premier, el acuerdo incluía servicios a R&G Mortgage, R-G Crown Bank en Florida, R-G Insurance Corporation y R-G Investments Corporation.


FDIC: Sin evidencia de pagos


Ahora, sin embargo, un trío de abogados del FDIC en Boston, Virginia y San Juan cuestiona la validez de este acuerdo interno y señalan que no han encontrado evidencia que confirme ni los términos del compromiso ni los trabajos realizados. En su moción alegan que el compromiso de R&GF con sus distintas reencarnaciones corporativas exigía que la empresa matriz le cobrase trimestralmente por sus servicios administrativos a las subsidiarias, para lo cual tenían que someter prueba de los trabajos. El acuerdo también establecía una tarifa a cobrar por estos servicios a dividirse equitativamente entre las distintas entidades basándose en una fórmula que tomaba en consideración los activos y ganancias del trimestre precedente de cada una de las entidades.


Pero el FDIC afirma que tras buscar en los expedientes del desaparecido banco no encontró evidencia que sostenga ninguno de los pagos de gastos hechos a R&GF ni copia de la fórmula con la cual se hicieron los desembolsos. Los examinadores federales dicen que lo único que encontraron fueron unos recibos internos y una hoja de cálculo electrónica.


R&GF: Se burlan de sus derechos


A esto, R&GF respondió indignada acusando al síndico-liquidador de simplemente estar buscando información para usarla en “un número indeterminado de otros litigios” en su contra, sin tener base legal que respalde la acción del gobierno. “Al FDIC no se le puede permitir que se burle de las tradicionales y bien establecidas restricciones en el proceso de descubrimiento de prueba en el Tribunal de Distrito federal usando un ‘fishing expedition’ en el caso de bancarrota”, dice la moción del bufete de Patton Boggs en Dallas, Texas, usando un término que define una búsqueda general de culpabilidad sin tener evidencia sólida, algo normalmente vedado a las autoridades.


Irónicamente, fueron los propios abogados del FDIC los que inicialmente le dijeron a la Corte de Quiebra que como síndico-liquidador de una fallida entidad asegurada por el Gobierno federal, el regulador tiene poderes extremadamente amplios para buscar información sobre la condición fiscal de una unidad en sindicatura bajo la llamada Regla 2004 que pueda recobrar el dinero, incluyendo el emprender la controvertible ‘expedición de pesca’.


¿Litigando en años por venir?


En su moción del 9 de marzo, el FDIC también alegó que “puede evitar y recobrar transferencias efectuadas en un período de 5 años que precedan la sindicatura y en algunas circunstancias este período puede ser aún más largo”, refiriéndose a las leyes de Puerto Rico.


R&GF, sin embargo, refutó estos reclamos del FDIC, los cuales dice el síndico-liquidador viene haciendo desde principio de año sin contestar su solicitud de que defina la autoridad legal que reclama tiene para justificar el pedido de la extensa documentación ni explica en qué rol el FDIC está pidiendo la información –si como acreedor en el caso de quiebra de R&GF, si como síndico de R-G Premier o si en alguna otra capacidad.


R&GF se acogió a la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebra en mayo 14 del año pasado, exactamente dos semanas después que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y el FDIC cerraron las puertas de R-G Premier, pero en semanas recientes recurrió al Tribunal de Distrito demandando al FDIC para que libere depósitos que tenía en el banco colapsado y que le de acceso a las pólizas de seguros que proveen cubierta a los directores y ejecutivos del banco con los cuales poder cubrir sus gastos legales. En su demanda, R&GF también pidió al Tribunal federal que, entre otras cosas, le ordene al síndico-liquidador que le pague los polémicos $3 millones por servicios administrativos. Y que se le pague más de $1 millón en renta atrasada en el edificio propiedad del fundador del banco, Víctor Galán.


Este reclamo todavía no lo ha contestado el FDIC, pero ya para el 23 de diciembre uno de sus bufetes en Washington, D.C., Hughes Hubbard, le había mandado una carta de cobro por $2,200 millones a los ex ejecutivos y directores de R-G Premier Bank, para repagar “pérdidas sufridas por (sus) actos ilícitos u omisiones.”