Los abogados del FDIC dicen estar buscando si se cometió fraude en los pagos por servicios administrativos hechos por R-G Premier a su matriz, mientras que el bufete tejano que representa a R&GF riposta que el síndico-liquidador abusa de su poder al ir tras una información interna para la cual dice no tiene autorización legal que lo justifique.
La pugna entre regulador y regulado se desarrolla en dos frentes judiciales simultáneos –el Tribunal de Quiebra en el Viejo San Juan y el Tribunal de Distrito federal en Hato Rey.
El primer cantazo lo dio el FDIC, en su capacidad de síndico-liquidador, diciéndole al juez de quiebra Enrique S. Lamoutte que necesita acceso a extensa información sobre un acuerdo administrativo entre R&GF con su difuntas subsidiarias, incluyendo con el banco R-G Premier, para ver si fue o no una transacción fraudulenta permitiendo pagos por servicios para los cuales los examinadores federales dicen no encuentran evidencia.
Dicho acuerdo que data de 1997 y que fue enmendado en el 2006, le permitía a R&GF cobrarle a todas sus subsidiarias “el 110 por ciento de todos sus costos directos e indirectos y gastos incurridos en sus servicios administrativos, los cuales consistían, entre otras cosas, los salarios y otras compensaciones pagadas a su personal, seguros, servicios legales y gastos generales”. Además de R-G Premier, el acuerdo incluía servicios a R&G Mortgage, R-G Crown Bank en Florida, R-G Insurance Corporation y R-G Investments Corporation.
FDIC: Sin evidencia de pagos
Ahora, sin embargo, un trío de abogados del FDIC en Boston, Virginia y San Juan cuestiona la validez de este acuerdo interno y señalan que no han encontrado evidencia que confirme ni los términos del compromiso ni los trabajos realizados. En su moción alegan que el compromiso de R&GF con sus distintas reencarnaciones corporativas exigía que la empresa matriz le cobrase trimestralmente por sus servicios administrativos a las subsidiarias, para lo cual tenían que someter prueba de los trabajos. El acuerdo también establecía una tarifa a cobrar por estos servicios a dividirse equitativamente entre las distintas entidades basándose en una fórmula que tomaba en consideración los activos y ganancias del trimestre precedente de cada una de las entidades.
Pero el FDIC afirma que tras buscar en los expedientes del desaparecido banco no encontró evidencia que sostenga ninguno de los pagos de gastos hechos a R&GF ni copia de la fórmula con la cual se hicieron los desembolsos. Los examinadores federales dicen que lo único que encontraron fueron unos recibos internos y una hoja de cálculo electrónica.
R&GF: Se burlan de sus derechos
A esto, R&GF respondió indignada acusando al síndico-liquidador de simplemente estar buscando información para usarla en “un número indeterminado de otros litigios” en su contra, sin tener base legal que respalde la acción del gobierno. “Al FDIC no se le puede permitir que se burle de las tradicionales y bien establecidas restricciones en el proceso de descubrimiento de prueba en el Tribunal de Distrito federal usando un ‘fishing expedition’ en el caso de bancarrota”, dice la moción del bufete de Patton Boggs en Dallas, Texas, usando un término que define una búsqueda general de culpabilidad sin tener evidencia sólida, algo normalmente vedado a las autoridades.
Irónicamente, fueron los propios abogados del FDIC los que inicialmente le dijeron a la Corte de Quiebra que como síndico-liquidador de una fallida entidad asegurada por el Gobierno federal, el regulador tiene poderes extremadamente amplios para buscar información sobre la condición fiscal de una unidad en sindicatura bajo la llamada Regla 2004 que pueda recobrar el dinero, incluyendo el emprender la controvertible ‘expedición de pesca’.
¿Litigando en años por venir?
En su moción del 9 de marzo, el FDIC también alegó que “puede evitar y recobrar transferencias efectuadas en un período de 5 años que precedan la sindicatura y en algunas circunstancias este período puede ser aún más largo”, refiriéndose a las leyes de Puerto Rico.
R&GF, sin embargo, refutó estos reclamos del FDIC, los cuales dice el síndico-liquidador viene haciendo desde principio de año sin contestar su solicitud de que defina la autoridad legal que reclama tiene para justificar el pedido de la extensa documentación ni explica en qué rol el FDIC está pidiendo la información –si como acreedor en el caso de quiebra de R&GF, si como síndico de R-G Premier o si en alguna otra capacidad.
R&GF se acogió a la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebra en mayo 14 del año pasado, exactamente dos semanas después que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y el FDIC cerraron las puertas de R-G Premier, pero en semanas recientes recurrió al Tribunal de Distrito demandando al FDIC para que libere depósitos que tenía en el banco colapsado y que le de acceso a las pólizas de seguros que proveen cubierta a los directores y ejecutivos del banco con los cuales poder cubrir sus gastos legales. En su demanda, R&GF también pidió al Tribunal federal que, entre otras cosas, le ordene al síndico-liquidador que le pague los polémicos $3 millones por servicios administrativos. Y que se le pague más de $1 millón en renta atrasada en el edificio propiedad del fundador del banco, Víctor Galán.
Este reclamo todavía no lo ha contestado el FDIC, pero ya para el 23 de diciembre uno de sus bufetes en Washington, D.C., Hughes Hubbard, le había mandado una carta de cobro por $2,200 millones a los ex ejecutivos y directores de R-G Premier Bank, para repagar “pérdidas sufridas por (sus) actos ilícitos u omisiones.”
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