Aumentan casos de cobro en tribunales

Al igual que aumentan las órdenes de ejecuciones de hipotecas en los tribunales, las cortes están plagadas de demandas de cobro de dinero por parte de compañías que en los últimos años se han dedicado a comprarles a las instituciones financieras las cuentas en pérdidas. 

Estas empresas, que compran a un muy bajo precio los préstamos con atrasos de mueblerías, tiendas por departamentos, tarjetas de crédito, préstamos en financieras y bancos, demandan en los tribunales municipales —bajo el procedimiento civil de la Regla 60— a miles de ciudadanos por sumas que triplican la cantidad inicial otorgada.

Un ejemplo es que una deuda de tarjeta de crédito de $2,000 puede ser cobrada en los tribunales por $8,000, mientras que un préstamo de $5,000 se puede elevar a $14,000.

Antes, las demandas de cobro de dinero bajo la Regla 60 no excedían de $5,000, pero tras una modificación a las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, empujada por las propias compañías de cobro y posteriormente aprobadas por el Tribunal Supremo y la Legislatura, el tope aumentó a $15,000.

Esto ha provocado un aumento en el número de demandas que se radican bajo la Regla 60. Lo que evidencia el hecho de que el año fiscal 2012-2013 las cortes atendieron 30,476 casos, un aumento de 8.7 % en comparación con el año fiscal anterior.  

Jueces que ven los casos reconocen la dramática alza en las demandas de cobro de dinero y admiten que están atados de manos respecto a las normas que dicta el procedimiento.

Abogados consultados por el Periodico aseguran que la Regla 60 es “bien atropellante para el deudor”, ya que es un procedimiento sumario (rápido) que busca dictar sentencia inmediata.

“El problema de la Regla 60 es que no está diseñada para deudas que levanten dudas, es un deseo de ver el caso de inmediato por papeles, donde, a raíz de lo que dicen los papeles, se dicta sentencia y se acabó. A veces en los casos hay unas defensas válidas que no se pueden ver de prisa principalmente cuando toda la información la tiene la parte que demanda”, destacó a el Periodico Armando Cardona, quien funge como abogado de Vivian Jirec en una demanda de cobro de $8,000 radicada por Operating Partners.

La representada de 74 años plantea que la deuda no es suya. Su abogado asegura que una práctica común de las compañías de cobro es adjudicarles deudas a personas de edad avanzada que tienen alguna propiedad a su nombre. 

Con Cardona coincide la ciudadana Flor María Rodríguez Rivera, quien —no obstante— prefiere llegar a un acuerdo con la parte demandante (Operating Partners) con tal de no seguir pisando un tribunal.

“Ellos me están cobrando una tarjeta de crédito de tres mil y pico de dólares. Yo padezco de artritis en las piernas, cáncer y soy diabética. Esa deuda no es mía, pero la pagaré. Aportando $100 al mes para no volver aquí”, dijo Rodríguez Rivera a su salida del tribunal de primera instancia de Toa Baja.   
De hecho, durante la mañana del jueves 2 de octubre, en dicho tribunal Metro contó que, de los 72 casos que se vieron ese día, 27 correspondían a cobro de dinero bajo la Regla 60.

Este diario también observó que todos esos casos fueron radicados por Operating Partners, empresa que esa mañana era representada por la líder estadista y exsecretaria de Corrección, Zoé Laboy. 

Metro supo también que el exsecretario general del Partido Nuevo Progresista Ángel Cintrón ha representado en sala a dicha empresa.