Cierra Clubman tras seis décadas

Clubman, la cadena de ropa fina para caballeros, cierra sus puertas tras más de 60 años en el mercado.

Germán Ramírez, presidente de la empresa local, dijo a El Nuevo Día que se vio obligado a cerrar las tiendas debido a la difícil situación económica que vive el país, le afectó el negocio.

El empresario culpó al gobierno por aumentar los costos operacionales y no apoyar a las empresas nativas, así como al Banco Popular y a algunos dueños de centros comerciales porque no lo ayudaron cuando más apretado estaba.

“El gobierno ha destruido la economía. Cada vez que entra una megacadena le da incentivos, subsidios y le ponen todo en bandeja de plata. Pero a nosotros nos suben la luz, el CRIM”, dijo Ramírez.

Señaló además que se vio precisado a irse de Plaza Las Américas porque el centro comercial le subió la renta. “Fuimos de las primeras tiendas que abrieron en Plaza, pero a ellos no les interesa tener tiendas de aquí. De las tiendas originales no queda ninguna”, manifestó el presidente de Clubman.

Clubman, fundada en 1950, llegó a tener 13 tiendas en toda la Isla y más de un centenar de empleados. Pero su suerte empezó a cambiar con el fin de la sección 93, dado que la mitad de su clientela eran los ejecutivos de esas compañías manufactureras, dijo Ramírez.

Con la salida de estas compañías, las ventas de Clubman se redujeron en un 45%. Esa situación se agravó con la llegada cada vez más seguido de cadenas norteamericanas; y con el cambio en el vestir de los caballeros, quienes se inclinan pro estilos más informales a la hora de vestir. 

Con el cierre de la cadena se afectarán 30 empleados directos. Al presente, quedan abiertas solo tres locales, que están en Viejo San Juan, Santurce y San Patricio Plaza. Ramírez tuvo palabras de elogio para los González, dueños de San Patricio Plaza.

“Esa gente sí que me apoyó. Roberto (González) se portó como un caballero, me ayudó un montón. Si no hubiera sido por él, hubiese tenido que cerrar antes”.

Desde hoy empezará una venta liquidación en las tres tiendas, que podría extenderse por las próximas seis a ocho semanas.

En vilo medida sobre ejecuciones hiopotecas.

La banca expresó su oposición basada en que dilataba más el proceso de ejecución.

Esta ley exigiría a los bancos y deudores hipotecarios entrar en un proceso de mediación antes de que se proceda con la ejecución de la vivienda principal.

A sólo cuatro días de vencer el término para la firma del Proyecto 1434, que persigue crear la Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los procesos de ejecución de hipotecas de la vivienda principal, todavía el Gobernador no ha firmado la misma, lo que mantiene en vilo a miles de familias que están próximos a perder sus casas.

Esta ley exigiría a los bancos y deudores hipotecarios entrar en un proceso de mediación antes de que se proceda con la ejecución de la vivienda principal.

Según cifras obtenidas de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), desde del año 2008 hasta el presente se han ejecutado sobre 12,000 propiedades residenciales en Puerto Rico. En la actualidad, hay cerca de 20,000 casos en proceso de ejecución, de los cuales se proyecta que en el año 2013 unas 4,000 familias terminarán perdiendo su hogar. Los datos de OCIF evidencian que en el 2010 se ejecutaron 3,168 hipotecas, en el 2011 unas 3,188 y entre enero a junio del 2012 se han ejecutado 1,601propiedades, unas 200 más que en 2011. Se proyecta que al cierre de año se ejecutarán 3,638, que equivale a un alza de 14%.

 A junio 30 de 2012, existen en la banca 12,369 hipotecas con morosidad de mas de 60 días (el 2.5% del portafolio), 34,411 hipotecas con delincuencia de sobre 90 días (9.31%) en proceso de demanda de ejecución, y 23,214 –“non accrual”- sacados de los libros no recuperables, lo que representa 57,625 hipotecas en proceso de ser radicadas en demanda de ejecución, a las que se le suman 19,503 que ya están en proceso de ejecución.

 José Roberto Acarón, director estatal de AARP, entidad que avala el proyecto, sostuvo que la medida no busca que los deudores no paguen ni cumplan, sino que haya una mediación para que el banco no tenga que ejecutar la casa y que las familias no pierdan sus hogares. “A los bancos no les conviene tener miles de propiedades al año con las que no pueden hacer nada, los propietarios no quieren perder sus propiedades y a los vecinos de estas propiedades no les conviene una ejecución porque deprecia el valor de sus residencias, o sea en este proceso todos pierden”, sostuvo.

 Durante la radicación de esta medida, que inicio en el 2010, la banca expresó su oposición basada en que dilataba más el proceso de ejecución, a la vez que afectaba el mercado secundario. Si el Gobernador no firma la medida en o antes del lunes, impulsar nuevamente la pieza requeriría comenzar el proceso desde cero.

Orden por “consentimiento” contra Doral Bank

En guerra avisada no muere gente.......

Doral Bank figura en la lista de instituciones financieras “en problemas” de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés).

La inclusión de la entidad bancaria en el grupo de instituciones que suponen riesgos al regulador federal fue divulgada por el propio Doral en un informe ante la Comisión de Bolsas y Valores (SEC, por sus siglas en inglés). En dicho informe, la institución también informó que la FDIC y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) emitieron una orden en su contra.

La orden aceptada mediante acuerdo por la institución -convirtiéndola así en una “orden por consentimiento”- exige a Doral Bank y su matriz, entre otras cosas, un plan de capital, otro para disponer en definitiva de activos perdidosos, la contratación de consultores independientes y el personal gerencial adecuado para “restaurar todos los aspectos del banco a una condición de solvencia” y le exige a la junta de directores mayor responsabilidad hacia la supervisión de la institución bancaria, incluso mediante reuniones e informes específicos a los reguladores.

En una conferencia con inversionistas, Glen R. Wakeman, principal oficial ejecutivo de Doral Financial Corp., aceptó que la institución encara circunstancias negativas, pero prefirió insistir en que Doral progresa, señalando que no encara problemas de capital y que ha puesto en vigor diversas medidas para corregir los señalamientos de los reguladores.

“La orden tiene numerosos requisitos, incluyendo objetivos de capital. Es muy importante saber que Doral Bank cumple a cabalidad, y de hecho excede, esos objetivos de capital”, dijo Wakeman.

Explicó que la institución posee capital gracias al acuerdo con el Departamento de Hacienda suscrito en el primer trimestre de este año. Ese acuerdo permitió inyectar unos $200 millones a la base de capital de la institución.

Al presente, según Wakeman, la matriz posee unos $150 millones en capital en exceso, por lo que no será necesario levantar capital para cumplir con la directriz de los reguladores.

La orden exige a Doral un capital básico (Tier 1) de al menos 8%, una relación de capital básico a riesgo de al menos 10% y una relación de capital total a riesgo de al menos 12%. Según el estado financiero para el trimestre que concluyó en junio, los indicadores de la matriz se ubicaron en 9.9%, 12.9% y 14.2%, respectivamente. En el segundo trimestre del 2011, Doral perdió $1.6 millones.

De acuerdo con Wakeman, las nuevas exigencias regulatorias provocaron un alza de unos $8 millones y a futuro, la atención más personalizada a los activos problemáticos de la institución aumentará esa partida entre $3 millones y $4 millones por trimestre, llevándolos en el orden de entre $65 y $69 millones.

“Los pequeños negocios e individuos necesitan atención más personalizada”, explicó Wakeman señalando que la prolongada recesión en la Isla ha requerido gestionar los activos fallidos con una postura más conservadora.

Violaciones al seguro de indundaciones

Aparte de las exigencias regulatorias para mejorar diversos procesos internos en Doral,el examen de cumplimiento que motivó la orden por parte de la FDIC y la OCIF reveló deficiencias en el cumplimiento de la ley federal de Seguro por Inundaciones Nacional, lo que provocó que la institucion fallara en proveer esa cubierta de seguros para los consumidores que adquieren préstamos hipotecarios.

Ello supondría penalidades en unos $135,000, estimó Doral.

Mientras Doral se ve obligado a operar bajo mayores restricciones impuestas por el regulador (las que incluyen tener la aprobación de estos para nombrar nuevos oficiales gerenciales de alto rango o directivos), la institución´ sostuvo que mantienen negociaciones con la Reserva Federal de Nueva York para modificar la orden de cese y desista que pesa sobre la institución desde marzo de 2006.

En los pasados dos años, la FDIC y la OCIF emitieron órdenes correctivas contra FirstBank, los desaparecidos R-G Premier Bank, Westernbank y Eurobank.

Puerto Rico podría vender sus corporaciones públicas

Puerto Rico ha logrado avances en sus finanzas públicas y en la promoción de la actividad empresarial, pero su bajo nivel de participación laboral requerirá negociar con el Gobierno estadounidense y hasta habrá que disponer de las corporaciones públicas, a raíz del alto endeudamiento de la Isla, dijo ayer Juan Carlos Hidalgo, analista de política pública en América Latina para el Instituto Cato.

De acuerdo con Hidalgo, Puerto Rico “tendrá que entrarles” a los temas estructurales que impiden un mejor desempeño económico, pues no hacerlo supone retos para combatir la pobreza y alcanzar la libertad económica. A la larga, ello incidirá sobre la capacidad del Estado para prestar servicios a la ciudadanía.

Una tasa de “espanto”

“El hecho de que la participación laboral de Puerto Rico sea de 41%, o sea, menor que Italia, es una cuestión de espanto”, sostuvo Hidalgo. Italia es uno de los países con los peores desempeños económicos a nivel global en los pasados diez años.

Según Hidalgo, si Puerto Rico fuera un país independiente y se analizara su nivel de “libertad económica” en función del índice que promueven el Instituto Fraser y la fundación Heritage, la Isla sería la tercera economía latinoamericana con la mejor posición, precedida por Chile y Panamá con un indicador de 7.37.

El Índice de Libertad Económica analiza diversos factores como el tamaño del Estado en la economía, el gasto tributario, la libertad del comercio internacional y el respeto a la propiedad privada. El número uno implica una economía menos libre y, por ende, con niveles de pobreza más altos, mientras que una sociedad más cerca del valor 10 implicaría menos pobreza y mejores condiciones de vida.

La puntuación sobresaliente de la Isla descansa en sus vínculos con Estados Unidos. Sin embargo, al examinar otros factores como el tamaño del Estado o endeudamiento, la Isla se mueve hacia el deterioro, sostuvo.

“Que seis de cada 10 personas no trabajen y que de los cuatro que trabajan uno lo haga en el sector público, eso, sinceramente, por más reformas que se hagan no es sostenible”, dijo Hidalgo.

Como resultado, el analista dijo que la Isla tendrá que negociar con el Congreso federal para modificar los programas de beneficencia y el salario mínimo federal, haciéndose eco de las recomendaciones vertidas recientemente por la Reserva Federal de Nueva York.

Loas y peros para Fortuño

La respuesta de Puerto Rico a su crisis fiscal y económica fue el tema principal de un foro efectuado ayer en la Isla por la organización Iniciativa Libre, una entidad que promueve la libertad económica entre los hispanos y que está dirigida por uno de los excolaboradores del presidente George W. Bush, Daniel Garza.

Durante el evento, Hidalgo, al igual que Garza y el periodista John Fund, concedieron créditos a la administración del gobernador Luis Fortuño para controlar el déficit, e insistieron en que lo hecho en la Isla podría servir de modelo a otros estados y países.

El lastre de la deuda

No obstante, Hidalgo subrayó que la deuda total de la Isla continúa en aumento, que ya alcanza el 80% del Producto Interno Bruto, un indicador que “eventualmente” se colocaría en niveles insostenibles.

“Creo que tarde o temprano habrá que hacer una inspección y un replanteamiento de cuáles (empresas estatales) podrían trasladarse al sector privado”, sostuvo el analista al explicar que aquí reside la mayor cantidad de deuda pública emitida por la Isla.

Hidalgo manifestó que la transferencia de autopistas y del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín son movidas en esa dirección, estrategias que, a su vez, han sido adoptadas por diversas economías latinoamericanas.

Fortuño sostuvo que su administración ya trabaja con algunas iniciativas dirigidas a revertir la baja tasa de participación laboral y que también está en conversaciones con el Gobierno federal a esos efectos. Particularmente, dijo que su interés es modificar los programas existentes para que los participantes puedan continuar recibiendo ayudas mientras trabajan.

Por otra parte, indicó que el programa de Alianzas Público-Privadas (APP) atiende la situación de endeudamiento del Gobierno y que antes de que termine el año se concretará al menos otro proyecto adicional. “Ni el Gobierno de Puerto Rico ni el Gobierno federal tienen los recursos para hacer las inversiones en infraestructura que se necesitan”, aceptó Fortuño.

“No hemos terminado. Apenas comenzamos”, indicó el mandatario a los participantes del evento en el cual recibió múltiples aplausos por los avances de la economía.

Fortuño destacó la creación neta de 18,000 empleos en el fiscal 2012, unos $4,400 millones de inversión en proyectos de energía renovable que se fraguarán en los próximos meses y los beneficios de la reforma contributiva como frutos concretos de su gestión. “Pusimos el dragón a dieta”, continuó Fortuño al agregar que tanto la situación crediticia como las previsiones económicas son mejores ahora que a su llegada a La Fortaleza en el 2009.