La nueva escena laboral

ROSA ACEVEDO, de 42 años, posee un bachillerato en Ingeniería, una maestría en Administración de Empresas y 16 años de experiencia en la empresa privada. Pero desde hace dos años la manufacturera en la que laboraba cesó operaciones y, desde entonces, busca y no encuentra un empleo que le pague el salario que ganaba antes.

El caso de Acevedo no es la excepción, es la norma en estos tiempos, según los hallazgos del estudio Perspectivas y Tendencias 2012 Recursos Humanos, preparado por la Sociedad para la Gerencia de los Recursos Humanos (SHRM por sus siglas en inglés) y por la firma de consultoría Aon Hewitt.

Una de las conclusiones del estudio es que en Puerto Rico la oferta de talento supera la demanda y debido a la crisis económica ha habido una sustitución de empleos calificados por otros de menor nivel y menor salario.

Dicho estudio es el primero que se realiza a fondo sobre la realidad de los recursos humanos en el sector privado en la Isla. La investigación tomó siete meses e incluyó encuestas, grupos focales, estudios actualizados y entrevistas a expertos en el tema. La meta de SHRM es actualizar esta información anualmente.

En total, en el estudio participaron 120 empresas de distintas industrias, todas con operaciones en la Isla. Sin embargo, los directivos de Aon Hewitt y de SHRM aclararon que el estudio no necesariamente es estadísticamente representativo; aunque sí da una idea clara de cuáles son las tendencias vigentes en el área de recursos humanos, en particular en cuanto a reclutamiento, adiestramientos y compensaciones.

Manuel Bermúdez, presidente de Aon Hewitt, explicó que en el pasado los empleos en el país eran bien pagos y había más demanda por ingenieros, gerentes y profesionales. “Ahora es salario mínimo y la demanda es más en servicios y en ‘retail’ ”, indicó.

En cuanto al reclutamiento de gerenciales, el estudio arrojó que ahora los patronos prefieren contratar a ingenieros o financieros, y no tanto a profesionales del área de Mercadeo o Recursos Humanos.

Mientras, los puestos de mayor demanda a otro nivel son los vendedores y los profesionales de la salud, como enfermeras, técnicos de farmacia, sicólogos y trabajadores sociales.

Difícil reclutar gerentes

Pese a que el desempleo continúa a tasas elevadas y que la tasa de participación está por debajo del 40%, a los patronos no se les hace fácil reclutar gerenciales. Según el estudio, les toma 30 días encontrar el candidato idóneo.

“Hay poco apetito laboral a pesar de tanta oferta de talento”, expresó Bermúdez, quien no pudo precisar a qué obedece que no se consiga personal gerencial con más rapidez.

Nilda Guerrero, presidenta de SHRM, dijo que tal vez se deba a que muchos profesionales se han ido del país, aunque también reconoció que algunas empresas rechazan a candidatos competentes por las razones equivocadas.

La óptica precrisis

“Hay empresas que todavía tienen una óptica precrisis, fijándose en cuánto tiempo ha estado sin empleo (el candidato) o cuántas veces ha cambiado de empresa”, señaló la presidenta de SHRM, quien indicó que así se evaluaba antes, pero ya ese análisis no se ajusta a la realidad de nuestros tiempos.

Manifestó que debido a la crisis hay quienes aceptan un empleo con un sueldo inferior, en lo que surge uno que les pague más. Otros prefieren estar desempleados por un tiempo mayor en lo que encuentran un mejor salario.

Adiestramientos estratégicos

En cuanto a los adiestramientos, el estudio encontró que como las empresas tienen hoy un presupuesto más limitado que antes, se concentran en desarrollar el potencial de liderato de los gerenciales, y no tanto en proveerles conocimientos técnicos. Mientras, para los profesionales y personal de apoyo los adiestramientos están más enfocados en las competencias técnicas.

El 55% de las empresas entrevistadas invierte más de $1,000 anuales en adiestramientos por gerente; mientras el 73% invierte menos de $500 al año por cada empleado no gerencial.

El reto es avanzar más con los adiestramientos en línea, dijo Bermúdez, al tiempo que señaló que todavía existe una fuerte percepción entre patronos y empleados de que el adiestramiento presencial es más efectivo. Además, las empresas aún deben establecer métricas para calcular el rendimiento de la inversión en adiestramientos.

Por otra parte, los beneficios marginales representan el costo laboral más alto, después de los salarios. Por ello, uno de los retos mayores para cualquier patrono es mantener controlado dicho costo.

El plan médico es apreciado

Según el estudio, el plan médico a empleados es el beneficio de mayor prevalencia en el sector privado. El 80% de los beneficiados tiene cubierta familiar o individual, mientras muy pocos tienen cubierta para parejas sin hijos.

El costo del plan médico en Puerto Rico es entre un 55% y 65% más barato que en Estados Unidos, según los expertos en compensaciones entrevistados. Allá el costo promedio de un plan familiar es $520 mensuales, mientras uno individual cuesta $210 al mes.

En la actualidad, las empresas en la Isla aportan el 70% del costo del plan de salud, mientras el empleado aporta el restante 30%. “Una década atrás la proporción era 80% - 20%”, dijo Bermúdez. Agregó que las empresas ofrecen el beneficio de plan de retiro como una medida de responsabilidad social y retención de talentos.

No hay duda de que controlar el costo del plan médico es una prioridad para las compañías privadas, así como establecer programas efectivos de bienestar, ya que esto último ayuda a prevenir aumentos en los costos de los planes de salud.

Lo que valora el empleado

Según Bermúdez y Guerrero, el salario no es lo único que valoran los empleados como recompensa a su trabajo. Indicaron que tanto las empresas como el personal consideran también otros factores motivacionales, tales como: el paquete de beneficios, el balance entre la vida personal y el trabajo, el reconocimiento a su desempeño, así como las oportunidades de desarrollo profesional que ofrezca el patrono.

No obstante, lo anterior no significa que el salario no juegue un papel importante a la hora de diseñar las estrategias de atracción y retención de personal. De hecho, este año las empresas darán, en promedio, un 3.4% de aumento salarial a todos los empleados, sin importar su jerarquía, según el estudio.

El año pasado, las que dieron aumento ofrecieron 3.1%. “En el 2008 el 50% de las empresas no dio aumento. Estamos recobrando los niveles de incremento salarial de hace 10 años”, señaló el presidente de Aon Hewitt.

Los bonos crecen

Respecto al bono de Navidad, que tanta controversia causó cuando en el cuatrienio pasado se aumentó escalonadamente el mínimo a pagar, hoy más de la mitad de las empresas encuestadas dijeron que pagan más del mínimo legal.

En el 2008, el 57% de las compañías otorgó la cantidad mínima de Bono de Navidad, de $600, pero ese porcentaje ha bajado hasta el 42% en el 2012.

Otra tendencia que salió a relucir en el estudio es que hay un número cada vez mayor de empresas que ofrecen un bono de desempeño a sus empleados, adicional al salario base.

Bermúdez dijo que esa práctica de dar bono por desempeño casi no se veía hace cinco años, pero desde entonces ha crecido vertiginosamente. La mayoría de las empresas la limita a la alta gerencia, pero hay algunas que han empezado a extenderla a toda la plantilla.

“Es muy sano esta práctica porque recompensa de acuerdo al desempeño individual y al de la firma. No aumenta los costos porque solo se da si el desempeño de la empresa mejora. Es la mejor manera de paliar la crisis”, aseveró el ejecutivo de Aon Hewitt.

La Reforma Laboral

Aunque muchos expertos de recursos humanos están de acuerdo con esa premisa, donde no existe consenso es en el tema de Reforma Laboral, según evidencia el estudio, donde las opiniones quedaron divididas.

Más de dos terceras partes de los entrevistados (68%) opinó que la legislación laboral actual es efectiva; mientras el 32% restante considera que es limitante al hacer negocios.

De los encuestados, el 78% dijo que no tiene convenio colectivo en su empresa, solo el 22% lo tiene. Pero todos coincidieron en que la incidencia mayor de reclamaciones es por despido injustificado (32%), seguido por discrepancias en el manejo de licencias (27%).

A juzgar por los resultados del estudio, el mercado laboral ha sido marcado por la recesión. De cara al futuro, el reto será trabajar para aumentar los empleos bien pagos y la tasa de participación laboral en la Isla, independientemente de si hay o no una reforma laboral el próximo cuatrienio.

“No hay duda de que el reto es más complejo ahora y una reforma laboral puede ayudar a que eso suceda; pero no será lo determinante. Lograrlo dependerá de elementos macroeconómicos, como el crecimiento de las inversiones y del Producto Interno Bruto”, concluyó el presidente de Aon Hewitt.

Cifras del desempleo que no cuadran

La reducción en el desempleo anunciada por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos refleja discrepancias significativas entre sus números y las cifras del Negociado federal del Censo.

Para el 2010, el Departamento del Trabajo estableció la tasa de desempleo en 16.1% cuando el Censo la colocó en 19%. La discrepancia se repite en el 2011 con un desempleo, según la agencia estatal, de 15.7% mientras el Censo pone la cifra de 18.5%, según la Encuesta de la Comunidad Americana, publicada la semana pasada por esta agencia federal.

Según la demógrafa Judith Rodríguez, estas diferencias se deben principalmente a que el Gobierno local sacó fuera de la fuerza laboral a miles de desempleados y los colocó como estudiantes no activos económicamente. Esto ocurrió tanto en el 2010 como en el 2011.

A esto se le añade el hecho, reconocido por el mismo Gobierno, de que usan para sus cálculos las cifras poblacionales del 2000. Para entonces, la Isla tenía 350,000 habitantes más que los reportados en el último censo del 2010.

“Es un error garrafal lo que están haciendo, y si no se ha cambiado en la actualidad, las diferencias para el 2012 deberían ser peores”, dijo Rodríguez, mientras examinaba los números ayer.

De hecho, según cálculos de Rodríguez, la cifra de desempleo en la actualidad puede haber alcanzado el 20.7%. Esto implicaría la mayor tasa desde mediados de la década del 1980. Actualmente, el Gobierno estima la tasa de desempleo en 13.5%.

Error en clasificación

La demógrafa señaló que la reducción se alcanzó, principalmente, con la reclasificación de los miles de desempleados. Estos no fueron contados como parte de la fuerza laboral porque fueron movidos al renglón de estudiantes económicamente inactivos. Es decir, con el cambio en la clasificación los sacaron de las categorías que se computan para calcular la tasa de desempleo.

El efecto matemático es simple. En la medida en que se baja la cantidad de desempleados, baja la tasa de desempleo, aun cuando también se reduce la fuerza laboral, que sirve de dividendo en la ecuación.

El Nuevo Día estuvo todo el día tratando de obtener una respuesta a estas dudas de parte del Departamento del Trabajo. Pasadas las 7:00 de la noche, la agencia envió una comunicación escrita explicando el uso del Censo del 2000 para estimar la población. Pero no se refirió a la reclasificación de los desempleados.

Este fenómeno se aprecia con un aumento drástico, desde el 2010, en la cantidad de estudiantes fuera de la fuerza laboral, según los datos del Gobierno.

Entre el 2006 y el 2009, este grupo de estudiantes rondó entre los 300,000 y los 316,000 individuos. No obstante, la cifra aumentó en un 11% (355,000) entre el 2009 y el 2010. En el 2011, el número volvió a aumentar, esta vez en un 7% (379,000).

Esto discrepa muchísimo con los datos del Negociado del Censo, que estima la tasa de desempleo usando la misma metodología que el Departamento del Trabajo. Entre el 2009 y 2011, las estadísticas de esta agencia federal mostraban, para Puerto Rico, reducciones de 6.4% en la cantidad de estudiantes fuera de la fuerza laboral. Es decir, mientras el Departamento del Trabajo elevaba este número, el Gobierno federal los bajaba.

Todo esto tiene un efecto directo en la tasa de desempleo, afirmó la demógrafa, que por años impartió clases en la Universidad de Puerto Rico.

Otras categorías de personas que caen fuera de la fuerza laboral también han mostrado alzas significativas, pero pueden ser explicadas por fenómenos demográficos, dijo.

Entretanto, el uso de los datos del Censo del 2000 como base para las proyecciones poblacionales le quita certeza a los números, especialmente con las migraciones intensas y las bajas en natalidad que se han registrado en la última década.

“Mientras más viejo es el dato, más te alejas de la realidad. Parecería que (el Departamento del Trabajo) no está consciente de los cambios grandes que hubo en la población que terminan afectando todos los estimados”, dijo la demógrafa.

Un segundo demógrafo, que prefirió que no se le identificara para evitar represalias, concurrió con prácticamente todo el análisis de Rodríguez.

El Departamento del Trabajo afirmó que las estadísticas las trabajan en coordinación con el Negociado federal de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) para asegurar la transparencia de los datos.

“Puerto Rico no incluyó los datos poblacionales del Censo 2010 en la Encuesta de Grupo Trabajador, ya que se encuentra atendiendo asuntos técnicos de la Encuesta, como lo es el desarrollo de una metodología para calcular los controles poblacionales por edad y sexo”, expresó la agencia por escrito.

Vital para la economía

El economista José Alameda, por su parte, señaló que la tasa de desempleo es uno de los indicadores macroeconómicos que constantemente se usan para evaluar la economía de un país. De hecho, afirmó que es uno de los indicadores que pueden estimular o desalentar la inversión privada.

“El inversionista internacional busca, en general, la capacidad de ingreso de las personas para saber si pueden comprar su producto. En un sitio donde el 50% de la población está desempleada, pues no vale la pena llevar una tienda o un servicio”, explicó Alameda.

No obstante, señaló que más allá del desempleo un indicador importantísimo es la tasa de participación laboral, que el Gobierno la coloca en 39.2%, según el boletín de la agencia de agosto de este año. Esto representa una baja de 0.7% desde julio. “Eso es un número que está muy bajito y que refleja la gente que deja de buscar empleo porque no encuentra”, dijo Alameda.

¿Sin casa en la edad dorada?

Los niveles más altos de incumplimiento en la hipoteca y embargos hipotecarios se están dando entre familias hispanas mayores de 50 años y con ingresos inferiores a los 50.000 dólares anuales.

Una de las consecuencias más preocupantes de la crisis económica de los últimos cuatro años es que los hispanos mayores de 50 años están perdiendo sus casas a un ritmo acelerado, según un estudio reciente de la Asociación de Personas Mayores de 50 años (AARP).

El estudio de la AARP, que analizó la situación de las hipotecas en Estados Unidos entre 2007 y 2011, indicó que las personas mayores han sido muy afectadas por la crisis inmobiliaria. Entre los hispanos de más de 50 años la tasa de embargos hipotecarios (foreclosure) ha llegado a un 3,9%, un nivel que es el doble de la tasa entre la población blanca, que es de 1,9%.

En todos los segmentos de población las tasas de incumplimiento en las hipotecas aumentaron más de 400% en los últimos cuatro años, dice el estudio. Y según cifras hasta diciembre de 2011, cerca del 16% de los propietarios de más de 50 años estaban “bajo el agua” en sus hipotecas. Es decir, que el valor de sus viviendas era inferior al de los préstamos hipotecarios.

El problema, según el estudio, es que los niveles de deuda hipotecaria aumentaron mucho en los últimos 20 años entre los propietarios de más de 50 años. Mientras en 1989 el 37% de las familias de más de 54 años tenía deuda hipotecaria, en 2010 esa cifra era de 53%. Y entre las personas de más de 65 años los porcentajes pasaron de 21% a 40% entre 1989 y 2010.

Las personas mayores también participaron del auge de endeudamiento. Mientras en 1989 la deuda hipotecaria media de las personas de entre 55 y 64 años era de 33.000 dólares, en 2010 el valor medio llegó a 97.000 dólares. (valores ajustados a dólares de 2010).

Esta es otra lección de la crisis. La realidad es que cuando nos acercamos a la edad de jubilación nuestros niveles de deuda deben reducirse, especialmente la hipotecaria.

La vivienda juega un papel clave en la jubilación de los trabajadores ya que puede representar un capital adicional para cubrir los gastos de jubilación y complementar la jubilación del seguro social, que en general solo debe ser una parte de los ingresos de retiro.

Sin embargo, en los últimos años de auge inmobiliario muchas familias aumentaron el gasto financiado con el patrimonio de las casas. La práctica frecuente era refinanciar la hipoteca aumentando el valor del préstamo a cambio de obtener dinero en efectivo para usar en gastos.

Después los precios de las viviendas empezaron a caer y muchos ya estaban con exceso de deuda. Y al caer los precios las familias enfrentaron el dilema de seguir pagando una hipoteca muy alta sobre casas desvalorizadas o permitir el embargo o foreclosure.

Este problema afectó especialmente a los hispanos mayores de 50 años. Según el estudio, los niveles más altos de incumplimiento en la hipoteca y embargos hipotecarios se están dando entre familias hispanas mayores de 50 años y con ingresos inferiores a los 50.000 dólares anuales.

“La crisis inmobiliaria de Estados Unidos está lejos de terminar y entre las personas mayores el porcentaje de préstamos con más de 90 días de atraso es históricamente alto. Las personas mayores enfrentan el doble desafío de ingresos decrecientes y la posibilidad de perder sus casas”, concluye el informe de AARP.

¿Traerá despidos la venta de Onelink?

La consolidación  entre dos empresas,  por lo general,  trae consigo reducción de empleos, cosa  que podría ocurrir si se aprueba la compra de   OneLink Communications a manos de Liberty Puerto Rico.

En junio, Liberty confirmó su intención de comprar a OneLink por $585.3 millones. La transacción aguarda por aprobación de los reguladores y se espera que esté concretada para finales del año en curso. 

Aunque ni OneLink ni Liberty se han expresado al respecto,  personas relacionadas con  la transacción aseguran que de surgir despidos tras la fusión, serian muy pocos los empleados afectados.

Esto considerando el  tamaño de la operación y a la cantidad de clientes que Liberty tendrá que asumir tras la transacción.

“Ellos (Liberty)  van a necesitar  empleados para darle servicio a los clientes de OneLink”, confirmó una fuente ligada a la industria de las telecomunicaciones. “En todo caso los que se pudieran ver más afectados son los empleados administrativos por  duplicidad”, agregó.

De todas formas el informante aclaró que es muy temprano para saber lo que va a pasar con los empleados.

Sin embargo destacó que a los empleados de OneLink los cobija una unión patronal que posiblemente  ha formado parte de la negociación y velará porque se salvaguarden los derechos de los empleados. 

Al momento del anuncio de la compra, Naji Khoury, presidente de Liberty Puerto Rico, aseguró a El Nuevo Día que el proceso deberá estar completado para el último trimestre de este año.

“He estado en estos procesos de compraventa en muchas veces y te puedo decir que siempre la finalidad es lograr eficiencias. Sin embargo, ahora con OneLink es diferente porque no compartimos un mismo público”, dijo Khoury.

El ejecutivo  enfatizó que, de aprobarse  la transacción, ellos van a necesitar los puntos de ventas y empleados para continuar ofreciendo los servicios a esa región metropolitana donde OneLink concentra su operación.

Sistémico el problema de desempleo

En Puerto Rico, seis de cada 10 personas no trabajan y de los cuatro que trabajan uno labora en el sector público.

A juicio de Juan Carlos Hidalgo, analista de política pública en América Latina para el Instituto Cato –con sede en Washington, D.C.– urge que la Isla aumente su tasa de participación laboral para poder desarrollar la economía.

No obstante, el analista –miembro del Instituto que se cataloga no partidista– negó que el gobernador Luis Fortuño sea el responsable de la baja participación laboral en el País.

Hidalgo sostuvo que se trata de “un problema sistémico” que incluye entre otros factores “el alto salario mínimo que existe en Puerto Rico y que genera desempleo”.

“Sé que cuando hice las declaraciones, miembros del partido opositor las utilizaron para atacar al Gobernador como si fuese el responsable de la baja participación laboral, pero esto es un problema sistémico”, sentenció.

El analista visitó la Isla la semana pasada como parte de un foro económico organizado por Iniciativa Libre.

“El desempleo en el área juvenil es de 40 por ciento. El salario mínimo tan alto está afectando las posibilidades de empleo y, por otro lado, las transferencias de fondos federales que promueven el asistencialismo social”, amplió en entrevista con EL VOCERO.
Hidalgo reconoció que el plantear cambios al salario mínimo federal es un tema delicado en la política isleña. Sin embargo, en su opinión, es impostergable.

“Los requisitos para entregar ayuda federal se establecen de acuerdo a las tasas de ingreso de Estados Unidos y no guardan relación con las de la Isla y esto hace que más de la mitad de los puertorriqueños reciban estas ayudas y desalienten la búsqueda de empleo”, subrayó.

“La plata que reciben con ayudas es prácticamente lo mismo que recibirían por trabajar”, añadió.

Hidalgo advirtió que es preocupante que “cuando la gente no trabaja y no adquiere las habilidades se está generando una carga tremenda para la sociedad puertorriqueña en el futuro, con una generación perdida”.

“Esto eventualmente le va a pasar un costo a la economía puertorriqueña y a su sociedad”, sentenció.

Por último, el analista alertó que “Puerto Rico no puede esperar que el Gobierno federal esté ahí siempre para hacer transferencias y pagarle la cuenta, porque los recortes que vienen de Washington, tarde o temprano provocarán que se mire el gasto en la Isla”.

Déficit que no cede

El déficit acumulado del Gobierno se ha disparado hasta casi duplicarse en apenas tres años fiscales.

La brecha entre las obligaciones que tiene el Gobierno, sus actividades y corporaciones públicas versus los recursos que posee se ubicó en $33,678 millones, la cifra más alta que se haya registrado, según consta en el Informe Financiero Consolidado Anual (CAFR, por sus siglas en inglés).

La cifra deficitaria es, a su vez, casi cuatro veces la registrada en el fiscal 2002 y se concretó pese al ajuste fiscal implementado por la administración en el poder y el aumento de los recaudos por nuevos impuestos.

También se produjo con todo y la merma del déficit presupuestario, el antipático despido de empleados públicos y dos planes de estímulo fiscal como mecanismos para atender la insuficiencia de fondos y reactivar la economía.

En arroz y habichuelas

Para entender mejor el cuadro fiscal del Gobierno, se podría comparar con el presupuesto de una familia común y corriente.

En su planificación financiera, esta familia analiza el dinero con el que cuenta hoy día, al igual que los recursos que necesitará en el futuro para cubrir sus necesidades, desde pagos de préstamos hasta dinero para el retiro.

Una vez esa familia hace el análisis, se da cuenta que necesita dos veces más el dinero que tiene disponible para cubrir sus obligaciones actuales y futuras.

¿Cómo nos afecta?

En la medida en que el Estado no tiene suficientes fondos para pagar sus obligaciones y ya se encuentra con un nivel de deuda alto, tiene que recurrir a recortes de puestos, modificaciones en los pagos de pensiones, alzas en impuestos y aumentos en las facturas de los servicios básicos como el agua y la luz, entre otros. Además, el Gobierno se ve limitado a invertir en aspectos medulares como infraestructura, educación, salud y seguridad.

Alerta roja en 2014

El informe, certificado por la firma de contaduría Deloitte, destaca además que los planes de pensiones no tendrán ingresos propios suficientes para cumplir a cabalidad con el pago de pensiones a jubilados a partir del 2014.

“La administración acaba de aprobar una reforma contributiva y espera enfocarse en la reforma de las pensiones, ambas dirigidas a alcanzar un balance estructural a largo plazo”, dice el informe.

No fue posible obtener una reacción del secretario de Hacienda, Jesús Méndez, ayer. El funcionario indicó, sin embargo, que estaría disponible en el día de hoy.

Entendiendo los números

A diferencia del presupuesto operacional y el consolidado del Gobierno, el CAFR puede describirse como una radiografía contable del Gobierno, sus corporaciones públicas y su rol como custodio de activos de individuos, por lo que se considera una importante fuente de referencia para bonistas e inversionistas.

Según el CAFR, a junio del 2011, el Gobierno tenía obligaciones (lo que debe) por unos $48,824 millones. Los activos netos (lo que tiene disponible) con los que contaba para proveer servicios a la ciudadanía rondaron unos $15,146 millones. Así las cosas el déficit gubernamental (la brecha) acumulado se ubicó en $33,678 millones, o un 9.6% más que al cierre del 2010.

Habida cuenta que el fiscal 2009 fue un año de transición entre una administración y otra, en el año fiscal 2008 (el último año del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá), el déficit acumulado del Gobierno se ubicó en unos $17,091 millones.

Al final de la administración de Acevedo Vilá el déficit acumulado también se había duplicado, pero en relación a unos cinco años fiscales.

En el año fiscal 2009, que incluye los últimos seis meses de Acevedo Vilá y los primeros seis meses del gobernador Luis Fortuño, ese déficit se ubicó en $26,346 millones, según el CAFR.

“Si bien se han hecho ajustes no estamos donde necesitamos estar”, dijo el economista Vicente Feliciano al examinar el informe.

En vilo los servicios básicos

“Lo más que llama la atención es que correr los servicios básicos del Gobierno cuesta unos $19,200 millones, pero tenemos unos $15,000 millones y eso, incluyendo el Fondo General y fondos federales”, agregó el director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach.

De acuerdo con la institución de política pública, que ha dedicado buena parte de sus esfuerzos a analizar la compleja situación de las finanzas públicas, “estructuralmente continuamos en una situación precaria, aun contando con las transferencias federales”.

En términos simples, el cuadro fiscal total del Gobierno, tal y como está, significa que, en algún momento, cumplir con las promesas de la reforma de salud, procurar la seguridad de la ciudadanía, viabilizar la mejor educación de los niños y, al mismo tiempo, proveer la infraestructura necesaria para propiciar la actividad económica no será factible.

Según Marxuach, aun cuando prestar ciertos servicios públicos pueda suponer más gastos que recaudos, mantener tal patrón no es sostenible.

“La gente cree que alguien nos va a salvar o que milagrosamente, (el déficit) se va a resolver porque la economía va a crecer. No hay conciencia de la magnitud del problema y no puedes tener un desfase de $3,000 millones todo el tiempo”, agregó Marxuach, quien subrayó que la situación presupuestaria del Gobierno se ha estabilizado.

“Estamos remando contracorriente. La situación hubiese sido peor de no haberse adoptado las medidas de ajuste”, dijo, por su parte, el economista Feliciano.

corporaciones y Retiro

Según el economista, los avances para cerrar la brecha fiscal en términos presupuestarios son evidenciables, pero estos quedan opacados por la crítica situación de las corporaciones públicas y los planes de pensiones.

Marxuach coincidió al ejemplificar el caso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la advertencia de Fitch Ratings. Esa agencia clasificatoria expuso anteriormente que la AAA solo tiene recursos para cumplir sus obligaciones hasta el presente año fiscal. En lo sucesivo, según Fitch, la AAA tendrá que aumentar sus tarifas en 50% o recibir ayuda del Fondo General.

Al escudriñar el informe, Feliciano subrayó que la precaria situación de las corporaciones públicas supuso, en el año fiscal 2011, un déficit conjunto de unos $1,341 millones. En el fiscal 2011, el aumento en el déficit acumulado fue de unos $3,251 millones.

En ese cuadro se agregan el déficit en las pensiones y el atraso por parte del Gobierno en cubrir deficiencias actuariales pasadas, que rondan otros $9,200 millones. En total, el déficit actuarial de los principales planes de pensiones del Gobierno rondó unos $33,115 millones.

Soluciones con poco margen

Revertir la tendencia en el déficit, según el economista Feliciano, necesitará de múltiples cursos de acción que ahora resultan impostergables.

Por un lado, el economista sostuvo la urgente necesidad de que la economía crezca vigorosamente. En la medida en que el entorno económico mejore, en mejor posición estará el Gobierno y particularmente, el Fondo General.

“El informe evidencia que hay otros ‘issues’ más allá del avance que se ha hecho en el Fondo General. En la medida en que no se hagan ajustes a los sistemas de pensiones tendrás que hacer más transferencias del Fondo General”, dijo Feliciano.

Tales ajustes tendrán que hacerse a partir del 2013, con menos herramientas y menos flexibilidad, subrayó Marxuach.

“La situación es más delicada de lo que teníamos anteriormente y quien gane tendrá una situación mucho más complicada, mucho menos flexibilidad, cero bonos Cofina, cero fondos ARRA, probabilidades altas de recortes federales”, explicó Marxuach al vaticinar que la siguiente administración de gobierno estará sujeta a múltiples presiones.

Entre estas, Marxuach mencionó las exigencias de la ciudadanía y aquellas de los bonistas y casas acreditadoras, que pedirán decisiones concretas en los planes de pensiones. Mientras, el sector empresarial, y en especial las empresas foráneas, no estarán dispuestas a cubrir la deficiencia financiera mediante más impuestos.

Doral suscribe acuerdo con la Fed

Doral Financial Corp. llegó a un acuerdo con la Reserva Federal que pone fin a una orden de cese y desista que data de unos seis años, pero que también impone múltiples condiciones a la institución con el propósito de que esta pueda regresar a la solvencia y estabilidad necesaria.

El acuerdo se suscribió el pasado 11 de septiembre cuando, entre otras cosas, el regulador federal instruyó a la matriz de Doral Bank a contratar un consultor independiente para identificar el personal gerencial y articular una estructura administrativa que haga factible el buen funcionamiento de la institución; trazar un plan de capital; presentar nuevas metodologías para establecer las reservas y provisiones necesarias por préstamos fallidos, así como declarar en pérdida aquellos activos que así lo ameriten y que no se hayan sacado de los libros de la institución.

De igual forma, la institución financiera no podrá declarar dividendos, nombrar oficiales ejecutivos de alto rango, comprar o redimir sus propias acciones y hasta reestructurar ciertos financiamientos sin que medie la aprobación del regulador.

El acuerdo entre Doral con la Reserva pone fin a una orden de cese y desista que se emitió contra la institución en marzo del 2006, cuando el banco se encontraba inmerso en el recómputo de sus resultados financieros, así como una investigación del regulador bursátil que terminó con imputaciones de inflación artificial de resultados.

Reporte de inspección

Mientras, las condiciones impuestas por el regulador federal se produjeron luego de un reporte de inspección que comenzó el 28 de noviembre del pasado año, según el acuerdo divulgado esta semana.

Asimismo, la determinación se produce luego de que en agosto pasado, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y la institución financiera suscribieron una orden por consentimiento con miras a que Doral corrija las deficiencias en sus controles internos.

Anteriormente, el principal oficial ejecutivo de Doral, Glen R. Wakeman, sostuvo que la institución trabaja insistentemente para cumplir con los reguladores.

Hasta agosto pasado, la institución excedía los requisitos de capital que requiere la reglamentación bancaria.

No obstante, los reguladores no solo confieren clasificaciones a los bancos por su base de capital sino también por otros criterios como gerencia, su liquidez, su capacidad para obtener ganancias o ingresos y como están preparados para reaccionar a la sensitividad de los mercados. Dicho sistema de evaluación suele identificarse como “Camels”.

Sigue en problemas el sector inmobiliario de la Isla

La economía de Puerto Rico ha entrado en una etapa de recuperación, pero la compra y venta de viviendas en la Isla continúa experimentando la secuela de bajos niveles de desocupación y valores todavía deprimidos, indicaron ayer los economistas Joaquín Villamil y Graham Castillo.

En síntesis, se vive en un Puerto Rico, que aunque mejor económicamente, continúa plagado de retos como la reducción y el envejecimiento de la población y la astronómica pérdida de entre $30,000 millones y $40,000 millones en el patrimonio de las familias, a raíz de la corrección inmobiliaria, agregaron.

“Hemos entrado a una etapa de recuperación económica, pero a ritmos muy moderados”, dijo Villamil al señalar que indicadores como las ventas al detal, la venta de automóviles y la relativa reactivación del crédito a individuos y comercios sienta las bases para que la economía crezca en los años venideros.

Según el presidente de Estudios Técnicos, las nuevas previsiones apuntan a que este año terminará con una contracción de dos décimas en el Producto Nacional Bruto en términos reales. En el 2013, la economía crecería 0.20% y en los años 2014 y 2015, haría lo propio, a razón de 0.80 y 1%, respectivamente.

“El empleo ha aumentado en los pasados tres trimestres, pero con una tasa de participación muy baja”, agregó el economista.

Esa realidad es una de las razones para que en la primera mitad del 2012, se vendieran unas 1,540 unidades de vivienda nueva versus las 2,483 que se vendieron en el primer semestre del año anterior.

“El incentivo para la compra de vivienda tuvo un impacto notable”, sostuvo Villamil haciendo referencia a los tratamientos contributivos y bonos para pronto pago otorgados por el gobierno y que llegarán a su expiración en diciembre próximo.

Pico histórico en morosidad

Según Castillo, pese a la mejoría económica, la mejor evidencia de que las familias no se han recuperado del todo de la crisis se encuentra la tasa de morosidad. A marzo, ese indicador representaba un 15% del total de préstamos versus el 2.9% registrado para el 2006. De igual forma, la originación de préstamos hipotecarios, se ubicó al cierre del 2011, en unos 4,493 casos, el nivel más bajo en seis años.

“Entre $30,000 millones y $40,000 millones se han esfumado de los libros de las familias”, sostuvo Castillo haciendo referencia a la contracción de los valores inmobiliarios en la Isla y al efecto que ha tenido la ejecución de hogares.

Anteriormente, El Nuevo Día reseñó que en Puerto Rico, desde el 2008, se ejecutan unos ocho hogares por cada día del año.

Villamil y Castillo ofrecieron su radiografía del sector inmobiliario residencial durante la vigésima edición del Congreso de Vivienda de la Asociación de Bancos.

En el evento, se presentaron los avances del plan estatal de vivienda, que aspira a proveer hogares asequibles y en respuesta a una población envejecida y con menos poder adquisitivo.

También se discutieron los efectos adversos de la vivienda informal en la planificación de proyectos residenciales y el incremento en costos de construcción. Esto como secuela de los costos “extramuros”, que son las inversiones que tienen que hacer los desarrolladores en infraestructura eléctrica, potable y vial como requisito para obtener los permisos de construcción para proyectos residenciales.

14 municipios mantienen tasa de desempleo por encima del 20%

Los municipios del sureste y el sur de Puerto Rico, desde Maunabo hasta Salinas, son los que sufren hoy la mayor escasez de empleos en la Isla, de acuerdo con la más reciente estadística oficial del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), que coloca a Guaynabo, San Juan y Trujillo Alto, junto a Culebra, como los de mayor disponibilidad de trabajos.

 La región montañosa de Puerto Rico también exhibe tasas de desempleo muy superiores al resto del País.

Según los estimados para el mes de julio de 2012, los municipios de Maunabo (20%), Yabucoa (22.4%), Arroyo (22%), Patillas (21.5%), Santa Isabel (20.8%), Coamo (20.1%) y Salinas tienen todos tasas de desempleo que superan el 20%. Salinas, con un 24.9%, encabeza ese listado.

Guayama no cae en el grupo, pero está muy cerca con una tasa de desocupados de 19.2%, al igual que Guánica y Guayanilla, cuyas tasas están en 18.7% y 18.5% respectivamente.

La proporción mayor de desempleados está, sin embargo, en el municipio de Orocovis, cuya tasa de desempleo se estimó para julio pasado en un 25.3%.

En total, son 14 los municipios que mantienen tasas de desempleo por encima de un 20%, a pesar de la reducción en esa estadística para todo el país que reportó el DTRH para dicho mes de julio, cuando la estimó en 14.8%.

Además de los municipios ya mencionados, están con tasas de desocupación superiores al 20%, Barranquitas (20.2%), Ciales (23.9%), Comerío (23.7%), Florida (21.6%), Adjuntas (23.2%) y Maricao (20.8%).

Los que mejor situación muestran son Culebra, con apenas un 7.9% de desempleo; Guaynabo, con un 9.2% y Trujillo Alto y San Juan, ambos con 10.4%.

 Aún cuando en julio pasado se reportó una reducción en la tasa de desempleo para todo Puerto Rico, según la publicación del DTRH “Estadísticas de Desempleo por Municipio”, en seis de estos se registró un alza en la proporción de desempleados. El aumento en desocupados ocurrió en Barranquitas, Comerío, Florida, Orocovis, Adjuntas y Maricao.

El ABC de las tasaciones

Seis agencias federales, entre ellas el Banco de la Reserva y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), han propuesto modificar la forma en la que se tasan las propiedades, particularmente aquellas que garantizan préstamos hipotecarios de alto riesgo.

La propuesta exige que a la hora de tasar una propiedad, en el caso de ciertos préstamos por encima o por debajo de la tasa básica (prime) se examine, además del exterior (lo que se conoce en inglés como dry-buy), el interior de la residencia. Ello, se cree, asegurará que la valoración sea lo más cercana a la realidad del mercado.

Enrique Casado, presidente del Appraisers Institute en Puerto Rico, indicó que la medida, ahora en la etapa de comentarios públicos, supone en principio mayor complejidad, pero también beneficiaría al consumidor, pues este tendría derecho a recibir una copia de la tasación unos tres días antes del cierre del préstamo.

De igual forma, la regulación financiera busca que las compañías de administración de tasaciones (AMC, por sus siglas en inglés) divulguen los honorarios que cobran por las tasaciones que gestionan luego de que estos profesionales efectúan la valoración del inmueble.

Según Casado, esa decisión podría ser muy favorable a la Isla, pues a raíz del cambio demográfico, la comunidad de tasadores en Puerto Rico se ha reducido. Y si la tendencia continúa, podría dar paso a estas empresas en la Isla, lo que a su vez, aumentaría el costo de las tasaciones.

Pero sobre todo, según Casado y el tasador Carlos Xavier Vélez, las nuevas regulaciones resultan favorables en un entorno donde los valores de las propiedades todavía no han terminado de corregirse.

“En relación al 2009, ahora tenemos un rayito de luz al final de túnel”, dijo Casado al agregar que a pesar de todo esto, la corrección inmobiliaria en la Isla no ha sido tan aguda como en mercados como Orlando.

Regulación Intensiva

Según Casado, mientras las nuevas regulaciones buscan beneficiar al consumidor este, a su vez, podría colocarse en una posición más cómoda si al momento de efectuar una transacción con su propiedad, particularmente una compraventa, decide obtener una tasación para sí.

“La dinámica debe ser que el consumidor busque la tasación porque uno de los elementos más importantes que dan forma al valor a la propiedad es el grado de motivación que haya entre vendedor y comprador”, dijo Casado, quien aceptó que a raíz de la crisis financiera, el escrutinio hacia la labor del tasador se ha intensificado.

Explicó que reguladores bancarios como la FDIC se han vuelto más exigentes al examinar los procedimientos bancarios, incluyendo los financiamientos hipotecarios, lo que ha tenido el efecto de profundizar la complejidad del mercado inmobiliario.

La FDIC, por ejemplo, requiere a los bancos mantener tasaciones actualizadas -un año de vigencia al menos- de los bienes que garantizan los financiamientos otorgados, mientras que las empresas inversoras de hipotecas Freddie Mac y Fannie Mae, adoptaron el año pasado nuevas guías de tasación estableciendo un “código de calidad” que tiene el efecto de uniformar criterios como el tipo y el estado en que se encuentra una mejora realizada en una propiedad, independientemente de su ubicación geográfica.

¿Y las reposeídas?

Tanto Casado como Vélez reconocieron que la tendencia alcista en propiedades reposeídas en Puerto Rico incide en la valoración de los inmuebles, pero no hay efectos absolutos, y cada mercado es único.

Según Casado, las reposeídas compiten, sin duda, con aquellas propiedades que no han sido embargadas, pero sin embargo a la hora de adjudicar el valor de una unidad no serán necesariamente el factor determinante.

Explicó que todo dependerá del número de reposeídas que haya en la comunidad, del estado en que se encuentren y de cómo se haya dado la venta.

“El análisis no puede ser el mismo porque algunos compran estas unidades con fines de inversión, es decir para revenderlas y otras personas las compran para vivirlas”, dijo Vélez.

De igual forma, si en la comunidad se han vendido más propiedades no reposeídas que aquellas que lo están, ese número de transacciones también tiene una influencia en el valor del inmueble y lo mismo sucedería a la inversa.

“Los ajustes más drásticos en el valor están más atados a factores externos que a la propiedad en sí misma”, explicó Vélez al agregar que en ese sentido, la demografía y la falta de empleo incidirán más porque se trata de un cambio en la demanda y la capacidad adquisitiva del comprador.

Eficiencia vs. lujo

Casado recordó que hace unos años, las cocinas espléndidas y baños, terrazas o piscinas de revista se interpretaban como mejoras obligadas para que una propiedad apreciara en valor.

Ahora, sin embargo, las propiedades con valores más estables son aquellas que han hecho mejoras “con propósito”.

“Después de lo sufrido, las personas no están mejorando sus casas para que aumenten de valor sino por el estilo de vida”, dijo Casado. “Nos hemos movido del lujo a la eficiencia”.

“Hay personas que compran una residencia con piscina y la tapan porque es un costo de mantenimiento”, agregó Vélez.

Hizo la salvedad, de que hay mercados, donde las cocinas fastuosas serán necesarias, pero ahora, las inversiones en seguridad parecen más importantes.

“Tener sistemas o puertas y ventanas de seguridad es uno de los factores que más puede atraer a un comprador potencial, lo que puede influir favorablemente en el valor de la propiedad”, explicó Vélez.

Arregle verde

Las mejoras que, a futuro, influirán en el valor de las propiedades serán aquellas para reducir el consumo de agua y luz.

Vélez subrayó que se trata una inversión en la que no hay que entusiasmarse demasiado por el momento. Explicó que la instalación debe pensarse en términos del ahorro que recibirá el dueño actual de la residencia y no la posibilidad de vender para recuperar lo invertido en calentadores solares o placas fotovoltaicas.

“La entrada de los productos verdes coincidió con la recesión y son inversiones costosas que solo se recuperan a largo plazo”, indicó Vélez al agregar que la apertura de las instituciones financieras a financiar estas inversiones supone un giro positivo para el consumidor.

“Todo lo que sea eficiencia energética, influenciará positivamente en mantener y aportar al valor de la propiedad”, dijo Casado al agregar que el Instituto que dirige ya capacita a sus profesionales en la valoración de propiedades con estas innovaciones.