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viernes, 21 de diciembre de 2012

Degradados tres bancos en la Isla 12/21/2012


Moody’s Investors Service degradó ayer la fortaleza financiera de Banco Popular, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y Banco Santander señalando como razones la situación económica de la Isla y el pobre estado de las finanzas públicas.
En el caso de Popular, la degradación también aplicó a las acciones preferidas de la matriz bancaria, así como a las preferidas de los fideicomisos Popular Capital I, II, BanPonce y Popular Norteamérica Capital I.
La degradación de los tres bancos concluye el proceso de revisión para degradación que Moody’s comenzó en el mes de abril y se produce una semana después de que la casa acreditadora empujara el crédito del Gobierno central al borde del grado especulativo y concediera ese nivel a siete corporaciones públicas y la Universidad de Puerto Rico.
En una institución bancaria, una degradación implica pagar más por los fondos que necesita, ya sea para sus planes de negocio o fortalecer su base de capital en un ciclo adverso.
“Los prospectos para una recuperación sostenida están restringidos por las pobres finanzas del Gobierno, caracterizadas por un severamente insolvente plan de pensiones y una creciente y pesada deuda”, se agregó.
Por otro lado, Moody’s excluyó parte de la deuda de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC) del rango “chatarra” que le asignó hace una semana. Moody’s explicó que, por error administrativo, asignó la clasificación Ba1 a la serie 1998A, cuando lo correcto es Aaa, considerada la mejor calidad. La PFC es una subsidiaria del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

miércoles, 19 de diciembre de 2012

El costo de la degradación de los bonos de Puerto Rico


La degradación por parte de Moody’s Investors Service ya le ha costado a Puerto Rico unos $39 millones, pues el Gobierno ha tenido que poner capital para respaldar su cartera de intercambio de intereses o swaps.
Ignacio Canto, tesorero del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), sostuvo que la degradación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) requirió presentar unos $3 millones de capital ante el llamado de márgenes (margin call).
Mientras, la degradación de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) requirió otros $36 millones.
La semana pasada, Moody's declaró “chatarra” parte de la deuda de la ACT y el lunes hizo lo propio el lunes con la deuda de la AEE, luego de degradar en dos niveles, la deuda del gobierno central o GOs.
Un llamado de márgenes se produce cuando el activo que respalda una transacción vale menos que lo estipulado en principio. Ello requiere que el deudor o inversor cubra la deficiencia para cumplir con los términos establecidos.
Movida “esotérica”
La llamada de márgenes para Puerto Rico se produjo porque en los libros del Gobierno hay $4,206 millones en swaps, un instrumento “esotérico” –en palabras de Canto– que Puerto Rico compró por millardos entre el 2007 y el 2008. La compra, explicó Canto, se hizo para tomar prestado y con ello, a su vez, pagar la deuda del Gobierno central y la AEE, entre otras corporaciones públicas.
Los swaps pueden describirse como un seguro para protegerse del riesgo de tasas de interés.
En una hipoteca variable, por ejemplo, el pago mensual puede variar. La lógica del derivado es obtener una ganancia que permita hacer contrapeso a esa fluctuación en los pagos.
En días recientes, Canto y el saliente presidente del BGF, Juan Carlos Batlle, recomendaron al Comité de Transición Entrante continuar con la estrategia de la administración de Luis Fortuño de terminar con los complejos instrumentos y con la deuda variable del Gobierno. Ello, porque una degradación del crédito pondría en mayores aprietos las ya maltrechas arcas públicas.
Azote de seis dígitos
Tal vaticinio parece hacerse realidad ahora. Según el estimado del BGF, si se produjera algún evento de degradación tanto para el Gobierno central como para la AEE y la ACT, y se produjera una degradación de las aseguradoras municipales (que cubren la deuda de la Isla), Puerto Rico tendría que poner unos $128.8 millones y la cifra podría llegar a $194.2 millones con un ajuste de 50 puntos base en tasas de interés.
El escenario no es del todo irreal. Las aseguradoras AMBAC y MBIA ya experimentaron ajustes durante la crisis financiera.
Puerto Rico tuvo que presentar unos $170 millones de colateral cuando Fortuño tomó el mando del Gobierno, dijo Canto. El funcionario insistió en que el colateral sigue siendo propiedad del Gobierno, pues es para fines de cubrir la deficiencia.
Pero para un gobierno con poco dinero, separar capital para transacciones financieras implica no tener ese dinero para pagar partidas como la nómina, suplidores o servicios ciudadanos.
A la llegada de la administración Fortuño, en diciembre de 2008, la cartera de swaps totalizaba $9,010 millones.
“Me he ganado muchos enemigos en Nueva York”, dijo Canto.
Durante los pasados dos años, Canto tuvo a su cargo, negociar la cancelación de los swaps, al mismo tiempo en que el Gobierno pagaba o reestructuraba los bonos con tasas variables. “No hace sentido tener deuda variable en estos momentos, con las tasas cerca de 0%”, dijo Canto, al señalar que lo adecuado sería tener deuda fija a largo plazo.
Canto no quiso pasar juicio a los motivos de la administración del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá para adoptar los swaps. Señaló que la crisis financiera fue muy compleja y que la compra del instrumento no solo se dio en aquí, sino en decenas de países y estados. “Puerto Rico ya tenía problemas de crédito en ese momento”, dijo Canto al agregar que la Isla no tenía forma de acceder a capital.
Reconoció, sin embargo, que la decisión “fue una marometa”, como tantas otras que ha hecho la Isla, porque se trata de un gobierno que no vive según sus medios. Agregó que la Isla no debe entrar en estos instrumentos “esotéricos”, porque “no hay pericia” suficiente en el Gobierno para lidiar con estos.

jueves, 13 de diciembre de 2012

Cientos de negocios no pagan bono !!!!!

 
Unos 768 patronos solicitaron este año al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) que les eximiera del pago del bono de Navidad, informó ayer la secretaria interina Elvira Cancio.
Ese número podría aumentar, ya que aunque la fecha límite para presentar la solicitud venció el pasado 30 de noviembre, la funcionaria indicó que aún “continuamos recibiendo solicitudes remitidas por correo”.
Las 768 solicitudes tramitadas hasta ayer, miércoles, son más o menos la misma cifra que se tramitó el año pasado a esta fecha. La diferencia es 10 menos este año.
Cancio informó que cada una de las solicitudes que someten los patronos es analizada por el Negociado de Normas del Trabajo y luego se les contesta formalmente informándoles si fue o no aceptada.
En la comunicación escrita que envió el DTRH no se especifica cuántos empleados dejarán de recibir el bono de Navidad este año.
No obstante, detalla a cuántas empresas se les denegó la solicitud y cuántas deberán pagar un bono parcial. En este último caso, el bono que deberán pagar las compañías es equivalente al 15% de las ganancias generadas.
Hasta ayer, el DTRH le había concedido la exención a 584 empresas (76%), mientras a 117 patronos (15%) se les respondió que deberían pagar el bono a sus empleados basado en el 15% de sus ganancias.
Otras 20 solicitudes fueron aceptadas, ya que las empresas se encuentran bajo la protección de la Ley federal de Quiebras; y a 47 patronos se les denegó la solicitud, por lo que deberán pagar el bono de Navidad en su totalidad.
La fecha límite para entregar el bono es este próximo 15 de diciembre, a menos que el patrono y sus empleados de mutuo acuerdo hayan convenido otra fecha.
Los empleados que tienen derecho a disfrutar del bono son los que trabajaron, al menos, 700 horas durante el periodo desde el 1 de octubre de 2011 hasta el 30 de septiembre de 2012.
En el caso de los empleados que laboran en los muelles, el requisito es 100 horas o más dentro del periodo indicado.
La cantidad a pagar de Bono de Navidad dependerá del número de empleados que tenga la compañía.
Si hay 15 empleados o menos, el patrono pagará el 3% del salario hasta $10,000, hasta un máximo de $300. Si son más de 15, el porcentaje a pagar es el 6% del salario, hasta un máximo de $600.
Los patronos que no cumplan con esta ley estarán sujetos al pago de multas y penalidades.
Si desea verificar la lista completa de los patronos que solicitaron la exención, acceda a www.trabajo.pr.gov y busque en la sección “Entérate” la Ley del Bono de Navidad.

Estamos en recesión, ahora es que se pone bueno !!!


Contrario a las expectativas de estabilización económica que tenía el país en los pasados meses, la economía local ha entrado en una recesión de doble caída (“double-dip recession”).
Así lo revelaron los economistas Vicente Feliciano y Juan Lara, de la firma Advantage Business Consulting (ABC), en el foro “Retrato de la Industria de Alimentos para el segundo semestre 2012”, organizado por la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA).
“La economía aparenta dar señales de recuperación, con crecimiento bajo, pero positivo”, comentó Feliciano. Pero indicó que tal cosa no es correcta, pues usando las mismas cifras del Gobierno, pero agrupándolas por trimestres, se demuestra que en Puerto Rico ha habido una recesión de doble caída.
Una recesión de doble caída ocurre cuando la economía se mueve de negativo a positivo y luego vuelve a terreno negativo. “Es como cuando un paciente que está enfermo se recupera con los antibióticos, pero luego vuelve a recaer”, dijo Feliciano, presidente de ABC.
Un vistazo al Índice de Actividad Económica (IAE) del Banco Gubernamental de Fomento refleja un valor de 127.9 puntos en el tercer trimestre de 2012, lo que es superior a los 126.7 puntos del año anterior para ese mismo periodo. Pero este es el segundo trimestre consecutivo en el que IAE refleja una reducción, pues en el primer trimestre del presente año alcanzó 129.0 puntos, y para el segundo bajó a 128.1.
Cero crecimiento en 2013
Según Feliciano, todo parece indicar que esa tendencia no cambiará en el corto plazo y la Isla tendrá un crecimiento negativo en el año fiscal 2013.
Señaló que los proyectos de infraestructura grandes, como las escuelas del siglo 21 y la construcción de la PR-66, sirvieron como “antibióticos” pero ya están llegando a su fin; y difícilmente se podrán emprender proyectos similares en tamaño debido al alto nivel de endeudamiento que tiene el Gobierno.
De igual forma, Feliciano recordó que ahora en diciembre terminará el estímulo federal que redujo la retención al Seguro Social, lo que implica que a partir de enero todos los asalariados pagarán dos puntos porcentuales adicionales al Seguro Social. “O sea, habrá un recorte de 2% en todos los salarios”, aseveró.
el sector de alimentos
El panorama para la industria de alimentos tampoco es alentador. Las ventas continúan a la baja, así como el nivel de empleos. En el último año se perdieron 5,500 puestos en el sector.
Para conocer el sentir de los socios de MIDA en cuanto a la economía, ABC entrevistó vía telefónica a 28 líderes del sector, incluyendo mayoristas, detallistas y manufactureros.
La inmensa mayoría de los participantes son empresas locales. Entre los 28 socios entrevistados no figuró Walmart ni ninguno de sus conceptos de negocio en el país, como Sam’s Club, Supercenter o Supermercados Amigo.
El 75% de los encuestados dijo que este año las ventas estuvieron iguales o menores que las del año pasado. Solo un 25% dijo que ha vendido más de 4% por encima del 2011.
La reducción en ventas obedece, en gran medida, a una caída en el volumen de productos. Un 47% dijo que vendió menos cantidad este año. De hecho, algunos comentaron que han sentido la presión en las marcas premium, y han optado por traer más marcas privadas –que son más económicas– debido a la debilidad de la economía.
Mientras, los precios de los alimentos se han mantenido estables. Según el Departamento del Trabajo, los aumentos alcanzan 1.6% para el periodo de agosto 2011 a agosto 2012. Dicha alza es menor a la experimentada en Estados Unidos, que fue de 2% para el mismo periodo.
La encuesta también arrojó que la mayoría de los negocios aumentó su gasto en publicidad, de un año a otro. Asimismo, el 63% dijo haber realizado inversiones “significativas” en el 2012, pero las mismas iban dirigidas a mejorar la eficiencia y no necesariamente a expandir el negocio.
Nuevos competidores
Los encuestados comentaron que ven a las farmacias Walgreens y CVS como un competidor fuerte en la industria de alimentos. Señalaron que los restaurantes de comida rápida también han arreciado la competencia, sobre todo en el renglón de desayunos.
Además, mostraron preocupación ante los posibles recortes en el Programa de Asistencia Nutricional.
De cara al futuro, los entrevistados esperan un crecimiento moderado en las ventas de alimentos, y las mismas serían principalmente debido al aumento en volumen.
Confían, además, mantener el mismo nivel de empleo, pero reducirán las inversiones, lo que es consistente con una economía en contracción.
Por su parte, Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de MIDA, dijo que la industria de alimentos se está consolidando e instó al gobierno entrante a tomar medidas para que esa consolidación no afecte a la competencia.
Mientras Edwin Colón, director ejecutivo de Econo, le pidió a la nueva administración gubernamental que desista de las prácticas de gobiernos anteriores de darles incentivos a las empresas extranjeras y de facilitarles la obtención de permisos, algo que no hacen con las empresas locales. “Ellos no lo necesitan”, expresó Colón.
Al foro asistieron el secretario designado de Desarrollo Económico y Comercio (DEC), Alberto Bacó, y Francisco Chévere, director designado de la Compañía de Comercio y Exportación.
Ojo a los furgonazos
Bacó, quien perteneció a MIDA en el pasado, se comprometió a apoyar al sector de alimentos, y en particular a la agricultura en el próximo cuatrienio.
Sobre el nuevo cargo decretado por parte de las líneas marítimas, señaló que “no es aceptable” y buscará la manera de atender ese asunto.
De igual forma, criticó el denominado “furgonazo”, que es el impuesto que creó la administración de Luis Fortuño para inspeccionar los furgones.
“A mí y al Gabinete nos tienen que convencer de que hace sentido y es costo beneficio”, manifestó.
Bacó también se expresó a favor de que haya un mejor balance entre las grandes cadenas y la empresa local.
“Vamos a aclarar la Ley de Cierre para evitar darles ventajas a las cadenas extranjeras. Se ha perdido el balance, no es que uno no quiera a estas cadenas extranjeras. Nada en contra de las megatiendas, pero hay que rebalancear”, expresó el designado titular del DEC.

sábado, 1 de diciembre de 2012

TRIPLE GOLPE AL CONSUMIDOR


Ante la grave situación deficitaria que enfrentan las tres corporaciones principales del Gobierno, la nueva administración deberá considerar aumentos en las tarifas de agua, luz y peajes para garantizar su funcionamiento.
Uno tras otro, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), José Ortiz y el secretario de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Rubén Hernández Gregorat describieron cómo las corporaciones que dirigen se mantienen a flote mediante préstamos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) o emisiones de bonos, herramientas que difícilmente podrán continuar utilizando a partir de enero. Esto a pesar de que todas operan en una especie de sindicatura del BGF para asegurarse de que mantienen controles fiscales que no empeoren su situación.
En la AAA la insuficiencia puede alcanzar $300 millones para el año fiscal 2014 debido a las mejoras de capital que necesita realizar para cumplir con las reglamentaciones federales y a que no se contempla aún un nuevo subsidio del gobierno central.
“Todos los gastos que podíamos controlar los hemos controlado. Lo que hay que mirar son los costos de electricidad y las negociaciones con la EPA (Agencia de Protección Ambiental, por sus siglas en inglés)”, dijo Ortiz a los miembros del Comité de Transición entrante.
Explicó que en estos momentos, la agencia se encuentra en negociaciones con la EPA para reducir los requerimientos de inversión en obras capitales que están exigiendo.
Por ejemplo, dijo que le han planteado a la EPA que en algunos municipios la necesidad de construir nuevas plantas de tratamiento se ha reducido por el decrecimiento en la población.
Asimismo, destacó la importancia de terminar la adquisición de las hidroeléctricas que ahora posee la AEE para así generar su propia energía y reducir su gasto mayor.
Con esas medidas y la continuación de los proyectos de control de hurto de agua, lectura remota y automatización de plantas, “el déficit estaría por debajo de los $300 millones para el 2014”, dijo Ortiz a preguntas del comité entrante.
Ortiz explicó que para mantener la corporación en presupuesto el plan de la agencia era realizar un aumento de 4% en la tarifa de agua. Eso se detuvo a petición del gobernador Luis Fortuño, quien a cambio autorizó una línea de crédito que ya se terminó.
La idea de privatizar algunos de los procesos de la AAA también fue detenida por el representante del Senado en el comité de las Alianzas Público- Privadas, dijo Ortiz.
Cortocircuito
Mientras, el déficit en la AEE asciende a $200 millones, según admitió Colón, en el quinto día de vistas de transición.
El problema en este caso, explicó Colón, ha sido la reducción en los ingresos de la agencia mientras el costo del combustible se ha mantenido subiendo.
Sin embargo, Colón admitió que la corporación utilizó más de $27 millones en contratos por servicios profesionales relacionados con el gasoducto y pagó $59 millones por la cancelación del proyecto del Gasoducto del Sur, “debido a las oposición de algunos alcaldes”.
En el caso de la Autoridad de Carreteras (ACT), que opera bajo la sombrilla del DTOP, Hernández Gregorat dijo que aunque hay otras alternativas que deben tratarse primero, el aumento en los peajes es una opción para cuadrar las finanzas de esa corporación.
El déficit de la ACT ronda entre los $200 y $300 millones, dijo el funcionario.
aumentos en veremos
Alberto Bacó, copresidente del comité entrante dijo que la administración de Alejandro García Padilla no está contemplando aumentos en este momento.
Dijo que será responsabilidad de los miembros que se designen a las juntas de gobierno de esas corporaciones los que deberán evaluar la situación en detalle para someter recomendaciones.
En ese sentido advirtió que recomendarán al gobernador electo que busque los mecanismos para que los miembros actuales cedan sus puestos a la nueva administración.
“Mi recomendación al gobernador es que se busquen métodos alternos para que estas personas entiendan que no hicieron su trabajo”, dijo Bacó, designado secretario de Desarollo Económico.