La degradación por parte de Moody’s Investors Service ya le ha costado a Puerto Rico unos $39 millones, pues el Gobierno ha tenido que poner capital para respaldar su cartera de intercambio de intereses o swaps.
Ignacio Canto, tesorero del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), sostuvo que la degradación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) requirió presentar unos $3 millones de capital ante el llamado de márgenes (margin call).
Mientras, la degradación de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) requirió otros $36 millones.
La semana pasada, Moody's declaró “chatarra” parte de la deuda de la ACT y el lunes hizo lo propio el lunes con la deuda de la AEE, luego de degradar en dos niveles, la deuda del gobierno central o GOs.
Un llamado de márgenes se produce cuando el activo que respalda una transacción vale menos que lo estipulado en principio. Ello requiere que el deudor o inversor cubra la deficiencia para cumplir con los términos establecidos.
Movida “esotérica”
La llamada de márgenes para Puerto Rico se produjo porque en los libros del Gobierno hay $4,206 millones en swaps, un instrumento “esotérico” –en palabras de Canto– que Puerto Rico compró por millardos entre el 2007 y el 2008. La compra, explicó Canto, se hizo para tomar prestado y con ello, a su vez, pagar la deuda del Gobierno central y la AEE, entre otras corporaciones públicas.
Los swaps pueden describirse como un seguro para protegerse del riesgo de tasas de interés.
En una hipoteca variable, por ejemplo, el pago mensual puede variar. La lógica del derivado es obtener una ganancia que permita hacer contrapeso a esa fluctuación en los pagos.
En días recientes, Canto y el saliente presidente del BGF, Juan Carlos Batlle, recomendaron al Comité de Transición Entrante continuar con la estrategia de la administración de Luis Fortuño de terminar con los complejos instrumentos y con la deuda variable del Gobierno. Ello, porque una degradación del crédito pondría en mayores aprietos las ya maltrechas arcas públicas.
Azote de seis dígitos
Tal vaticinio parece hacerse realidad ahora. Según el estimado del BGF, si se produjera algún evento de degradación tanto para el Gobierno central como para la AEE y la ACT, y se produjera una degradación de las aseguradoras municipales (que cubren la deuda de la Isla), Puerto Rico tendría que poner unos $128.8 millones y la cifra podría llegar a $194.2 millones con un ajuste de 50 puntos base en tasas de interés.
El escenario no es del todo irreal. Las aseguradoras AMBAC y MBIA ya experimentaron ajustes durante la crisis financiera.
Puerto Rico tuvo que presentar unos $170 millones de colateral cuando Fortuño tomó el mando del Gobierno, dijo Canto. El funcionario insistió en que el colateral sigue siendo propiedad del Gobierno, pues es para fines de cubrir la deficiencia.
Pero para un gobierno con poco dinero, separar capital para transacciones financieras implica no tener ese dinero para pagar partidas como la nómina, suplidores o servicios ciudadanos.
A la llegada de la administración Fortuño, en diciembre de 2008, la cartera de swaps totalizaba $9,010 millones.
“Me he ganado muchos enemigos en Nueva York”, dijo Canto.
Durante los pasados dos años, Canto tuvo a su cargo, negociar la cancelación de los swaps, al mismo tiempo en que el Gobierno pagaba o reestructuraba los bonos con tasas variables. “No hace sentido tener deuda variable en estos momentos, con las tasas cerca de 0%”, dijo Canto, al señalar que lo adecuado sería tener deuda fija a largo plazo.
Canto no quiso pasar juicio a los motivos de la administración del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá para adoptar los swaps. Señaló que la crisis financiera fue muy compleja y que la compra del instrumento no solo se dio en aquí, sino en decenas de países y estados. “Puerto Rico ya tenía problemas de crédito en ese momento”, dijo Canto al agregar que la Isla no tenía forma de acceder a capital.
Reconoció, sin embargo, que la decisión “fue una marometa”, como tantas otras que ha hecho la Isla, porque se trata de un gobierno que no vive según sus medios. Agregó que la Isla no debe entrar en estos instrumentos “esotéricos”, porque “no hay pericia” suficiente en el Gobierno para lidiar con estos.
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