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viernes, 21 de diciembre de 2012

Degradados tres bancos en la Isla 12/21/2012


Moody’s Investors Service degradó ayer la fortaleza financiera de Banco Popular, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y Banco Santander señalando como razones la situación económica de la Isla y el pobre estado de las finanzas públicas.
En el caso de Popular, la degradación también aplicó a las acciones preferidas de la matriz bancaria, así como a las preferidas de los fideicomisos Popular Capital I, II, BanPonce y Popular Norteamérica Capital I.
La degradación de los tres bancos concluye el proceso de revisión para degradación que Moody’s comenzó en el mes de abril y se produce una semana después de que la casa acreditadora empujara el crédito del Gobierno central al borde del grado especulativo y concediera ese nivel a siete corporaciones públicas y la Universidad de Puerto Rico.
En una institución bancaria, una degradación implica pagar más por los fondos que necesita, ya sea para sus planes de negocio o fortalecer su base de capital en un ciclo adverso.
“Los prospectos para una recuperación sostenida están restringidos por las pobres finanzas del Gobierno, caracterizadas por un severamente insolvente plan de pensiones y una creciente y pesada deuda”, se agregó.
Por otro lado, Moody’s excluyó parte de la deuda de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC) del rango “chatarra” que le asignó hace una semana. Moody’s explicó que, por error administrativo, asignó la clasificación Ba1 a la serie 1998A, cuando lo correcto es Aaa, considerada la mejor calidad. La PFC es una subsidiaria del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

miércoles, 19 de diciembre de 2012

El costo de la degradación de los bonos de Puerto Rico


La degradación por parte de Moody’s Investors Service ya le ha costado a Puerto Rico unos $39 millones, pues el Gobierno ha tenido que poner capital para respaldar su cartera de intercambio de intereses o swaps.
Ignacio Canto, tesorero del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), sostuvo que la degradación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) requirió presentar unos $3 millones de capital ante el llamado de márgenes (margin call).
Mientras, la degradación de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) requirió otros $36 millones.
La semana pasada, Moody's declaró “chatarra” parte de la deuda de la ACT y el lunes hizo lo propio el lunes con la deuda de la AEE, luego de degradar en dos niveles, la deuda del gobierno central o GOs.
Un llamado de márgenes se produce cuando el activo que respalda una transacción vale menos que lo estipulado en principio. Ello requiere que el deudor o inversor cubra la deficiencia para cumplir con los términos establecidos.
Movida “esotérica”
La llamada de márgenes para Puerto Rico se produjo porque en los libros del Gobierno hay $4,206 millones en swaps, un instrumento “esotérico” –en palabras de Canto– que Puerto Rico compró por millardos entre el 2007 y el 2008. La compra, explicó Canto, se hizo para tomar prestado y con ello, a su vez, pagar la deuda del Gobierno central y la AEE, entre otras corporaciones públicas.
Los swaps pueden describirse como un seguro para protegerse del riesgo de tasas de interés.
En una hipoteca variable, por ejemplo, el pago mensual puede variar. La lógica del derivado es obtener una ganancia que permita hacer contrapeso a esa fluctuación en los pagos.
En días recientes, Canto y el saliente presidente del BGF, Juan Carlos Batlle, recomendaron al Comité de Transición Entrante continuar con la estrategia de la administración de Luis Fortuño de terminar con los complejos instrumentos y con la deuda variable del Gobierno. Ello, porque una degradación del crédito pondría en mayores aprietos las ya maltrechas arcas públicas.
Azote de seis dígitos
Tal vaticinio parece hacerse realidad ahora. Según el estimado del BGF, si se produjera algún evento de degradación tanto para el Gobierno central como para la AEE y la ACT, y se produjera una degradación de las aseguradoras municipales (que cubren la deuda de la Isla), Puerto Rico tendría que poner unos $128.8 millones y la cifra podría llegar a $194.2 millones con un ajuste de 50 puntos base en tasas de interés.
El escenario no es del todo irreal. Las aseguradoras AMBAC y MBIA ya experimentaron ajustes durante la crisis financiera.
Puerto Rico tuvo que presentar unos $170 millones de colateral cuando Fortuño tomó el mando del Gobierno, dijo Canto. El funcionario insistió en que el colateral sigue siendo propiedad del Gobierno, pues es para fines de cubrir la deficiencia.
Pero para un gobierno con poco dinero, separar capital para transacciones financieras implica no tener ese dinero para pagar partidas como la nómina, suplidores o servicios ciudadanos.
A la llegada de la administración Fortuño, en diciembre de 2008, la cartera de swaps totalizaba $9,010 millones.
“Me he ganado muchos enemigos en Nueva York”, dijo Canto.
Durante los pasados dos años, Canto tuvo a su cargo, negociar la cancelación de los swaps, al mismo tiempo en que el Gobierno pagaba o reestructuraba los bonos con tasas variables. “No hace sentido tener deuda variable en estos momentos, con las tasas cerca de 0%”, dijo Canto, al señalar que lo adecuado sería tener deuda fija a largo plazo.
Canto no quiso pasar juicio a los motivos de la administración del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá para adoptar los swaps. Señaló que la crisis financiera fue muy compleja y que la compra del instrumento no solo se dio en aquí, sino en decenas de países y estados. “Puerto Rico ya tenía problemas de crédito en ese momento”, dijo Canto al agregar que la Isla no tenía forma de acceder a capital.
Reconoció, sin embargo, que la decisión “fue una marometa”, como tantas otras que ha hecho la Isla, porque se trata de un gobierno que no vive según sus medios. Agregó que la Isla no debe entrar en estos instrumentos “esotéricos”, porque “no hay pericia” suficiente en el Gobierno para lidiar con estos.

jueves, 13 de diciembre de 2012

Cientos de negocios no pagan bono !!!!!

 
Unos 768 patronos solicitaron este año al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) que les eximiera del pago del bono de Navidad, informó ayer la secretaria interina Elvira Cancio.
Ese número podría aumentar, ya que aunque la fecha límite para presentar la solicitud venció el pasado 30 de noviembre, la funcionaria indicó que aún “continuamos recibiendo solicitudes remitidas por correo”.
Las 768 solicitudes tramitadas hasta ayer, miércoles, son más o menos la misma cifra que se tramitó el año pasado a esta fecha. La diferencia es 10 menos este año.
Cancio informó que cada una de las solicitudes que someten los patronos es analizada por el Negociado de Normas del Trabajo y luego se les contesta formalmente informándoles si fue o no aceptada.
En la comunicación escrita que envió el DTRH no se especifica cuántos empleados dejarán de recibir el bono de Navidad este año.
No obstante, detalla a cuántas empresas se les denegó la solicitud y cuántas deberán pagar un bono parcial. En este último caso, el bono que deberán pagar las compañías es equivalente al 15% de las ganancias generadas.
Hasta ayer, el DTRH le había concedido la exención a 584 empresas (76%), mientras a 117 patronos (15%) se les respondió que deberían pagar el bono a sus empleados basado en el 15% de sus ganancias.
Otras 20 solicitudes fueron aceptadas, ya que las empresas se encuentran bajo la protección de la Ley federal de Quiebras; y a 47 patronos se les denegó la solicitud, por lo que deberán pagar el bono de Navidad en su totalidad.
La fecha límite para entregar el bono es este próximo 15 de diciembre, a menos que el patrono y sus empleados de mutuo acuerdo hayan convenido otra fecha.
Los empleados que tienen derecho a disfrutar del bono son los que trabajaron, al menos, 700 horas durante el periodo desde el 1 de octubre de 2011 hasta el 30 de septiembre de 2012.
En el caso de los empleados que laboran en los muelles, el requisito es 100 horas o más dentro del periodo indicado.
La cantidad a pagar de Bono de Navidad dependerá del número de empleados que tenga la compañía.
Si hay 15 empleados o menos, el patrono pagará el 3% del salario hasta $10,000, hasta un máximo de $300. Si son más de 15, el porcentaje a pagar es el 6% del salario, hasta un máximo de $600.
Los patronos que no cumplan con esta ley estarán sujetos al pago de multas y penalidades.
Si desea verificar la lista completa de los patronos que solicitaron la exención, acceda a www.trabajo.pr.gov y busque en la sección “Entérate” la Ley del Bono de Navidad.

Estamos en recesión, ahora es que se pone bueno !!!


Contrario a las expectativas de estabilización económica que tenía el país en los pasados meses, la economía local ha entrado en una recesión de doble caída (“double-dip recession”).
Así lo revelaron los economistas Vicente Feliciano y Juan Lara, de la firma Advantage Business Consulting (ABC), en el foro “Retrato de la Industria de Alimentos para el segundo semestre 2012”, organizado por la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA).
“La economía aparenta dar señales de recuperación, con crecimiento bajo, pero positivo”, comentó Feliciano. Pero indicó que tal cosa no es correcta, pues usando las mismas cifras del Gobierno, pero agrupándolas por trimestres, se demuestra que en Puerto Rico ha habido una recesión de doble caída.
Una recesión de doble caída ocurre cuando la economía se mueve de negativo a positivo y luego vuelve a terreno negativo. “Es como cuando un paciente que está enfermo se recupera con los antibióticos, pero luego vuelve a recaer”, dijo Feliciano, presidente de ABC.
Un vistazo al Índice de Actividad Económica (IAE) del Banco Gubernamental de Fomento refleja un valor de 127.9 puntos en el tercer trimestre de 2012, lo que es superior a los 126.7 puntos del año anterior para ese mismo periodo. Pero este es el segundo trimestre consecutivo en el que IAE refleja una reducción, pues en el primer trimestre del presente año alcanzó 129.0 puntos, y para el segundo bajó a 128.1.
Cero crecimiento en 2013
Según Feliciano, todo parece indicar que esa tendencia no cambiará en el corto plazo y la Isla tendrá un crecimiento negativo en el año fiscal 2013.
Señaló que los proyectos de infraestructura grandes, como las escuelas del siglo 21 y la construcción de la PR-66, sirvieron como “antibióticos” pero ya están llegando a su fin; y difícilmente se podrán emprender proyectos similares en tamaño debido al alto nivel de endeudamiento que tiene el Gobierno.
De igual forma, Feliciano recordó que ahora en diciembre terminará el estímulo federal que redujo la retención al Seguro Social, lo que implica que a partir de enero todos los asalariados pagarán dos puntos porcentuales adicionales al Seguro Social. “O sea, habrá un recorte de 2% en todos los salarios”, aseveró.
el sector de alimentos
El panorama para la industria de alimentos tampoco es alentador. Las ventas continúan a la baja, así como el nivel de empleos. En el último año se perdieron 5,500 puestos en el sector.
Para conocer el sentir de los socios de MIDA en cuanto a la economía, ABC entrevistó vía telefónica a 28 líderes del sector, incluyendo mayoristas, detallistas y manufactureros.
La inmensa mayoría de los participantes son empresas locales. Entre los 28 socios entrevistados no figuró Walmart ni ninguno de sus conceptos de negocio en el país, como Sam’s Club, Supercenter o Supermercados Amigo.
El 75% de los encuestados dijo que este año las ventas estuvieron iguales o menores que las del año pasado. Solo un 25% dijo que ha vendido más de 4% por encima del 2011.
La reducción en ventas obedece, en gran medida, a una caída en el volumen de productos. Un 47% dijo que vendió menos cantidad este año. De hecho, algunos comentaron que han sentido la presión en las marcas premium, y han optado por traer más marcas privadas –que son más económicas– debido a la debilidad de la economía.
Mientras, los precios de los alimentos se han mantenido estables. Según el Departamento del Trabajo, los aumentos alcanzan 1.6% para el periodo de agosto 2011 a agosto 2012. Dicha alza es menor a la experimentada en Estados Unidos, que fue de 2% para el mismo periodo.
La encuesta también arrojó que la mayoría de los negocios aumentó su gasto en publicidad, de un año a otro. Asimismo, el 63% dijo haber realizado inversiones “significativas” en el 2012, pero las mismas iban dirigidas a mejorar la eficiencia y no necesariamente a expandir el negocio.
Nuevos competidores
Los encuestados comentaron que ven a las farmacias Walgreens y CVS como un competidor fuerte en la industria de alimentos. Señalaron que los restaurantes de comida rápida también han arreciado la competencia, sobre todo en el renglón de desayunos.
Además, mostraron preocupación ante los posibles recortes en el Programa de Asistencia Nutricional.
De cara al futuro, los entrevistados esperan un crecimiento moderado en las ventas de alimentos, y las mismas serían principalmente debido al aumento en volumen.
Confían, además, mantener el mismo nivel de empleo, pero reducirán las inversiones, lo que es consistente con una economía en contracción.
Por su parte, Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de MIDA, dijo que la industria de alimentos se está consolidando e instó al gobierno entrante a tomar medidas para que esa consolidación no afecte a la competencia.
Mientras Edwin Colón, director ejecutivo de Econo, le pidió a la nueva administración gubernamental que desista de las prácticas de gobiernos anteriores de darles incentivos a las empresas extranjeras y de facilitarles la obtención de permisos, algo que no hacen con las empresas locales. “Ellos no lo necesitan”, expresó Colón.
Al foro asistieron el secretario designado de Desarrollo Económico y Comercio (DEC), Alberto Bacó, y Francisco Chévere, director designado de la Compañía de Comercio y Exportación.
Ojo a los furgonazos
Bacó, quien perteneció a MIDA en el pasado, se comprometió a apoyar al sector de alimentos, y en particular a la agricultura en el próximo cuatrienio.
Sobre el nuevo cargo decretado por parte de las líneas marítimas, señaló que “no es aceptable” y buscará la manera de atender ese asunto.
De igual forma, criticó el denominado “furgonazo”, que es el impuesto que creó la administración de Luis Fortuño para inspeccionar los furgones.
“A mí y al Gabinete nos tienen que convencer de que hace sentido y es costo beneficio”, manifestó.
Bacó también se expresó a favor de que haya un mejor balance entre las grandes cadenas y la empresa local.
“Vamos a aclarar la Ley de Cierre para evitar darles ventajas a las cadenas extranjeras. Se ha perdido el balance, no es que uno no quiera a estas cadenas extranjeras. Nada en contra de las megatiendas, pero hay que rebalancear”, expresó el designado titular del DEC.

sábado, 1 de diciembre de 2012

TRIPLE GOLPE AL CONSUMIDOR


Ante la grave situación deficitaria que enfrentan las tres corporaciones principales del Gobierno, la nueva administración deberá considerar aumentos en las tarifas de agua, luz y peajes para garantizar su funcionamiento.
Uno tras otro, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), José Ortiz y el secretario de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Rubén Hernández Gregorat describieron cómo las corporaciones que dirigen se mantienen a flote mediante préstamos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) o emisiones de bonos, herramientas que difícilmente podrán continuar utilizando a partir de enero. Esto a pesar de que todas operan en una especie de sindicatura del BGF para asegurarse de que mantienen controles fiscales que no empeoren su situación.
En la AAA la insuficiencia puede alcanzar $300 millones para el año fiscal 2014 debido a las mejoras de capital que necesita realizar para cumplir con las reglamentaciones federales y a que no se contempla aún un nuevo subsidio del gobierno central.
“Todos los gastos que podíamos controlar los hemos controlado. Lo que hay que mirar son los costos de electricidad y las negociaciones con la EPA (Agencia de Protección Ambiental, por sus siglas en inglés)”, dijo Ortiz a los miembros del Comité de Transición entrante.
Explicó que en estos momentos, la agencia se encuentra en negociaciones con la EPA para reducir los requerimientos de inversión en obras capitales que están exigiendo.
Por ejemplo, dijo que le han planteado a la EPA que en algunos municipios la necesidad de construir nuevas plantas de tratamiento se ha reducido por el decrecimiento en la población.
Asimismo, destacó la importancia de terminar la adquisición de las hidroeléctricas que ahora posee la AEE para así generar su propia energía y reducir su gasto mayor.
Con esas medidas y la continuación de los proyectos de control de hurto de agua, lectura remota y automatización de plantas, “el déficit estaría por debajo de los $300 millones para el 2014”, dijo Ortiz a preguntas del comité entrante.
Ortiz explicó que para mantener la corporación en presupuesto el plan de la agencia era realizar un aumento de 4% en la tarifa de agua. Eso se detuvo a petición del gobernador Luis Fortuño, quien a cambio autorizó una línea de crédito que ya se terminó.
La idea de privatizar algunos de los procesos de la AAA también fue detenida por el representante del Senado en el comité de las Alianzas Público- Privadas, dijo Ortiz.
Cortocircuito
Mientras, el déficit en la AEE asciende a $200 millones, según admitió Colón, en el quinto día de vistas de transición.
El problema en este caso, explicó Colón, ha sido la reducción en los ingresos de la agencia mientras el costo del combustible se ha mantenido subiendo.
Sin embargo, Colón admitió que la corporación utilizó más de $27 millones en contratos por servicios profesionales relacionados con el gasoducto y pagó $59 millones por la cancelación del proyecto del Gasoducto del Sur, “debido a las oposición de algunos alcaldes”.
En el caso de la Autoridad de Carreteras (ACT), que opera bajo la sombrilla del DTOP, Hernández Gregorat dijo que aunque hay otras alternativas que deben tratarse primero, el aumento en los peajes es una opción para cuadrar las finanzas de esa corporación.
El déficit de la ACT ronda entre los $200 y $300 millones, dijo el funcionario.
aumentos en veremos
Alberto Bacó, copresidente del comité entrante dijo que la administración de Alejandro García Padilla no está contemplando aumentos en este momento.
Dijo que será responsabilidad de los miembros que se designen a las juntas de gobierno de esas corporaciones los que deberán evaluar la situación en detalle para someter recomendaciones.
En ese sentido advirtió que recomendarán al gobernador electo que busque los mecanismos para que los miembros actuales cedan sus puestos a la nueva administración.
“Mi recomendación al gobernador es que se busquen métodos alternos para que estas personas entiendan que no hicieron su trabajo”, dijo Bacó, designado secretario de Desarollo Económico.

lunes, 19 de noviembre de 2012

Lejanos los futuros alivios al bolsillo


Los nuevos alivios al bolsillo que había programado la Reforma Contributiva no son viables en el contexto económico actual, coincidieron tres economistas.
“Si sencillamente nos atenemos a la letra de la ley (sobre la Reforma Contributiva), habría que concluir que no se pueden dar las promesas, porque los parámetros de crecimiento de la economía no se están cumpliendo”, dijo el economista Juan Lara.
“Todo apunta a que no va a haber continuación (de la Reforma Contributiva)”, insistió el economista.
La situación actual no aplicaría a los cambios y beneficios contributivos que ya entraron en vigor. Lo que está en juego es la puesta en marcha de las siguientes fases de esta reforma, uno de los proyectos emblemáticos de la administración de Luis Fortuño y que prometía reducir las tasas contributivas para poner más dinero en el bolsillo de los ciudadanos.
Las implicaciones
El detente a la Reforma Contributiva podría implicar que una persona que gane $25,000 en el 2013 pagaría una tasa de 14% en contribuciones y no la tasa reducida de 7% que se prometía en la reforma si se cumplían las condiciones estipuladas en la ley.
El economista Joaquín Villamil tampoco augura que sobrevivan las nuevas etapas o fases programadas en la reforma. “Con la situación fiscal que tiene el Gobierno, eso no sería apropiado porque va a reducir aún más los recaudos”, advirtió. “Ninguno de esos tres (indicadores) se va a dar. Así que eso ya implica ver la ley y ver qué ajustes se van a dar”, abundó.
Explicó que esta situación obliga a la administración entrante a actuar inmediatamente tan pronto asuma el poder. “Si se van a hacer cambios, se tienen que hacer ya y no esperar, porque la situación económica del Gobierno sigue siendo muy precaria”, subrayó.
Una de las situaciones que se tienen que evaluar, según Villamil, “con sentido de urgencia”, son los subsidios gubernamentales.
Un panorama similar proyectó el economista Elías Gutiérrez. “Por todo lo que se ha presentado, lo veo muy difícil”, afirmó.
Gutiérrez señaló que a nadie le debe sorprender que la celebrada Reforma Contributiva no logre ser implementada en todas sus etapas.
Esto porque, según dijo, era “poco viable” conseguir que la economía creciera 1.5% a julio de 2013, como se estableció en la letra de la ley.

Se tambalea la reforma contributiva


La puesta en vigor de las fases futuras de la reforma contributiva y el alivio prometido al bolsillo de miles de contribuyentes boricuas está en remojo.
La administración entrante buscará conocer hoy, lunes, cuando el Departamento de Hacienda se siente ante el Comité de Transición, si el gobierno saliente cumplió con las tres condiciones necesarias para que la Reforma Contributiva continúe con vida.
“Si esos tres índices que establece la ley no se dan, la misma ley provee para que no se activen (las siguientes fases de) la reforma”, advirtió ayer Ingrid Vila Biaggi, copresidenta del Comité de Transición Entrante.
“Injusto sería que quede planteado en un futuro que la Reforma Contributiva no se dio cuando entró el nuevo gobierno (de Alejandro García Padilla) en funciones cuando desde que se concibió (esa ley se conocía que) era muy difícil alcanzar esos índices”, abundó Vila Biaggi.
La Ley 1 de 2011, conocida como Código de Rentas Internas, establece en la Sección 6100.03 –Pruebas de responsabilidad fiscal– que para la continuación de la Reforma Contributiva se necesita que a julio de 2013 se cumplan tres criterios.
El primero de esos criterios es que la proyección de ingresos netos al Fondo General deben ser igual o mayor a $9,250 millones. Los otros dos criterios para que la reforma pueda seguir su curso son que el gasto del Fondo General debe ser igual o menor al 99% de la proyección de ingresos y que la economía debe crecer 1.5%.
La propia ley especifica que, “de no cumplirse las mismas (criterios o pruebas de responsabilidad), los alivios contributivos adicionales para el año aplicable no entrarán en vigor y su efectividad se pospondrá hasta aquel año en que las pruebas fiscales se cumplan”.
Panorama incierto
Economistas entrevistados por El Nuevo Día coincidieron en señalar que, a tenor con los números que han comenzado a fluir en el proceso de transición, el futuro de la Reforma Contributiva es incierto.
Recordaron que la propia Junta de Planificación (JP) admitió el viernes que la economía de Puerto Rico crecerá, en términos reales, un 0.4% en el año fiscal 2011-2012 –que recién concluyó en junio– y apenas seis décimas, o sea, 0.6% en el año fiscal en curso. La ley establece que el crecimiento debe ser de 1.5%.
“Queremos ver la posibilidad real de que esos índices económicos que se establecieron se puedan dar. De darse esos tres índices, entra en vigor la Reforma Contributiva impuesta por ellos. De no darse esas instancias, entonces no se da. Y queremos establecer claramente cuál es el panorama real, cuál es la viabilidad de la reforma”, dijo Vila Biaggi.
“Disciplina fiscal”
El secretario de Estado, Kenneth McClintock, señaló que esos tres indicadores pueden lograrse, pero representa un “reto” para el gobierno entrante, el cual tendrá que mantener una “disciplina fiscal”.
“Quiere decir que no puedes llegar y que te encontraste con una jauja, que puedes estar nombrando personal a todo lo que da, que puedes estar dando aumento de sueldo a todo lo que da. Hay que mantener el presupuesto balanceado. Se tienen que seguir congelando algunas de las plazas que quedan vacantes”, indicó.
Aseguró que “es lograble” alcanzar para julio próximo que la economía crezca hasta 1.5%, aun cuando ahora está en .6%, según la JP. “Tienen que proponer cosas adicionales”, precisó el funcionario cuando se le insistió sobre cómo se podría alcanzar esa meta en tan corto tiempo.
Si no se logra, los ciudadanos no verán las reducciones contributivas prometidas, reconoció McClintock.
¿Por qué su administración no logró lo establecido en la reforma?, se le preguntó.
“Requiere disciplina e inventiva, que el Gobierno busque la manera en que se pueda incentivar la economía como lo hemos estado haciendo”, respondió.
Pero ¿estos índices se establecieron para que un nuevo Gobierno no los pudiera cumplir y no continuara con la Reforma Contributiva?
“Primero, nosotros no estábamos planificando que hubiera un nuevo Gobierno... le corresponde al nuevo Gobierno luchar para lograr eso”, puntualizó.
LAS TRES CONDICIONES QUE SE TIENEN QUE CUMPLIR ANUALMENTE
Según el Código de Rentas Internas, estas variables tienen que materializarse para que inicien los cambios contributivos a partir del 1 enero de 2014.
1. Prueba de ingresos netos al Fondo General. La proyección de ingresos netos al Fondo General, según certificados por el secretario de Hacienda, deberá ser igual o mayor a:
a. $9,250,000,000 para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 2013
b. $9,350,000,000 para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 2014; y
c. $9,450,000,000 para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 2015.
2. Prueba de gastos del Fondo General. La proyección de gastos del Fondo General, según certificados por el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá ser igual o menor al:
a. 99% de la proyección de ingresos netos al Fondo General certificada por el secretario de Hacienda para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 2013; y
b. 98.5% de la proyección de ingresos netos al Fondo General certificada por el secretario de Hacienda para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 2014 y para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 2015.
c. En el año que se logre el cumplimiento con las pruebas fiscales, el diferencial de 1% entre ingresos netos y gastos del Fondo General en el caso del año fiscal que comienza el 1 de julio de 2013 y el 1.5% de diferencial en el caso de los años fiscales que comienzan el 1 de julio de 2014 y el 1 de julio de 2015, será depositado en los fondos de reserva del Gobierno de Puerto Rico e incluido en dichas partidas en el presupuesto del Fondo General.
3. Prueba de crecimiento económico. El crecimiento del producto bruto real de Puerto Rico, según certificado por el presidente de la Junta de Planificación deberá ser igual o mayor a:
a. 1.5% para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 2013;
b. 2% para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 2014; y
c. 2.75% para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 2015

domingo, 11 de noviembre de 2012

Wall Street wait and see on AGP

America’s $3.7 trillion municipal bond market is keeping a wary on Puerto Rico’s fiscal course after this week’s election ushered in a new governor and ousted an incumbent who had earned credit on Wall Street for tough decisions.
The Popular Democratic Party’s Alejandro García Padilla (AGP) edged out New Progressive Party Gov. Luis Fortuño by a 47.8 percent to 47 percent margin in a vote that also saw the PDP capture control of the island House and Senate.
Fortuño, a statehood advocate and national Republican, had earned a reputation on the bond market as a pro-business reformer who took tough decisions, such as paring as many as 30,000 public workers, to address Puerto Rico’s chronic fiscal woes.
García Padilla, a freshman PDP senator and national Democrat, remains a largely unknown entity on Wall Street, where analysts are looking for signs on how he will steer the island economy and try to shore up its public finances.
One avenue of concern is whether García Padilla will stick with the Fortuño administration’s strategy of using public-private partnerships (P3) as an avenue to carry out highway and airport upgrades that the cash-strapped government cannot afford.
The P3 program for major tollroads and the Caribbean’s busiest airport earned high marks from analysts and U.S. institutional investors, who hold much of Puerto Rico’s $52 billion of high-yielding, tax-supported debt, and been touted as a model.
García Padilla has been critical of the huge airport deal, but hasn’t signaled that he will scrap the plan, which remains under final review by the Federal Aviation Administration and could be cleared before he takes office in January.
“We know little about the intended financial policies of the incoming governor, and this uncertainty is a credit negative for bonds,” debt analyst and Janney Capital Managing Director Alan Schankel said in a Reuters report.
The Wall Street Journal and other media outlets have been reporting about investor anxiety leading up to the election, pointing to the fact that Puerto Rico’s triple tax-exempt debt has been outside a recent price rally in U.S. municipal bonds.
“A return to borrow-and-spend philosophies would jeopardize Puerto Rico’s bond ratings and threaten market access,” Richard Larkin, senior vice president at Herbert J Sims & Co, said in a commentary.
García Padilla reiterated in a post-election interview that he would maintain his platform of job creation. He has pledged to create 50,000 new jobs during his first 18 months in office.
“We will take care of the debt through a reduction in spending and an increase in wealth,” García Padilla said. “Resources will go to create jobs, and that’s how the economy will grow.”
The governor-elect also plans tax breaks and incentives such as wage subsidies to encourage hiring by small businesses and entrepreneurs.
“You will be seeing a new budget and priorities. We will have to see what he does,” MacKay Shields Senior Managing Director John Loffredo said in a Reuters report.
Meanwhile, pressing issues including Puerto Rico’s public pension crises are keeping bond investors and analysts on edge amid signs that Fortuño’s efforts have helped Puerto Rico’s economy and finances turn the corner after a six-year recession.
“The market’s indicating that time is running out for Puerto Rico to remedy itself,” said Dan Heckman, senior vice president at U.S. Bank Wealth Management. “Puerto Rico has huge fiscal challenges. Frankly, it doesn’t matter who's elected; they will be faced with those challenges. They need to just not walk in the right direction. They need to start running in the right direction.”

Doral reports $32.5M loss for 3Q

Doral Financials’ red ink grew deeper in the third quarter as it posted a net loss of $32.5 million.
That was wider than the $1.6 million loss posted in the second quarter and narrowly bigger than the $30.2 million it lost in the third quarter of 2011.
For the nine months through September, Doral has posted total losses of $31.6 million compared to a net loss of $22.4 million for the same period of 2011.
“Our results reflect the high credit costs as we continue to work with thousands of homeowners during this difficult economic time,” Doral CEO and President Glen Wakeman said. “Despite this, we have increased revenue, strengthened our mortgage and retail franchise in Puerto Rico, continued to successfully grow our U.S. operations, and preserved our high levels of capital.”
Doral hiked its provision for loan and lease losses for the third quarter to $34.4 million, an increase of $29.2 million over the second quarter 2012 provision, and a decrease of $7.3 million from the provision recorded in the third quarter of 2011.
The $34.4 million provision for loan and lease losses in the third quarter of 2012 resulted mainly from the residential mortgage portfolios ($28.8 million), and resulted from higher re-defaults of previously modified loans and new valuations of defaulted loans, all related to Puerto Rico loan exposures.
Doral’s shares (DRL) were trading down slightly at just under 73 cents on the New York Stock Exchange early Friday afternoon. The stock has ranged from 56 cents to $2 over than past 52 weeks.

Doral, the holding company of Doral Bank, with operations in Puerto Rico and the U.S. mainland has entered two consent orders with federal regulators in recent months.
Last month, Doral and the Federal Reserve Bank of New York entered into a new agreement to address “deficiencies” at the San Juan-based company relating to credit risk management and credit administration practices.
The written agreement replaces a 2006 cease-and-desist order tied to certain mortgage-related activities.
In August, Doral signed a consent order with the Federal Deposit Insurance Corp. and local regulators requiring it to maintain various capital levels and to undertake an assessment of its board and management among a range of other stipulations.

sábado, 10 de noviembre de 2012

Advertencia de degradación de S&P para Puerto Rico por la elección de Garcia Padilla


La agencia evaluadora de crédito, Standard & Poor's, (SP) dijo hoy que la elección de Alejandro García Padilla como nuevo gobernador de Puerto Rico, no tendrá impacto inmediato en las clasificaciones de los bonos de Puerto Rico.
Sin embargo, advirtió que Puerto Rico se expone a la degradación del crédito del gobierno central este mismo año o temprano en el 2013.
“En el caso de Puerto Rico, analizaremos las alternativas de política fiscal y económica en los próximos meses, tanto de la presente administración como del gobernador electo, así como de la nueva legislatura”, sostuvo el analista Horacio Aldrete Sánchez.
Según el reporte divulgado hace unos minutos, la clasificación de Puerto Rico descansa en que los oficiales de gobierno “continuarán comprometidos no solo en mantener la disciplina fiscal, pero también en la adopción de medidas fiscales rápidas y comprensivas, particularmente en lo que se relaciona al déficit actuarial de $24,000 millones en los planes de pensiones”.
La firma sostuvo que en la posibilidad de una degradación es de una en tres.
Según Standard & Poor's, la plataforma del gobernador electo, así como declaraciones públicas en relación a la situación del plan de pensiones, puede resultar en “una inacción prolongada” para reformar el sistema de pensiones o en la aprobación de un paquete de reformas a las pensiones que solo provea “un remedio temporal” la crítica posición del sistema.
De acuerdo con el reporte, cualquiera de los dos posibles escenarios -o sea, una acción retrasada o insuficiente- en la reforma del plan de pensiones puede resultar en una degradación del crédito de la Isla en los próximos meses y tiene el potencial de un deterioro adicional en el transcurso de un año. “Ello si la economía continúa demostrando un lento ritmo de crecimiento o si la liquidez y el acceso de Puerto Rico a los mercados de capital se ve comprometido”.
Al presente, la clasificación de Puerto Rico, por parte de SP para la deuda del gobiern central (GOs) es BBB. Aquella deuda vinculada a asignaciones legislativas es de BBB-, clasificaciones consideradas como los últimos escalafones en grado de inversión.

sábado, 27 de octubre de 2012

Ley Núm. 31 de 18 de enero de 2012 / Restauración de las Comunidades de Puerto Rico


Ley para Viabilizar la Restauración de las Comunidades de Puerto Rico, Ley Núm. 31 de 18 de enero de 2012
El pasado 18 de enero entró en vigor la Ley Núm. 31 de 2012, conocida como Ley para Viabilizar la Restauración de las Comunidades de Puerto Rico, con el objetivo, según informa la Exposición de Motivos, de facilitar que “las estructuras abandonadas o solares abandonados, yermos o baldíos  en las comunidades de todo Puerto Rico, que estén en estado de abandono - constituyendo estorbos públicos - puedan ser objeto de expropiación por el Municipio donde ubiquen, con el propósito de transferir su titularidad a personas que tengan un legítimo interés en mantener esas propiedades en condiciones adecuadas.” 
Para lograrlo, la Ley provee un nuevo mecanismo para viabilizar que esas personas con interés en adquirir la propiedad que representa un estorbo público le provea al Municipio los fondos para el depósito de la justa compensación, así como los gastos que conlleve el procedimiento (tasación, estudio de título, emplazamiento, transferencia de título e inscripción en el Registro de la Propiedad).  
Esta ley parte de la acertada premisa, de que ante la crisis financiera -tanto del sector público como del privado- es necesario establecer un mecanismo que permita agilizar y facilitar la adquisición de vivienda y la rehabilitación de las comunidades en nuestra Isla. 
Según el artículo 2 de la nueva Ley, es política pública del pueblo de Puerto Rico: promover la restauración de las comunidades y vecindarios de Puerto Rico, en el orden físico, económico, social y cultural, particularmente las que están formadas por familias de ingresos limitados; retener y aumentar la población residente en Puerto Rico; restaurar y ocupar las estructuras, que por sus condiciones constituyen amenazas a la salud, seguridad y bienestar de los residentes de las comunidades donde están situadas; fortalecer la seguridad en esas comunidades, propiciando la mejor calidad de vida y la autoestima de los residentes; y hacer posible que cada familia de Puerto Rico sea dueña de su propio hogar.
Para cumplir con la política pública de nuestros ciudadanos, la Ley establece una serie de requisitos.  En esencia, los trámites a seguir son los siguientes:
  1. Identificación de Estorbos Públicos.  El Municipio realizará un estudio que le permita identificar las estructuras y propiedades inmuebles que por sus condiciones deban ser calificadas como estorbos públicos, a tenor con la definición que para ello provee el inciso (a) del Artículo 3 de la Ley.  Dicho inciso especifica que un Estorbo Público es “cualquier estructura abandonada o solar abandonado, yermo o baldío que es inadecuada para ser habitada o utilizada por seres humanos, por estar en condiciones de ruina, falta de reparación, defectos de construcción, o que es perjudicial a la salud o seguridad del público.”  Además, señala que “[d]ichas condiciones pueden incluir, pero sin limitarse a, las siguientes: defectos en la estructura que aumentan los riesgos de incendios o accidentes; falta de adecuada ventilación o facilidades sanitarias; falta de energía eléctrica o agua potable; y falta de limpieza.”
  2. Notificación.  Una vez identifique las estructuras y propiedades inmuebles que considere estorbos públicos, procederá a notificarle a los propietarios, poseedores y personas con interés, de su intención de declarar la propiedad como estorbo público.  Para que la “Notificación” sea efectiva tiene que cumplir con las disposiciones sobre Emplazamiento que requiere la Regla 4 de Procedimiento Civil de 2009.  Además, la misma deberá informarle al propietario, poseedor o persona interesada que tiene derecho a que se celebre una vista en la cual podrá oponerse a la declaración de la propiedad como estorbo público.  La persona así notificada tendrá treinta (30) días para oponerse a la declaración de la propiedad como estorbo público, y para solicitar se celebre una vista ante un Oficial Examinador.  En ésta tendrá derecho a presentar la prueba testifical, documental y/o pericial que estime conveniente.  
  3. Vista.  Si la persona notificada responde y solicita la vista, su celebración será ante un Oficial Examinador (posición que ocupará un Ingeniero Licenciado) imparcial, cuya función se limitará a escuchar la prueba y a dictar una orden a los efectos de determinar si la propiedad debe o no calificarse como Estorbo Público.
    1. Si se determina que la propiedad NO debe calificarse como estorbo público, se concluirán los procedimientos, y se excluirá la propiedad de los efectos de esta Ley.
    2. Si se determina que la propiedad  debe declararse como estorbo público, pero que es susceptible de ser reparada, expedirá una orden exponiendo la naturaleza de las reparaciones que deban realizarse, y concederá un término de tiempo razonableque no será mayor de seis (6) meses, para que se concluyan las reparaciones. A petición de parte, por razón justificada, el Oficial Examinador podrá conceder prórrogas adicionales (derecho a más de una), que en conjunto no excederán de dos (2) años.
    3. Si se determina que la propiedad  debe declararse como estorbo público, y que NO es susceptible de ser reparada: se ordenará su demolición y limpieza, por cuenta del propietario, poseedor o persona con interés, dentro de un término de tiempo razonableque no será mayor de seis (6) meses.  A petición de parte, por razón justificada, el Oficial Examinador podrá conceder una (1) prórroga de seis (6) meses adicionales.
    4. Declaración de Estorbo Público
      1. Si la persona notificada NO responde en forma alguna dentro de los treinta (30) días siguientes a la Notificación, el Municipio podrá declarar la propiedad como Estorbo Público.
      2. Si la persona notificada  se opone -y se celebra la vista correspondiente- de determinarse que la propiedad sí debe declararse como estorbo público, el propietario, poseedor o persona con interés deberá cumplir con la orden que emita el Oficial Examinador dentro del término que se le conceda.  De no acatar lo ordenado dentro del término de seis (6) meses desde su notificación o del término de las prórrogas cuando le sean concedidas, el Municipio podrá declarar la propiedad como estorbo público.
Efectos. Una vez la estructura o propiedad sea declarada Estorbo Público, el Municipio podrá: rotular el inmueble, realizar una tasación de su valor en el mercado y/o expropiar el inmueble por motivo de utilidad pública.
Inventario de Propiedades Declaradas como Estorbo Público.  Es en estos casos –cuando se identifique el inmueble como de utilidad pública-, que cobra importancia el nuevo estatuto.   La Ley obliga a que los Municipios publiquen la información relacionada con las propiedades, incluyendo su localización, descripción registral, número de catastro, nombre del propietario, poseedor o persona con interés y el valor en el mercado según la tasación realizada, a través de un “Inventario de Propiedades Declaradas como Estorbo Público”.  Éste será el medio para que la persona interesada –a través del Municipio- pueda adquirir un inmueble, siempre y cuando esté disponible para reconstruirlo y restaurarlo.  Para hacerlo viable, la Ley crea un procedimiento especial por medio del cual el Municipio realizará la expropiación para transferir la propiedad a la persona que cumpla con lo anterior, quien tendrá derecho a adquirir un (1) solo inmueble a través de este nuevo recurso. 
Procedimiento para Adquirir la Propiedad/ Expropiación.  En síntesis, los interesados en adquirir una propiedad expropiada seguirán el siguiente procedimiento, según dispuesto en el Artículo 10 de la Ley:
  1. Notificar al Municipio de su intención de adquirir el inmueble
  2. Pagar la suma correspondiente al valor de la propiedad establecido en informe de tasación; más el diez por ciento (10%) en exceso de dicho valor para destinarlo al pago de las costas del procedimiento (estudio de título, emplazamiento, gastos notariales e inscripción de título) y a cualquier suma adicional requerida por el Tribunal como justa compensación.  
  3. El Municipio presentará la demanda de expropiación.
  4. En caso de que no sea suficiente la cantidad suministrada por el adquiriente para cubrir las sumas anteriores, éste será responsable de suministrar al Municipio la diferencia.  
  5. Luego que el Tribunal de Primera Instancia dicte la sentencia, el Municipio transferirá la titularidad del inmueble al adquiriente.
Para garantizar el debido proceso de ley y en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 15.002 de la Ley 81 de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico", contra todo acto que lleve a cabo el Municipio -relacionado con lo dispuesto en esta Ley, a excepción de la acción de expropiación que se rige por la Regla 58 de Procedimiento Civil de 2009-, se podrá presentar un recurso de Revisión Judicial ante el Tribunal de Primera Instancia.
Finalmente, la Ley establece que en los casos en que el adquiriente del inmueble expropiado, no haya realizado la rehabilitación de la propiedad adquirida dentro del año posterior a la transferencia de la titularidad del inmueble, el Municipio podrá ejercer la acción de retracto convencional, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 1396 a 1409 del Código Civil de Puerto Rico, Edición de 1930.

domingo, 21 de octubre de 2012

Bajan ventas de casas usadas en EEUU


La venta de casas usadas en Estados Unidos bajó en septiembre tras alcanzar en agosto su mejor cifra en dos años, en parte por haber menos viviendas en venta.
La Asociación Nacional de Vendedores de Bienes Raíces reportó el viernes que las ventas bajaron un 1,7 por ciento a un ritmo anual ajustado por la temporalidad de 4,75 millones de unidades, frente a 4,83 millones en agosto, la mejor actuación en dos años.
Las ventas han aumentado un 11% frente al mismo periodo hace un año, aunque siguen por debajo de los 5,5 millones que los economistas consideran consistentes con un mercado saneado.
Empero, el mercado de la vivienda ha comenzado a recuperarse tras seis años de contracción. Los economistas creen que las ventas mejorarán en octubre, al indicar que las solicitudes de créditos hipotecarios han aumentado tras bajar en agosto.
“Consideramos la contracción (en las ventas) una pausa en un mercado por lo demás en repunte”, dijo el economista Jonathan Basile, de Credit Suisse, en un correo a sus clientes.
Las ventas han mejorado respecto a las del año pasado debido a los bajos intereses hipotecarios y el aumento paulatino del precio de la vivienda en casi todas las áreas metropolitanas. Los precios de las casas son ahora más estables al haber menos embargos hipotecarios y al ser más competitivos ciertos mercados.
El inventario de casas en venta bajó en septiembre a 2,32 millones. Serán necesarios 5,9 meses para acabar con el superávit de casas en venta, la proporción más baja desde marzo del 2006.
Los economistas destacaron que el aumento de los precios podría impulsar a más propietarios a sacar al mercado sus viviendas, lo que fomentaría más ventas.
“Las noticias persistentes del aumento de los precios de la vivienda deberían ayudar a la recuperación .. a medida que continúan mejorando las ventas y los vendedores se muestran más confiados que pueden recibir ofertas cercanas al precio que ofrecen”, dijo Basile.
El mes pasado, las ventas subieron levemente en el sur del país frente a las de agosto, aunque bajaron en el resto de las regiones. En el último año, las ventas han aumentado a buen ritmo en el noreste de Estados Unidos, el sur y el centro del país, mientras que en la región occidental sólo se han incrementado levemente, en parte porque los inventarios son muy justos

martes, 2 de octubre de 2012

Nuevos fondos para vivienda


SAN JUAN (CyberNews) – El Secretario de la Gobernación Miguel Romero anunció el viernes el aumento en los fondos para el programa de Hogar Seguro para garantizar la vivienda a personas de mayor edad y de escasos recursos económicos.
“La Ley 293 del año 2012 tiene el efecto de ampliar la cantidad de viviendas que están disponibles para personas que están en la tercera edad”, señaló Romero.
El alcance de las enmiendas hechas a la Ley 173 del año 2009 permite al Secretario de la Vivienda ampliar el programa de subsidios, arrendamiento y mejoras a viviendas para personas de mayor edad con ingresos limitados.
De acuerdo con Romero, éstas iniciativas se unen a otras establecidas por la administración del Gobernador Luis Fortuño dirigidas a promover la permanencia de vivienda para las familias puertorriqueñas. Entre los programas citados por Romero se encuentran los programas Mi Nuevo Hogar, créditos contributivos, refinanciamientos directos, entre otros, que han impactado a más de 42 mil hogares a través de la isla.
Por su parte, el presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Juan Carlos Batlle señaló que a través del programa Protegiendo tu Hogar se han beneficiado unas 2,500 familias, las cuales estaban a riesgo de perder su hogar debido a la ejecución de las hipotecas. Le semana se inició una cuarta ronda del programa que espera impactar a unas mil familias más.
Romero señaló que hasta septiembre pasado el inventario de vivienda nueva en la isla se había reducido de más de 20 mil unidades en 2009, hasta unas 8 mil. Esta reducción de unas 12 unidades responde a un aumento en la demanda de propiedades con valor de $200 mil o menos. Romero explicó que el inventario de vivienda aun pendiente de venta, es principalmente el correspondiente a las unidades de más de $200 mil.
No obstante los incentivos que promueve el gobierno para la compra de vivienda aplican a todas las unidades, indistintamente de su valor en el mercado.

domingo, 30 de septiembre de 2012

La nueva escena laboral


ROSA ACEVEDO, de 42 años, posee un bachillerato en Ingeniería, una maestría en Administración de Empresas y 16 años de experiencia en la empresa privada. Pero desde hace dos años la manufacturera en la que laboraba cesó operaciones y, desde entonces, busca y no encuentra un empleo que le pague el salario que ganaba antes.
El caso de Acevedo no es la excepción, es la norma en estos tiempos, según los hallazgos del estudio Perspectivas y Tendencias 2012 Recursos Humanos, preparado por la Sociedad para la Gerencia de los Recursos Humanos (SHRM por sus siglas en inglés) y por la firma de consultoría Aon Hewitt.
Una de las conclusiones del estudio es que en Puerto Rico la oferta de talento supera la demanda y debido a la crisis económica ha habido una sustitución de empleos calificados por otros de menor nivel y menor salario.
Dicho estudio es el primero que se realiza a fondo sobre la realidad de los recursos humanos en el sector privado en la Isla. La investigación tomó siete meses e incluyó encuestas, grupos focales, estudios actualizados y entrevistas a expertos en el tema. La meta de SHRM es actualizar esta información anualmente.
En total, en el estudio participaron 120 empresas de distintas industrias, todas con operaciones en la Isla. Sin embargo, los directivos de Aon Hewitt y de SHRM aclararon que el estudio no necesariamente es estadísticamente representativo; aunque sí da una idea clara de cuáles son las tendencias vigentes en el área de recursos humanos, en particular en cuanto a reclutamiento, adiestramientos y compensaciones.
Manuel Bermúdez, presidente de Aon Hewitt, explicó que en el pasado los empleos en el país eran bien pagos y había más demanda por ingenieros, gerentes y profesionales. “Ahora es salario mínimo y la demanda es más en servicios y en ‘retail’ ”, indicó.
En cuanto al reclutamiento de gerenciales, el estudio arrojó que ahora los patronos prefieren contratar a ingenieros o financieros, y no tanto a profesionales del área de Mercadeo o Recursos Humanos.
Mientras, los puestos de mayor demanda a otro nivel son los vendedores y los profesionales de la salud, como enfermeras, técnicos de farmacia, sicólogos y trabajadores sociales.
Difícil reclutar gerentes
Pese a que el desempleo continúa a tasas elevadas y que la tasa de participación está por debajo del 40%, a los patronos no se les hace fácil reclutar gerenciales. Según el estudio, les toma 30 días encontrar el candidato idóneo.
“Hay poco apetito laboral a pesar de tanta oferta de talento”, expresó Bermúdez, quien no pudo precisar a qué obedece que no se consiga personal gerencial con más rapidez.
Nilda Guerrero, presidenta de SHRM, dijo que tal vez se deba a que muchos profesionales se han ido del país, aunque también reconoció que algunas empresas rechazan a candidatos competentes por las razones equivocadas.
La óptica precrisis
“Hay empresas que todavía tienen una óptica precrisis, fijándose en cuánto tiempo ha estado sin empleo (el candidato) o cuántas veces ha cambiado de empresa”, señaló la presidenta de SHRM, quien indicó que así se evaluaba antes, pero ya ese análisis no se ajusta a la realidad de nuestros tiempos.
Manifestó que debido a la crisis hay quienes aceptan un empleo con un sueldo inferior, en lo que surge uno que les pague más. Otros prefieren estar desempleados por un tiempo mayor en lo que encuentran un mejor salario.
Adiestramientos estratégicos
En cuanto a los adiestramientos, el estudio encontró que como las empresas tienen hoy un presupuesto más limitado que antes, se concentran en desarrollar el potencial de liderato de los gerenciales, y no tanto en proveerles conocimientos técnicos. Mientras, para los profesionales y personal de apoyo los adiestramientos están más enfocados en las competencias técnicas.
El 55% de las empresas entrevistadas invierte más de $1,000 anuales en adiestramientos por gerente; mientras el 73% invierte menos de $500 al año por cada empleado no gerencial.
El reto es avanzar más con los adiestramientos en línea, dijo Bermúdez, al tiempo que señaló que todavía existe una fuerte percepción entre patronos y empleados de que el adiestramiento presencial es más efectivo. Además, las empresas aún deben establecer métricas para calcular el rendimiento de la inversión en adiestramientos.
Por otra parte, los beneficios marginales representan el costo laboral más alto, después de los salarios. Por ello, uno de los retos mayores para cualquier patrono es mantener controlado dicho costo.
El plan médico es apreciado
Según el estudio, el plan médico a empleados es el beneficio de mayor prevalencia en el sector privado. El 80% de los beneficiados tiene cubierta familiar o individual, mientras muy pocos tienen cubierta para parejas sin hijos.
El costo del plan médico en Puerto Rico es entre un 55% y 65% más barato que en Estados Unidos, según los expertos en compensaciones entrevistados. Allá el costo promedio de un plan familiar es $520 mensuales, mientras uno individual cuesta $210 al mes.
En la actualidad, las empresas en la Isla aportan el 70% del costo del plan de salud, mientras el empleado aporta el restante 30%. “Una década atrás la proporción era 80% - 20%”, dijo Bermúdez. Agregó que las empresas ofrecen el beneficio de plan de retiro como una medida de responsabilidad social y retención de talentos.
No hay duda de que controlar el costo del plan médico es una prioridad para las compañías privadas, así como establecer programas efectivos de bienestar, ya que esto último ayuda a prevenir aumentos en los costos de los planes de salud.
Lo que valora el empleado
Según Bermúdez y Guerrero, el salario no es lo único que valoran los empleados como recompensa a su trabajo. Indicaron que tanto las empresas como el personal consideran también otros factores motivacionales, tales como: el paquete de beneficios, el balance entre la vida personal y el trabajo, el reconocimiento a su desempeño, así como las oportunidades de desarrollo profesional que ofrezca el patrono.
No obstante, lo anterior no significa que el salario no juegue un papel importante a la hora de diseñar las estrategias de atracción y retención de personal. De hecho, este año las empresas darán, en promedio, un 3.4% de aumento salarial a todos los empleados, sin importar su jerarquía, según el estudio.
El año pasado, las que dieron aumento ofrecieron 3.1%. “En el 2008 el 50% de las empresas no dio aumento. Estamos recobrando los niveles de incremento salarial de hace 10 años”, señaló el presidente de Aon Hewitt.
Los bonos crecen
Respecto al bono de Navidad, que tanta controversia causó cuando en el cuatrienio pasado se aumentó escalonadamente el mínimo a pagar, hoy más de la mitad de las empresas encuestadas dijeron que pagan más del mínimo legal.
En el 2008, el 57% de las compañías otorgó la cantidad mínima de Bono de Navidad, de $600, pero ese porcentaje ha bajado hasta el 42% en el 2012.
Otra tendencia que salió a relucir en el estudio es que hay un número cada vez mayor de empresas que ofrecen un bono de desempeño a sus empleados, adicional al salario base.
Bermúdez dijo que esa práctica de dar bono por desempeño casi no se veía hace cinco años, pero desde entonces ha crecido vertiginosamente. La mayoría de las empresas la limita a la alta gerencia, pero hay algunas que han empezado a extenderla a toda la plantilla.
“Es muy sano esta práctica porque recompensa de acuerdo al desempeño individual y al de la firma. No aumenta los costos porque solo se da si el desempeño de la empresa mejora. Es la mejor manera de paliar la crisis”, aseveró el ejecutivo de Aon Hewitt.
La Reforma Laboral
Aunque muchos expertos de recursos humanos están de acuerdo con esa premisa, donde no existe consenso es en el tema de Reforma Laboral, según evidencia el estudio, donde las opiniones quedaron divididas.
Más de dos terceras partes de los entrevistados (68%) opinó que la legislación laboral actual es efectiva; mientras el 32% restante considera que es limitante al hacer negocios.
De los encuestados, el 78% dijo que no tiene convenio colectivo en su empresa, solo el 22% lo tiene. Pero todos coincidieron en que la incidencia mayor de reclamaciones es por despido injustificado (32%), seguido por discrepancias en el manejo de licencias (27%).
A juzgar por los resultados del estudio, el mercado laboral ha sido marcado por la recesión. De cara al futuro, el reto será trabajar para aumentar los empleos bien pagos y la tasa de participación laboral en la Isla, independientemente de si hay o no una reforma laboral el próximo cuatrienio.
“No hay duda de que el reto es más complejo ahora y una reforma laboral puede ayudar a que eso suceda; pero no será lo determinante. Lograrlo dependerá de elementos macroeconómicos, como el crecimiento de las inversiones y del Producto Interno Bruto”, concluyó el presidente de Aon Hewitt.