Deudas limitan el acceso a una hipoteca 2013-2014

Bajo condiciones ideales, el pago de la hipoteca no debe exceder el 32% del presupuesto familiar o personal, por lo que no debería haber problemas con la nueva regulación del Consumer Financial Protection Bureau, que entra  en vigor el 10 de enero de 2014 y limita a 43% la razón de deuda a ingreso para acceder a un préstamo hipotecario. 

Sin embargo, la realidad en Puerto Rico es que más del 40% de los consumidores no cumplen con esos parámetros y no podrían comprar ni refinanciar una vivienda.

     Agustín Rojo, presidente de la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés), dijo que el promedio de las hipotecas que se otorgan en la Isla son a personas con una razón de deuda a ingresos menor al 40%. Aun así, más del 40% exceden el nuevo parámetro para calcular la capacidad de repago que fija en 43% la razón de deuda a ingresos, incluyendo el pago de la propiedad.

El ejecutivo dijo que también debe considerarse que en la Isla, el costo de los vehículos es más alto que en otras jurisdicciones de Estados Unidos, lo que limita aun más el crédito.

Para una familia con ingresos de $40,000 al año, una razón de deuda ingreso de 43% representa unos $1,300 al mes. Mientras que una hipoteca de $120,000 tiene una mensualidad aproximada de $700, lo que deja $600 para las demás obligaciones.

 “Los intereses bajos dan un respiro. Pero va a depender mucho de los gastos que tengan los consumidores”, dijo Rojo sobre la cantidad del préstamo al que tendrán acceso.

Por otro lado, el presidente de la MBA, señaló que el promedio de las hipotecas otorgadas en los últimos años fluctúa entre $130,000 a $135,000, y que el grueso de los proyectos de vivienda en construcción tienen precios de venta por debajo de los $160,000.

Viven cheque a cheque

 “La regulación es buena porque busca evitar que el consumidor se endeude demasiado, pero desde el punto de vista macro, la realidad es que la gente no ahorra y vive de cheque a cheque así es que tendrá dificultad para comprar una vivienda”, dijo Eugenio Alonso, presidente de Consumer Credit Counseling en Puerto Rico, al tiempo que destacó que ya sea con una razón de deuda a ingreso de 43% o 45%, lo importante es que los ciudadanos sean prudentes con sus gastos.

Consumer es una agencia de asesoría financiera, y como tal, dijo Alonso, aconseja a sus clientes a mantener por debajo de 32% la porción del presupuesto destinado a gastos de vivienda. Sin embargo, dijo que cuando se suman préstamos de auto, que también es una necesidad en Puerto Rico, y las tarjetas de crédito y otros tipos de préstamos, es probable que la razón de deuda sobrepase lo establecido por el CFPB. “El 32% es una guía, pero sabemos que en Puerto Rico el gasto es más... El consumidor puertorriqueño está tan endeudado, que cualquier cambio en las reglas va a hacerle difícil comprar o refinanciar”, reiteró el presidente de Consumer, quien expresó preocupación por que esto agrave la crisis en el sector de bienes raíces.

Advierten que el gobierno de Puerto Rico planifica retasación de propiedades septiembre 2013

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Waldemar Quiles Rodríguez, advirtió hoy que la administración del Partido Popular Democrático (PPD) planifica realizar una retasación de las propiedades en la Isla, colocando así una nueva carga contributiva.

Se trata del proyecto de la Cámara 1371, que pretende establecer una nueva fórmula de tasación para toda propiedad inmueble en Puerto Rico a través del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

La medida también fue objetada por el expresidente de la Comisión de Hacienda, el representante Antonio “Toñito” Silva, quien calificó la medida como una “abusiva” ante la actual situación económica de la Isla.

“Hoy somos testigos de otro asalto contra el bolsillo de la familia puertorriqueña, esta vez mediante la imposición de una nueva tasa de contribución. Este nefasto proyecto no debe pasar el cedazo legislativo. Por eso invito a la mayoría parlamentaria a engavetar esta medida que tanto daño le haría a los ciudadanos¨, comentó Quiles Rodríguez.

Las expresiones del legislador surgieron luego de una audiencia pública sobre la medida.

Durante la audiencia, la Cámara de Comercio de Puerto Rico y el Colegio de Contadores Públicos Autorizados rechazaron el proyecto.

Según el legislador, ambas agencias levantaron la voz de alerta en torno al impacto negativo del proyecto, incluyendo el posible incumplimiento con sus disposiciones el cual podría resultar en una manera adicional de que el ciudadano común pueda perder su hogar o negocio.

¨Nos unimos a las expresiones del Colegio de Contables que dijeron hoy que ante la situación económica actual, esta medida pondría en mayor culpabilidad a aquellos contribuyentes que ya están en una situación económica precaria¨, dijo el representante

NO A 40,000 ASESORES QUE INVIERTA EN BONOS DE PUERTO RICO (CHATARRA)

El diario especializado en finanzas, The Wall Street Journal publicó el viernes que varias casas de corretaje le han recomendado a un número combinado de unos 40,000 asesores financieros de todo Estados Unidos que se alejen de los $70,000 millones en bonos que Puerto Rico tiene actualmente en el mercado.

La noticia salió en el diario pocas horas después de que, el mismo viernes, el equipo financiero del Gobierno de Puerto Rico se reuniera en Nueva York precisamente con representantes de la industria financiera para aliviar la ristra de golpes negativos que ha tenido el crédito de la Isla en la forma de noticias sobre las finanzas públicas deterioradas y en la forma de tasas de interés fuera de lo normal, hasta 10%, aplicadas a los bonos de la Isla. Esos oficiales declinaron hacer comentarios para la nota que salió en el Journal.

Entre las casas que han hecho la advertencia se incluye UBS, la cual a través de su filial en la Isla es una de las responsables de la estampida que ha ocurrido en la venta de bonos de Puerto Rico "a quemarropa" por la forma en que estructuraron varios fondos mutuos aquí, y que han afectado a miles de puertorriqueños. Esta forma de invertir llegara de UBS llegará próximamente a los tribunales en la forma de demandas.

Específicamente, UBS implantó la medida de que, en adelante, condicionará la compra de bonos de Puerto Rico a un relevo escrito por parte del cliente en el que reconoce lo riesgosa que es esa transacción. Wells Fargo & Co. es otra de las casas que ha hecho la advertencia a sobre 15,000 consejeros financieros. Otras, como James Financial Inc., llevan un año tomando medidas especiales para restringir el acceso a los bonos de la Isla y limitar la exposición riesgosa que sus clientes puedan tener a los mismos.

"Invertir en Puerto Rico no es para los débiles de corazón", dijo Alan Schankel, un estratega de la firma Janney Montgomery Scott. "Creemos que Puerto Rico va a evitar el incumplimiento (del pago de su deuda) pero este resultado no está seguro", añadió.

El artículo del viernes también consigna que hay inversionistas que ven la situación actual como una de oportunidad.

"Hay algunos que piensan que Puerto Rico va a implosionar, y otros que piensan que tienen tiempo. Nosotros pensamos que tienen tiempo", comentó Joe Rosenblum, director de investigación del crédito de ciudades y estados en AllianceBernstein.

De acuerdo a Morningstar, un 77% de los fondos mutuos con bonos de ciudades y estados tienen deuda de Puerto Rico en su cartera.

DILE ADIÓS A COMPRAR PROPIEDADES DESDE ENERO 2014, PUERTO RICO 2013

S i usted es uno de los miles de consumidores que todavía no deciden si refinanciar su hogar o adquirir una nueva propiedad tal vez deba darse prisa, porque es posible que no cualifique a partir de enero próximo.

El año entrante, específicamente a partir del 10 de enero, el sistema bancario depositante de Puerto Rico, al igual que los bancos hipotecarios y las cooperativas tendrán que aplicar nuevos parámetros de evaluación crediticia cuando los consumidores toquen a la puerta, ya sea para adquirir una residencia, suscribir una segunda hipoteca o refinanciar la que poseen.

La razón para el nuevo ajuste de tuercas radica en la regla de hipoteca cualificada o QM, por sus siglas en inglés y en la regla de capacidad de repago (ability to repay o ATR, por sus siglas en inglés), una nueva disposición del Buró para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) que cuenta con defensores y escépticos.

Mientras a los ojos de los reguladores federales, la iniciativa persigue proteger a quienes suscriban una hipoteca, desde la perspectiva de los banqueros, la nueva reglamentación podría privar a miles del sueño de tener un hogar.

Las disposiciones, todavía objeto de un fuerte cabildeo en la capital federal, son otra de las secuelas de la debacle financiera que provocó la especulación inmobiliaria en la década del 2000 en Estados Unidos y en ese punto del mapa, según varios entrevistados, se trata de un enfoque acertado.

En Puerto Rico, no obstante, economistas, banqueros y el propio regulador entienden que el QM y el ATR pueden ser una camisa de fuerza al sector hipotecario de la Isla. Y ello, para colmo de males y contrario al continente, llega en tiempo de vacas flacas, cuando la fortaleza financiera de los individuos está en su punto más bajo en por lo menos cinco años y en un contexto de debilidad en el mercado inmobiliario de la Isla.

La camisa de fuerza

Según el texto de la nueva reglamentación del CFPB, a partir del 10 de enero de 2014, una hipoteca cualificada o QM será aquella donde todas las deudas del consumidor incluyendo la hipoteca no excedan su ingreso en más de 43%.

De acuerdo con Ada García, a cargo de Oriental Mortgage, la mayoría de las hipotecas que se originan en la Isla -aproximadamente 80%- se vende a entidades como la Federal Housing Administration (FHA) o a las empresas inversoras de hipotecas Freddie Mac y Fannie Mae y estas entidades exigen que se evalúe la capacidad de repago por parte del consumidor.

No obstante, para esos inversionistas la relación entre deuda e ingreso que se exige en la Isla fluctúa entre 45% y 48%. Esto porque se consideran otros factores como el historial crediticio del cliente o los ahorros que posee.

La nueva reglamentación, sin embargo, no ofrece esa flexibilidad. En su lugar, la exigencia de 43% entre deuda e ingreso, según el comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), Rafael Blanco, se calculará considerando como deuda todo aquello que aparezca en el historial de crédito del solicitante. Eso incluye tarjetas de crédito, préstamos, pero también la cuenta del teléfono o de las utilidades públicas si aparece en el historial.

Además, se incluirá en el análisis todo gasto o pago relacionado con la hipoteca. En ese último renglón, de acuerdo con el regulador bancario, se incluirán el pago de impuestos a la propiedad, cuotas o cargos especiales de mantenimiento y seguros.

Además, dijo Blanco, la reglamentación también exige incluir como deuda el pago de una pensión alimentaria, si es el caso.

Así las cosas, para cumplir con el requisito de 43%, es muy posible que los consumidores tengan que aportar más dinero al pronto pago para cerrar la transacción.

Adiós al pronto “chiquito”

En Puerto Rico, la norma en transacciones de refinanciamiento es no aportar nada en los gastos de cierre, mientras que en casos de compraventa, en la mayoría de las hipotecas el préstamo representa entre el 90% y el 97% del valor de la transacción.

“Aquí el puertorriqueño paga, pero no tiene capacidad para ahorrar”, sostuvo Gilberto Monzón, responsable de Crédito a Individuos en Banco Popular al señalar que a ello responden muchos de los incentivos que se otorgaron recientemente. “Creemos que el péndulo regulatorio se ha ido al lado extremo”.

Según Monzón, la nueva regla no solo afecta a Puerto Rico sino que puede incidir negativamente en mercados inmobiliarios deprimidos en Estados Unidos como la ciudad de Detroit, por ejemplo, o áreas rurales o muy pobres.

Empero, el banquero destacó que los reguladores se han negado a hacer excepciones.

Tanto la OCIF, como la Asociación de Bancos de Puerto Rico, e incluso el comisionado residente Pedro Pierluisi y hasta el congresista Luis Gutiérrez llevan meses pidiendo al CFPB que se haga una excepción con la Isla.

Al cierre de esta edición, no obstante, tanto Blanco como el vicepresidente ejecutivo de la ABPR, Arturo Carrión, indicaron que sus pedidos no han tenido respuesta.

Intereses más altos

De acuerdo con Monzón, pasado presidente de la Asociación de Banqueros Hipotecarios en la Isla, la reglamentación no solo pone restricciones del lado del consumidor sino que también puede frenar la actividad crediticia.

Ello porque las instituciones podrían inclinarse a suscribir únicamente financiamientos QM y dejar de lado, otros productos que se interpretarán como riesgosos cuando se pase revista de la calidad de los activos o la solvencia de la entidad.

Según la medida que implementará el CFPB, en las hipotecas QM, los gastos de cierre no podrán exceder 3%. Y aunque ello parece beneficioso al consumidor, el efecto de esa determinación será encarecer el precio de la hipoteca como un todo.

“Los bancos vamos a ser de nuevo los malos de la película”, aseveró la líder de hipotecas en Oriental Bank.

¿Justos por pecadores?

“Las carteras de Puerto Rico son la mejor evidencia de que la originación de hipotecas aquí no fue tan descabellada como en Estados Unidos”, dijo Blanco al señalar que el sistema financiero en Puerto Rico se mueve a adoptar la reglamentación, aunque no se ajusta a la realidad de la Isla.

Según Blanco, tanto el QM como el ATR hacen sentido en el mercado estadounidense porque allí se dieron transacciones adversas a las finanzas de muchos consumidores. Recordó la aprobación de préstamos con tasas variables sin analizar capacidad de repago; préstamos con poca o ninguna documentación y el proceso de ejecución hipotecaria acelerada.

En dólares, las prácticas provocaron pérdidas billonarias entre los años 2008 y 2010. Pero sobretodo, estas minaron el potencial de la primera economía del mundo.

De acuerdo con la Oficina de Presupuesto Congresional (CBO, por sus siglas en inglés) el producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos, la crisis financiera provocó que el PIB estadounidense no creciera conforme a su potencial, en por lo menos $5.7 trillones para el 2018.

En el lado humano, firmas especializadas como Corelogic han destacado que en los pasados dos años, el número de propiedades residenciales en procesos de ejecución rondó entre 1.5 millones y 1.2 millones. Es decir, tres de cada 10 propietarios de hogares en Estados Unidos estaba en vías de perder su principal activo.

En Puerto Rico, según Blanco, prácticamente nueve de cada 10 hipotecas vigentes en la Isla están al día.

Según datos de la OCIF, hasta junio pasado, poco más de 357,330 hipotecas en la Isla estaban al día de un total de 430,312 hipotecas vigentes. El número de préstamos en ejecución hipotecaria para ese mes se ubicó en unos 17,483 casos.

Jesús F. Méndez, principal oficial responsable de Doral Bank en Puerto Rico, explicó que el alza en las ejecuciones hipotecarias responde más al deterioro económico que a préstamos mal originados.

Según Blanco y Méndez, los excesos prestatarios que se dieron en Puerto Rico estuvieron más vinculados a la relación de valor de la propiedad a monto del préstamo. Es decir, se descansaba en la capacidad de apreciación de la propiedad y por ello, se prestaba hasta el 100% o más de su valor.

“En otros mercados (evaluar la capacidad de repago) era discresional, pero aquí se efectúa ese análisis”, sostuvo Méndez al agregar que en el caso de Doral, la institución aplica la metodología de ATR desde el 2010.

En ello coincidió García, a cargo de la división hipotecaria de Oriental Bank. “La capacidad de repago del cliente siempre se ha analizado en Puerto Rico. Cada institución puede variar sus procesos de evaluación, pero ese elemento se considera”, subrayó.

Más exigencia, menos chavos

Según los entrevistados, el problema con el QM y el ATR es que el requisito de capacidad de repago es tan alto y poco flexible que dejará miles sin poder acceder a una hipoteca.

“Aquí hay un grupo de clientes que están un poco más endeudados que el requisito de QM, pero como son personas con buen historial de crédito y tienen ahorros, se les puede otorgar una hipoteca. Ahora, (a partir de enero de 2014) eso no lo vamos a poder hacer porque no se van a permitir esos factores compensatorios”, explicó García.

Los nuevos vientos son otro golpe para el consumidor y la banca aseveró Carrión. “Esta es una barra demasiado alta para Puerto Rico”.

Endeudados

Dijo que la ABPR favorece el espíritu de la ley, pero insistió en que el CFPB debe considerar que “un solo juego de reglas falla necesariamente en considerar la realidad del mercado de vivienda de Puerto Rico y muy probablemente en otras jurisdicciones”.

“Esto puede tener efectos muy negativos en la población de Puerto Rico”, dijo Carrión al recordar que la Isla no sale del estancamiento económico que le aqueja desde el 2006.

Según los estimados de la ABPR, hasta el 2011 y en promedio, la relación entre la deuda y el ingreso de los puertorriqueños se ubica en 67%.

Datos de la Junta de Planificación apuntan a que hasta el fiscal 2012, los puertorriqueños adeudaban unos $22,578 millones por todo tipo de concepto, desde hipotecas y préstamos personales hasta financiamientos con entidades de gobierno. La deuda de los consumidores, según la JP creció más rápido en diez años que los ahorros de los puertorriqueños. Para el 2012, los ahorros en bancos y cooperativas o planes de pensiones totalizaban unos $45,951 para el mismo período.

Como resultado, la relación entre la deuda de los consumidores y lo que posee para repagarla, cada vez, es menor. Según la JP, para el 2012, esa relación se ubicó en apenas en 2.03%, el nivel más bajo en los pasados seis años.

Se disparan las quiebras en Puerto Rico 2013

Durante el mes de agosto el número de quiebras 

incrementó en un 11%

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Tras haberse recuperado en julio de tres meses consecutivos de incremento en quiebras, en el mes de agosto se volvieron a disparar según cifras preliminares emitidas por el Boletín de Puerto Rico.
Durante el mes de agosto,  el número de quiebras incrementó en un 11%, equivalente a 102 quiebras más  en comparación con el mes de agosto del 2012, registrándose unas 996 quiebras.
Según las estadísticas del Boletín, durante el mes de agosto del 2013 se han radicado 996 quiebras, siendo 604 de ellas bajo el amparo de la protección del Capítulo 13 (ajuste de deuda de individuos), seguido muy de cerca por el Capítulo 7 con 374 de liquidación con unas 3374 radicaciones. Bajo el Capítulo 11, de reorganización se radicaron 16 quiebras y bajo el Capítulo 12 de agricultores y pescadores se radicaron solo dos quiebras.
El número de quiebras disminuyó en julio hasta 860, una descenso interanual de 18.6%, según los datos del Boletín de Puerto Rico. Se trata de la cuarta caída en el número de quiebras desde que comenzó la crisis económica.
Durante el año, ya se han radicado unas 7,270 quiebras, equivalente a un alza de 4% en comparación con el año pasado. Dicho porcentaje representa unas 297 quiebras más que en el mismo periodo del 2012. Por el lado de los negocios, las de mayores quiebras radicadas hasta junio del 2013 corresponden a contratistas de construcción, vaquerías, cafeterías, desarrolladores de proyectos de construcción y restaurantes.
Las quiebras alcanzaron su nivel más alto en el 2010, con 12,376, 9.6% más que en el 2009, la cifra más alta desde el 2005, cuando fue firmada la nueva Ley de Quiebra.

A evaluar su resistencia los bancos AGOSTO 2013

La Fed urge mayor cuidado para enfrentar eventual deterioro de la economía

Cuán preparados están los bancos en sus niveles de solvencia para enfrentar un deterioro en la economía se pondrá a prueba próximamente para las principales instituciones financieras de Puerto Rico, cuyos resultados deberán presentarse a principios del 2014 al Banco de la Reserva Federal (Fed).

Se trata de las llamadas pruebas de resistencia o ‘stress tests’, que en días recientes dejaron bien parados a los principales bancos de Estados Unidos, pero el presidente de la Fed, Ben Bernanke, entiende que todavía se pueden mejorar los niveles de capitalización.

, En Puerto Rico, con ocho años recesionarios, el sector financiero ha experimentado significativos cambios que incluyen desde la consolidación de tres bancos en el 2010, la reorganización y venta de préstamos en delincuencia, así como medidas para reducir gastos y el cierre de sucursales, entre otros.

Aurelio Alemán, presidente de FirstBank y presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, informó que en los próximos meses algunos bancos realizarán sus pruebas y a principios de 2014 las presentarán a la Fed.

Para el Comisionado de Instituciones Financieras, Rafael Blanco, “en términos generales, la solvencia de los bancos en Puerto Rico es sólida” y explicó que aunque no todas las instituciones en la Isla están obligadas a realizar un ‘stress test’, “la realidad es que todas lo hacen para propósitos internos y de planificación estratégica”.

“Luego de la crisis del 2006-2010 –digo 2006 cuando comenzaron los temas de ‘restatement’ de estados financieros y comienzo de la ralentización económica– los bancos en Puerto Rico fueron exitosos en levantar capital nuevo. Aunque la economía no ha recuperado, los bancos han sido capaces de identificar los activos dudosos y han hecho una limpieza de los mismos tomando las pérdidas necesarias”, destacó el Comisionado.

Los ‘stress tests’ son pruebas que se realizan para estimar la capacidad de los bancos al enfrentarse ante un evento de deterioro de la economía. Eso incluye aumento del desempleo, morosidad en préstamos y la devaluación de inversiones, entre otros factores que representan dificultades financieras para un banco aun cuando está preparado.

Blanco comentó que todavía la calidad de las carteras “permanece siendo un reto mayor”, lo cual se combina “con una economía que no permite la generación de nueva actividad prestataria, manteniendo entonces un elevado nivel porcentual de delincuencia”. Sin embargo, insistió que se han tomado importantes pasos afirmativos en todos los bancos.

Al presente, operan aquí Banco Popular, FirstBank, Oriental Bank, Scotia, Santander y otros de menor tamaño. El total de activos de los bancos para el segundo trimestre que terminó el 30 de junio de este año, sumaron $81,314 millones, mientras en el trimestre previo (enero-marzo) eran $82,349 millones.

“El reto consiste en evitar que los préstamos migren a clasificaciones de peor categoría y, por ende, se requieran mayores dotaciones a la reserva de préstamos dudosos. Sin duda alguna el período de mejor solvencia fue la década del 90, tiempo en que la economía y actividad financiera tuvo su pico”, declaró Blanco.

Por su parte, Alemán sostuvo que los retos continúan, pero “son retos mejores a los del 2011”, porque precisamente se han realizado muchos cambios operacionales.

“Entiendo que los bancos en Puerto Rico tienen el capital para continuar mejorando y estamos en plena estabilización. Nosotros vemos que los bancos se han capitalizado y aunque la gente ve la cosa lenta sí ha habido mejoría”, comentó Alemán.

Alemán indicó que hay signos de mejoría en algunos sectores, aunque se resalta la urgencia para que se recupere la industria de la construcción, la cual mueve la actividad económica en otros renglones. La venta de cemento (como barómetro de la actividad en la construcción) reflejó una caída de 14.3% en julio, muestra del úndécimo mes de bajas consecutivas.

En Estados Unidos la Fed ha insistido en que los bancos se preparen más y puedan enfrentar eventuales tensiones en el mercado. A pesar de que se reconocen los avances logrados en esa dirección por las principales instituciones financieras, Bernanke entiende que las pruebas no son completamente eficientes y por eso pide que los ejecutivos bancarios puedan ser más capaces a la hora de identificar los riesgos que enfrentan sus bancos.

Advierten riesgos de invertir en la Isla 2013 AGOSTO PUERTO RICO

Una importante publicación de finanzas destacó en su portada la crisis económica que atraviesa la Isla

La revista Barron’s, una de las más influyentes sobre las finanzas mundiales, publicó ayer un artículo de portada en la que advierten los riesgos de invertir en la Isla ante la crisis fiscal existente.

En la publicación, titulada “Puerto Rico in trouble”, se destacan los grandes gastos del gobierno, el desempleo, el nivel de pobreza, la deuda gubernamental de $53 millones, y un gobierno muy grande para la población.

De igual forma, da una alerta a los inversionistas de bonos municipales que podrían verse afectados si la Isla deja de cumplir con sus responsabilidades con los bonistas.

Por su parte, Dan Heckman, estratega del  Wealth Management Bank en Minneapolis, dijo que “hemos estado aconsejando a los clientes a mantenerse lejos de Puerto Rico. El Gobierno está haciendo todo lo posible, pero tiene que salir de un agujero muy profundo”.

Sin embargo, el escrito reconoció que el gobierno ha dado ciertos pasos para resolver la crisis.

“Las medidas fiscales implementadas por esta administración, junto con los planes estratégicos desarrollados por las empresas públicas y el compromiso para transformarlas en empresas autosostenibles, serán un factor que asegurará el pago total de la deuda contraída”, dice parte del artículo.

Por otro lado, la publicación enfatizó que el próximo año probablemente sea uno crítico, ya que el gobierno tiene como objetivo reducir el déficit fiscal a $800 millones de $ 2.2 mil millones en el año fiscal que terminó en junio. El déficit del año pasado se proyectó inicialmente en unos $300 millones.

Asimismo, los investigadores añadieron que “si las medidas del gobierno no funcionan, y sus costos de endeudamiento permanecen altos, Puerto Rico tendría que reestructurar su deuda en algún lugar del camino”.

“El rendimiento de la tentadora deuda de Puerto Rico no es suficiente para compensar por el riesgo”, concluyó el escrito.

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LA ISLA DE PUERTO RICO NO AGUANTA MAS

Ya sea en dos meses o dos años, está claro que la deuda de $673 millones en bonos que emitió ayer la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) la pagarán los clientes de la corporación pública a través de la factura de luz.

También está claro que los abonados desembolsarán mucho más que $673 millones, ya que la AEE pudo tomar dinero prestado a cambio de pagar intereses altos. De hecho, la tasa de alrededor de 7% fijada en la emisión es la más alta en la historia de la AEE

Con toda probabilidad, los efectos en la factura no se sentirán hasta dentro de 24 meses. Esto, debido a que la AEE se acogió a un plan tipo “compre ahora y pague después”, en el que los intereses se capitalizan por dos años.

“La AEE no pagará intereses por los primeros dos años. Por lo tanto, el impacto grande de esta deuda no se verá hasta el 2015. El servicio de la deuda empezaría a aumentar a partir del 2016”, indicó ayer el director de política pública del Centro para la Nueva Economía, Sergio Marxuach.

Empero, la AEE sugiere otro escenario. El director ejecutivo de la corporación pública, Juan F. Alicea, sostuvo que la emisión financiará el Plan de Mejoras Capitales para los próximos dos años, que incluye, entre otras cosas, la conversión de petróleo a gas natural de las unidades generatrices.

Según argumentó, la generación con gas natural -combustible más barato que el crudo- redundaría en una reducción del costo energético, por lo que el efecto de la emisión en la factura de luz sería transparente.

Para Marxuach, sin embargo, lo que plantea la AEE -que fue establecido en el prospecto que circuló entre sus inversionistas con motivo de la emisión- genera mucha incertidumbre, ya que “está basado en supuestos”.

Su premisa cobra peso al considerar que históricamente, la AEE ha incumplido sus itinerarios de trabajo cuando de mejoras capitales se trata. Ejemplo de ello es, precisamente, la gasificación de la central Costa Sur, en Guayanilla. En abril de 2010, el exdirector ejecutivo de la AEE, Miguel Cordero, dijo que el proyecto se completaría a finales de ese mismo año. No obstante, no fue hasta el mes pasado que Alicea “inauguró” las unidades convertidas.

“Lo que dice la AEE está basado en un montón de supuestos sobre los que la corporación pública no tiene ningún tipo de control de si se dan o no. Dicen, por ejemplo, que aumentará la demanda energética, cuando la realidad es que cada vez estamos perdiendo más población. Dicen, además, que tendrán convertidas todas sus unidades a gas natural, cuando para ello dependen de tener la unidad flotante en Aguirre”, ilustró Marxuach.

El economista se refirió a la unidad de regasificación de gas natural licuado, que se conocería como Aguirre GasPort y que la AEE delegó en la compañía privada Excelerate Energy. El proyecto costaría $250 millones y estaría en operaciones en abril de 2015.

“Eventualmente, esta emisión de bonos tendrá un impacto grande en la factura, a menos que la AEE cumpla con lo que dice. Lamentablemente, la experiencia pasada con la AEE es que siempre está atrasada en itinerario y a sobre costo”, recalcó Marxauch.

“Quiebra técnica”

En opinión del economista y planificador Elías Gutiérrez, la tasa de alrededor de 7% con que se concretó la emisión de bonos refleja que los mercados perciben a la AEE como una inversión de alto riesgo.

“Si un contable fuese a hacer un análisis de la AEE, diría que sus pasivos son superiores a sus activos. Eso coloca a cualquier entidad en lo que se conoce como una quiebra técnica. Lo que pasa es que aquí no ha ocurrido un default (ejecución), pero es un peligro bien grande. Si hubiese que cubrir toda la deuda en un momento dado, no habría dinero suficiente”, advirtió.

Hasta junio pasado, la AEE debía unos $8,809 millones, cantidad que subiría tras la emisión de ayer.

Cuestionado sobre si existen alternativas a la emisión de bonos para que la AEE costee su Plan de Mejoras Capitales, Gutiérrez respondió en negativa, ya que las reservas (capital propio) de la corporación pública se han destinado a otros fines, como el otorgamiento de subsidios. El más reciente de esos subsidios se le dio a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a través de una tarifa preferencial por consumo energético. Los $37.5 millones que le costará a la AEE esa tarifa preferencial provendrán de los ahorros de la gasificación de Costa Sur.

Entretanto, el ingeniero Agustín Irizarry, uno de los dos representantes ciudadanos en la Junta de Gobierno de la AEE, recordó que fue la Legislatura quien facultó a la corporación pública a acudir al mercado de bonos para financiar su infraestructura. Por lo tanto, le parece “hipócrita” que el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, y otros políticos hayan pedido explicaciones de la transacción cerrada ayer.

De paso, Irizarry comentó que sí existen mecanismos menos costos que las emisiones de bonos, como conseguir el capital cobrándoselo directamente a los consumidores.

“Es algo que ya se hace en otras jurisdicciones, donde en las facturas se incluyen partidas específicas para obras de infraestructura. Es algo que igual pagan los consumidores, pero resulta más barato que la emisión de bonos porque solo se paga el principal. En la emisión de bonos se pagan también intereses, lo que a la larga resulta mucho más costoso”, puntualizó.

Detrimental el IVU para la vivienda nueva

El presidente de la Asociación de Constructores de Hogares (ACH), Alejandro Brito, sostuvo que la imposición del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), en las transacciones entre empresas tendrá efectos graves sobre el precio de la vivienda formal.

Brito hizo su afirmación durante el conversatorio Alianza del Gobierno e Industria para la Construcción de Viviendas, celebrado en el hotel La Concha.

Al comentar sobre el impacto que tiene el Proyecto de la Cámara 3070, que elimina exenciones en el cobro de IVU a gran parte de los servicios profesionales contratados en la construcción y venta de unidades de vivienda, Rafael Rojo, desarrollador y expresidente de ACH, manifestó que el cobro de IVU, en casos de business to business, “tendría un efecto cascada violento en los costos” de las viviendas.

Mientras, el economista Joaquín Villamil sostuvo que el efecto de dicho impuesto en transacciones entre empresas podría implicar un aumento entre 4% y 6% en el costo de las unidades de vivienda.

Bajan las ventas

La consternación del sector se manifiesta en momentos en que la venta de vivienda va en declive.

Brito sostuvo que la venta de casas ha decaído en 2013. Dijo que en abril se vendieron 126 unidades; en marzo del corriente se vendieron 118 unidades de viviendas; en febrero, 146 unidades, y en enero, 161. Según datos estadísticos, en 2012 se vendieron 2,327 unidades de vivienda nuevas. “Las ventas de marzo (de 2013) eran lo que se veía en ventas en una semana hace varios años”, dijo Brito.

Por su parte, el alcalde Héctor O’Neill menciono ante la ACH una serie de medidas en su municipio para incentivar el desarrollo de viviendas privadas e incrementar los proyectos de construcción en la jurisdicción de Guaynabo, entre las que figura el megaproyecto Waterfront, desarrollándose en la costa del sector Amelia, el cual conlleva una inversión de $160 millones y una inyección de $15.1 millones en la infraestructura del sector.

Durante la actividad, O’Neill anunció que, luego de varios litigios en las cortes, finalmente se podrá construir el proyecto Palmares de Guaynabo, que este fin de semana se opcionó en su totalidad y tiene una lista de espera de 1,300 personas. En fase de construcción, creará unos 300 empleos.

El proyecto, en el barrio Hato Nuevo y Mamey, consta de 400 unidades, con precios que comienzan en $235,000.

Por otra parte, en cuanto a viviendas de interés social, Brito alertó sobre que la mayoría de las solicitudes ante la Administración de Vivienda Pública son de casas con una sola habitación.

“Mas familias de madres o padres solteros, personas de mayor edad que se casan y no tienen hijos, o jóvenes que viven con sus padres y quieren tener su primer hogar”, abundó Vanessa de Mari, de la junta de directores de la ACH, sobre quienes interesan este tipo de vivienda.

Efecto inflacionario devastador para Puerto Rico

Si bien el gobernador Alejandro García Padilla insistió en que los arbitrios no afectarán a la clase trabajadora, la propuesta para cuadrar el presupuesto con nuevos tributos provocó una avalancha de reacciones negativas de los sectores profesionales preocupados porque a la larga pasarán el impacto al ciudadano o porque se advierte un “efecto inflacionario devastador”.

El Gobierno sometió, junto al proyecto de presupuesto, medidas impositivas que captarían sobre $1,490 millones, a lo que se añade un aumento de hasta un 100 por ciento en las tarifas del agua, otro de 30 por ciento en la factura de la luz debido al costo del petróleo y proyectos adicionales legislativos que totalizan sobre 40 medidas de aumento. A eso se añade la congelación de la reforma contributiva.

Ninguno de los economistas consultados ha podido aquilatar el impacto del conjunto de todas las acciones que propone el Gobierno para allegar ingresos.

No obstante, el Colegio de Contadores Publicos Autorizados, a través de su presidente, Kenneth Rivera Robles, advirtió que extender el IVU a las transacciones entre negocios aumentará sus costos operacionales. Y peor todavía, puede desatar “un efecto inflacionario devastador”.

“La eliminación de la exención para los servicios designados y los servicios de negocio a negocio puede causar un aumento principalmente en los costos operacionales, ya que la mayoría de las exenciones no tienen impacto directo en los consumidores. Si la imposición ocurre temprano en la cadena de las transacciones, dicho impuesto puede tener un efecto inflacionario devastador”, indicó el CPA.

Además, “si se impone contribución a los insumos, esto va a tener el efecto de encarecer los bienes y servicios que son vendidos en la Isla. La imposición del IVU está predicada en que se imponga solo al consumidor final de los bienes o servicios y no a los consumidores intermedios en la cadena. Tal imposición a los niveles intermedios tendría un efecto cascada al aumentar los costos operacionales y/o los costos directos de los negocios de Puerto Rico. El Colegio se opone a cualquier iniciativa que grave los insumos en las líneas de producción por entender que podrían tener un efecto inflacionario en los bienes y servicios generados a nivel local”, se dijo en comunicado de prensa.

El Colegio de CPA exhortó al Gobierno a “lograr una mayor captación y una reducción en la evasión de los recaudos del IVU”. Mientras, García Padilla insiste en que no hay impuestos contra la gente. “No hay un solo arbitrio que afecte directamente al consumidor”, dijo el Ejecutivo en un mensaje en Guayama durante la celebración del 40 aniversario del DACO. Según el Gobernador, solo se impactará a los que generan sobre $200 mil de ingresos propios y a los que compren casas de más de $1 millón.

No obstante, el economista Elías Gutiérrez cree que esta serie de arbitrios y modificaciones a las contribuciones existentes será contraproducente.

“Esta estrategia política de intentar hacerle creer a la población que quienes van a pagar son las corporaciones, los negocios y los que tienen propiedades es falso; quien va a pagar esto somos todos nosotros y es la peor estructura que se pudo haber propuesto… porque hemos hecho un infierno el producir en Puerto Rico”, sentenció Gutiérrez en una emisora radial (WKAQ 580). Gutiérrez destacó que “se está castigando a los que producen y a los que generan ingresos”.
“Esto que se está proponiendo es una barbaridad. Hemos complicado de una manera extraordinaria la tarea de generar producción en el País, hemos producido oportunidades adicionales para generar corrupción y evasión”, agregó.

En tanto, el economista Carlos Colón De Armas dijo a EL VOCERO que el Ejecutivo debió presentar un presupuesto menor “para que la poca capacidad de impuestos nuevos pueda usarla para inversión”.

“Tiene que reducir gastos y aquí se está hablando de aumentos (al salario de los funcionarios públicos). El gasto no tiene gran impacto económico, lo que necesita el Gobierno es hacer inversión para mover la economía”, sentenció el también profesor universitario.

Por su parte, el economista Jaime Benson entiende que el Gobierno tiene ante sí un gran reto, por lo que deben asumir de forma seria la insuficiencia fiscal controlando los gastos y no imponiendo más impuestos que solo profundizan la contracción económica.

“Ahora la prioridad está en evitar la degradación del crédito del País. La realidad es que no hay mucho espacio para maniobrar. Ya la Isla agotó su capacidad de incurrir en deuda, por lo que tienen que mantener la reducción en gastos”, afirmó el profesor de Economía.

Para otros, los impuestos –aunque sean de manera provisional– son precisamente el remedio inmediato, siempre acompañado del control de gastos. El economista Juan Lara recalcó que la recesión se ha prolongado por cerca de ocho años, denotando un estancamiento económico. Y es urgente tomar medidas para cerrar el déficit estructural del Gobierno, de lo contrario no se podrán desarrollar políticas para estimular el crecimiento económico.

Para el doctor José J. Villamil es evidente que la Isla hace años perdió su capacidad de generar crecimiento. Ante esa pérdida de capacidad y la imposibilidad de emitir deuda, “el Gobierno no tiene otra opción que imponer contribuciones, las cuales prefiero sean en el consumo y no reduciendo el gasto público, ya que esto se traduciría en despidos de empleados gubernamentales”, explicó Villamil.

Otro de los sectores que será nuevamente gravado es el de los seguros, industria que ha visto mermado su crecimiento. El empresario de seguros Adolfo Krans indicó que “el impuesto a las pólizas de seguro lo vamos a pagar los ciudadanos y no las aseguradoras”.

“O se aumenta la prima o se reducen beneficios a las pólizas en proporción al aumento; se transfiere totalmente a los asegurados”, advirtió en entrevista radial (WKAQ).
Mientras, la Asociación de Abogados levantó bandera ante la intención de extenderle también el IVU a ese servicio profesional.

Héctor Ramos, presidente de la asociación que agrupa a los abogados, alertó que establecer un impuesto a los servicios profesionales “pudiera limitar el acceso a los tribunales a personas de escasos recursos” y “subirá los costos de estos servicios al convertir a los abogados y otros profesionales en agentes cobradores del Departamento de Hacienda

En ruta otro azote al bolsillo

El presupuesto recomendado por la administración de Alejandro García Padilla se cuadrará en parte con un nuevo impuesto aplicable a cada póliza de seguros que suscriban individuos o empresas de toda índole en Puerto Rico.

Se trata de una tasa de 1% que se pagará sobre el monto de cada prima de seguros suscrita en la Isla, explicó hoy la secretaria de Hacienda, Melba Acosta.

La medida allegaría unos $102 millones al fisco, estima Hacienda.

Según Acosta, al presente, ciertos productos financieros que suscribe la banca están sujetos al pago de patentes municipales, pero en el caso de las primas de seguros, el Gobierno estatal tiene la principal prioridad impositiva en ese campo.

“Estamos ejerciendo esa prerrogativa”, dijo Acosta.

Agregó que se estableció el impuesto solo a las primas en la Isla y que no se hizo con aseguradoras internacionales porque estas ya pagan una tasa de 4%.

Los detalles del nuevo impuesto salieron a relucir durante la primera vista pública de las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara de Representante en torno al presupuesto recomendado para el año fiscal 2013-14 y que se lleva a cabo hoy en la Casa de las Leyes.

Acosta no explicó si el impuesto aplicaría a seguros esenciales como los planes médicos, seguros por desastres, vida o por enfermedades catastróficas. Empero, Acosta indicó que durante el año pasado, las primas suscritas en Puerto Rico alcanzaron unos $10,200 millones, de acuerdo con datos de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).

Tampoco se indicó si la imposición podría resultar en un aumento en las primas de seguro en Puerto Rico.

Degradan al borde de chatarra el crédito de Puerto Rico

Standard & Poor's degradó el rango de las obligaciones del gobierno central esta tarde, colocándolo en el borde del grado chatarra. 

La perspectiva es negativa, indicó además la casa acreditadora.

Según el analista David Hitchcock, la degradación responde a que el déficit presupuestario para el presente año fiscal es “mucho mayor” de lo presupuestado y en ausencia de acción correctiva.

“Creemos que las deficiencias contra el presupuesto del año fiscal 2013 harán difícil que el gobierno pueda lograr un presupuesto balanceado en los próximos dos años”, dijo el analista.La decisión de Standard & Poor's tiene el efecto de equiparar la clasificación con aquella que emitió Moody's Investors Service en diciembre pasado.

Se produce unos doce días después de que el equipo financiero de Alejandro García Padilla les hiciera una presentación en La Gran Manzana.

Las reuniones con Moody's, Fitch y SP se produjeron el pasado 1 de marzo cuando Melba Acosta, jefa de Hacienda, informó que les presentaron las medidas fiscales que ha puesto en marcha la administración García Padilla, con la esperanza de evitar una degradación del crédito.

Junto a Acosta, acudieron a las reuniones Javier Ferrer, presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), David Chafey, presidente de la Junta del BGF y Carlos Rivas, de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

En entrevista telefónica desde Nueva York, Acosta explicó entonces que se trató de reuniones muy largas, donde los analistas de las tres casas acreditadoras “escucharon los planteamientos del Gobierno con interés e hicieron muchas preguntas particulares”.

Aunque dijo no poder dar detalles de lo que se habló, la funcionaria sostuvo que se les cuestionó insistentemente sobre las propuestas para reformar Retiro. En otra de las reuniones, sotuvo que muchas de las preguntas giraron en torno a la APP del aeropuerto.

“Me siento muy tranquila en que lo que presentamos, que fue todo lo que hemos estado haciendo”, dijo Acosta. “Ahora lo importante es que se logre la aprobación del proyecto para modificar los planes de retiro”, agregó.

En negativo la clasificación de los bonos de la UPR

La casa acreditadora Moody's Investors informó ayer, lunes, que degradó la proyección a largo plazo de los bonos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) a una perspectiva “negativa”.

En un comunicado emitido por la casa acreditadora en Nueva York, se informó sobre la designación de Ba1 a los bonos comprometidos con los ingresos de la institución educativa y a Ba2 los de la Serie A 2000, el cual es sufragado por la universidad a través de un programa de arrendamiento a largo plazo.

“La calificación de Ba1 para la UPR refleja la alta dependencia que se tiene al (Fondo General del) Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, se detalló, al hacer referencia a que un estimado del 71 % de los ingresos operativos del año fiscal 2012 de la Universidad, provinieron del gobierno.

El informe de Moody's destaca que esa dependencia en el dinero del Fondo General, afecta los bonos de la UPR, dado a que el gobierno ha tenido una mala clasificación de los bonistas.

La agencia acreditadora también señaló las pocas fuentes de ingresos de la UPR y su dependencia al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), que tiene que socorrer sus problemas de liquidez con una línea de crédito, como un problema para mejorar sus clasificación de los bonos.

Se destaca, además, que influenció en la clasificación negativa de los bonos el hecho de que el Hospital de la UPR de Carolina tiene un historial de déficit operacional, que los estudiantes se resisten a que les aumenten sus aportaciones a través de la matrícula y la cuota, que la cantidad de matriculados ha disminuido considerablemente, así como la suspensión de los fondos provistos por la National Science Foundation a los dos centros de investigación de la Universidad.

Ante esta degradación, el representante estadista Urayoán Hernández indicó en comunicado de prensa que "esto es un golpe más que esta administración de Alejandro García Padilla acaba de dar a nuestro pueblo. Hoy vemos que solo han sido promesas y promesas; pero nada de sustancias. Todo lo que se prometió por el gobernador, incluyendo salvaguardar el crédito de la UPR, ha resultado ser un espejismo”.

Elevados niveles de ejecución hipotecaria Puerto Rico

Aunque los clientes por lo general quieren mantener sus hogares, lamentablemente la situación económica no se los está permitiendo. En el 2012 las ejecuciones hipotecarias se dispararon en un 20%, para unas 3,814, equivalentes a unas 626 más que en el 2011, según las más recientes estadísticas de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).

Mensualmente en la Isla se están ejecutando entre 35 a 40 residencias. Un año y medio atrás se tenía reposeído un valor en propiedades de $500 millones, hoy esa cifra alcanza los $2,000 millones.

Rafael Blanco, comisionado de la OCIF, explicó que actualmente se encuentran en proceso de ejecución unas 18,800 hipotecas, con una valor ascendente a $2,800 millones. Esta situación pudiese agudizarse más si se toma en consideración que al cierre del 2012, la morosidad en las hipotecas alcanzó un 16.86%, cifra que aunque se ha mantenido muy similar a los pasados dos años, para la industria es preocupante de cara a una economía que no promete visos de mejoría en un futuro cercano. Estas cifras pudieron ser más elevadas, si no se hubiese aprobado la ley que permite un agresivo proceso de mitigación que permita que el consumidor pueda efectuar su pago y no perder el activo. Con el proceso de mitigación, lograron salvarse el pasado año 6,789 hipotecas.

El Comisionado explicó que la ejecución de una hipoteca es un problema grande para la banca, porque conlleva un gasto de mantenimiento, de seguro y en ocasiones la residencia ejecutada no cubre el valor del préstamo, lo que siempre representa un potencial de pérdida.

En este particular, varios inversionistas coincidieron en que el número de propiedades se mantiene producto de la intransigencia de la banca en reducir los precios para hacer accesible la adquisición de las propiedades. Héctor Torres, quien se dedica a la compra de propiedades para la reventa, aseguró a EL VOCERO que existe mucha dejadez por parte de los corredores de bienes raíces en venderle a la banca estas propiedades reposeídas, por lo que obvian las llamadas de los clientes. Asimismo, una vez logran la comunicación pasan semanas en contestarles la aprobación o denegación de la oferta, para posteriormente indicarles que la banca se niega a reducir un solo centavo.

Para el economista Jaime Benson el panorama no ha de cambiar inmediatamente, sino que deberán agravarse de cara a una complicación económica y una merma en las ayudas federales. A ello sumó la proyectada pérdida de empleos.

Sin embargo, para Arturo Carrión, director ejecutivo de la Asociación de Bancos, el panorama no es tan negativo, si se comparan esas ejecuciones con la cantidad de hipotecas vigentes, las cuales afirmó superan las 400,000, lo que entiende es bastante estable.

“Esta situación se debe estabilizar en la medida en que la economía se estabilice y se creen empleos. Lo que sucede es que ante la pérdida de empleos, la gente pierde su capacidad de pago, incumpliendo con los compromisos contraídos”, afirmó Carrión.

Por su parte Jay Casalduc, primer vicepresidente y gerente general de FirstMortgage, indicó que la banca se está atemperando a esta situación para evitar que los números continúen en alzada. Entre las estrategias mencionó los programas de mitigación que están implementando en conjunto con los inversionistas hipotecarios de Puerto Rico por muchos años, Fannie Mae y Ginnie Mae, entre otros, que ayudan a reestructurar las deudas de los clientes, haciendo posible el pago de la hipoteca. Los tipos de ayuda, que pudiesen ir desde reducción de intereses hasta la ampliación del término del préstamo, depende de cada situación particular de los clientes. Sin embargo, se han dado a la tarea de trabajar no solo con las hipotecas en delincuencia, sino que también están ofreciendo alternativas a propietarios que están en cabal cumplimiento de la deuda hipotecaria, previniendo que puedan caer en una posterior delincuencia.

Describen como nefasta la quiebra pública

Banco Gubernamental de Fomento está a punto de la quiebra.

Ante la cruenta crisis fiscal en la que se encuentra el Estado, si una o varias agencias gubernamentales se declarasen en quiebra, las implicaciones serían nefastas para la credibilidad del País.

El exlegislador y abogado Eudaldo Báez Galib señaló a EL VOCERO que las agencias gubernamentales en Puerto Rico están diseñadas como una corporación, razón por la que  pueden radicar quiebra.

“Como cualquier ente, en una quiebra se congela todo, se nombran interventores, se inician consejos de acreedores, y se sigue el proceso regular de la ley. Pero la diferencia a una corporación privada, es que no paran sus funciones. Tienen que seguir ofreciendo los servicios”, detalló.

En dicho caso, como las agencias son corporaciones públicas, tendrían que recibir un tratamiento especial. “Los jueces de quiebra tienen mucho espacio para negociar”, agregó.

Dependencias como los Sistemas de Retiro, la Autoridad de Carreteras, la Autoridad de los Puertos, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y el Banco Gubernamental de Fomento son solo algunas de las agencias sumidas en una crisis fiscal severa. La deuda de la Autoridad de los Puertos asciende a $925 millones. El déficit actuarial del Sistema de Retiro del Gobierno es de $25,457,354, el de la Judicatura $382,776.046) y en el Sistema de Retiro para los Maestros $11,448,609, que totalizan unos $37.3 billones.

Fuentes de EL VOCERO sostienen que el Banco Gubernamental de Fomento está a punto de la quiebra. De hecho, en su ponencia ante la Asociación de Constructores de Hogares, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia dijo sobre el BGF que “la deuda está en $70 mil millones. El Gobierno de Puerto Rico no puede coger prestado más. Por primera vez en nuestra historia, el BGF se ha quedado sin capacidad de manejar deuda”.

“Cualquier quiebra crea un efecto a la credibilidad malísimo, destruye crédito. Sería fatal, porque para el Gobierno el crédito es lo más que funciona, para financiar obra pública. La quiebra afecta a todas las corporaciones, pero en un ente gubernamental es peor”, recalcó Báez Galib.

El exlegislador indicó que en algunos contratos de emisión de bonos tienen cláusulas en las que los bonistas pueden forzar a las agencias a unos comités de administración si entienden que están a punto de perder su dinero.

“Esto podría ser un paso previo. La Constitución de Puerto Rico tiene un ‘rating’ alto, porque le garantiza a los bonistas el pago. Por ejemplo, si la AAA no puede pagar, la Constitución dice que el Gobierno tiene que responder”, comentó.

“Hay que ver qué sucede si el Gobierno no tiene con qué pagar”, agregó.

“Insostenible” el problema de Retiro. Aquí bienen los impuestos !!

En lo que parece ser presagio de sendos recortes en beneficios y aumentos para toda la población, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) publicó un análisis en que el señala que, a partir de este año, el Gobierno tendrá que sacar unos siete centavos de cada dólar que los contribuyentes envían al Departamento de Hacienda para pagar las pensiones de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) y el Sistema de Retiro para Maestros (SRM). Y la aportación irá en aumento.

Esa dinámica aparece descrita como “insostenible” en el reporte “Los números hablan por sí solos”, en el cual el BGF plantea que habrá que “reevaluar” el pacto social y determinar “qué es un retiro justo” en aras de evitar la degradación crediticia y el colapso del Fondo General.

En cinco años, según el BGF, el Gobierno tendrá que destinar 18 centavos de cada dólar en impuestos, y en los años 2023 y 2030, se sacarán 33 centavos y 41 centavos, respectivamente, para pagar pensiones.

Según el reporte, a partir de este año, se sacarán unos $612 millones para pagar pensiones, que en otras circunstancias hubieran sido destinados a pagar por servicios de educación, salud o seguridad. En el 2030, esa aportación ascendería a $2,150 millones al año o prácticamente el 25% de los ingresos que reciba el Fondo General.

Un problema de todos

“El gobierno no tiene los recursos para continuar aportando cada vez más a los sistemas. Más aún, no les estamos hablando con la verdad a los pensionados y empleados públicos si les decimos que el Fondo General tiene la capacidad para hacerlo”, reza el reporte, en el que advierte que una degradación podría suponer no pagar  salarios de los empleados públicos o facturas a los suplidores.

“La crisis de los sistemas de Retiro ya no es el problema exclusivo del empleado público que espera poder disfrutar de un retiro; es un riesgo sistémico que amenaza a la sociedad puertorriqueña y al diario vivir de cada ciudadano de este país”, reza el reporte.

El análisis destaca que Puerto Rico no es la única jurisdicción con problemas, pero señala que su problema de insolvencia actuarial es el más grave de todo Estados Unidos y que se requieren cambios “drásticos”.

El reporte publicado por el BGF parece avalar el trabajo investigativo del Centro para la Nueva Economía en torno al tema, así como los múltiples reportes de El Nuevo Día que revelaron que la ASR no tendrá activos netos para cubrir a partir del año 2013-14.

El reporte parece criticar el efecto limitado de las emisiones de bonos de pensiones (POB, por sus siglas en inglés), que son epicentro de una senda disputa por daños y conflictos de interés contra el Gobierno, pero también deja entrever que las aportaciones que los empleados y maestros hacen a tales sistemas no ha variado en años y ni siquiera a futuro aún cuando el patrono aumentaría las aportaciones hasta el 20% y 21%, respectivamente.

Según el BGF, salir de la crisis requerirá “cambios sustanciales” a ambos sistemas, pero al mismo tiempo, el agente fiscal advirtió que no existe una “sola solución al problema”.

Los líderes de la banca local advierten que una degradación del crédito de la Isla podría ser devastador para la población

El sector bancario de la Isla se anotó otra victoria en el partido hacia la rentabilidad al asegurar $244 millones en ingresos netos durante el 2012.

La cifra, provista por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y atribuible únicamente al negocio bancario comercial de la Isla, se aproxima a los $298 millones registrados en el 2011 y supone un cambio de curso en relación a las pérdidas netas de $642 millones y $872 millones registradas en los años 2010 y 2009, respectivamente. Entonces, la necesidad de tirar a pérdidas muchos de los créditos –que se otorgaron por exceso durante la pasada década– eran la norma.

A nivel de matrices bancarias y como un todo, los números también son halagadores. Parte del beneficio llegó a los tenedores de acciones locales por la vía de la apreciación de los títulos. En conjunto, el Índice de Acciones de Puerto Rico (PRSI), que también incluye la aseguradora Triple-S Management Corp., aprecia alrededor de 8% en lo que va de año, según el servicio de noticias Bloomberg.

Riesgo nunca antes visto

Pero ahora, después de tanto trabajo para capear la peor tormenta crediticia en 40 años (en parte provocada por el mismo sector y a su vez, por la caída económica), los avances para salir de la crisis financiera parecen desvancerse ante una potencial degradación del crédito de la Isla y el comprobado debilitamiento de la economía local.

Al hablar del futuro, los líderes bancarios mencionan sus movidas estratégicas para ganar cuota de mercado, asegurar mejor gestión e incluso, para comprar o vender activos.

Pero también, y sin ambajes, reconocieron a Negocios que la situación crediticia de la Isla es el principal riesgo que encara el sector.

El tema es tan serio y urgente que el asunto de acabar de sacar de los libros varios millardos en activos fallidos, todavía dentro del sistema, parece pasar a segundo plano.

La coyuntura es tan crítica que el grupo de altos ejecutivos ha encontrado espacio es sus convulsas agendas para –en una movida poco vista– tocar a la puerta de varios legisladores en el Capitolio, La Fortaleza y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), entre otras agencias.

Según los banqueros, evitar la degradación requerirá el esfuerzo de todos y de medidas “en extremo difíciles” para las empresas y la ciudadanía.

Se mostraron optimistas en que la administración de gobierno cuenta con competencia y poder de convocatoria para prevenir la degradación.

Pero también dijeron, que de no articularse un plan correctivo creíble, el Gobierno y el sector bancario de la Isla podrían zozobrar y con ellos, la menguada libertad financiera que tiene la gente, los empresarios, cooperativas, iglesias, y hasta el llamado tercer sector.

No hubo mejora fiscal

“Hay que evitar la degradación del crédito a toda costa”, dijo el principal oficial ejecutivo de Popular Inc., Richard L. Carrión, al aseverar que quienes evalúan a Puerto Rico están más exigentes que antes.

“Las agencias clasificadoras ya nos rebajaron y eso fue un aviso. No podemos permitir que venga otro golpe”, dijo Carrión en referencia a la degradación por parte de Moody’s Inverstors Service en diciembre pasado.

Entonces, Moody's colocó la deuda del Gobierno central al borde del grado especulativo, pero catalogó basura parte de la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Universidad de Puerto Rico y otras seis corporaciones estatales.

Se espera que Standard & Poor’s se exprese acerca del crédito de la Isla en cualquier momento.

Cuestionado por el deterioro del déficit estructural, en unos $2,212 millones, según revelado por El Nuevo Día, Carrión sostuvo que en realidad, Puerto Rico nunca ha salido del atolladero.

“No es que hemos regresado al primer punto. Es que nunca nos hemos ido de ahí. Hemos estado ahí hace mucho tiempo”, manifestó.

El principio de todo

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR), Aurelio Alemán, un escenario de chatarra para Puerto Rico no equivale a perder un eslabón en la actividad económica. Equivale a perder “el punto de partida de la actividad económica de una sociedad desarrollada”.

“En ningún país, se ha desarrollado una clase media sin crédito”, sentenció el principal oficial ejecutivo de First Bancorp. “La clasificación de Puerto Rico es como el crédito de la persona. Una vez baja la empírica no hay quien te preste”.

“El perfil crediticio del país es donde inicia la cadena económica. Si no hay esa capacidad de acceder a capital y financiamiento, va a haber una seria limitación de lo que Puerto Rico puede hacer para dar servicios a la gente y en su desarrollo económico”, acotó.

“Asteroide” que no debe llegar

Puerto Rico debe unos $69,275 millones, en la forma de bonos o notas de corto plazo, así como en ciertos préstamos, según datos provistos por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Aproximadamente, 30 centavos de cada dólar está en manos de boricuas. La diferencia está, particularmente, en planes de pensiones, fondos dotales, aseguradoras e inversionistas individuales en Estados Unidos.

En el caso de Puerto Rico, una degradación podría provocar la insolvencia de los bancos. Según datos de la OCIF, las instituciones depositarias de la Isla tenían en sus libros unos $600 millones en bonos de Puerto Rico. Esa cifra no incluye los bonos que puedan tener matrices bancarias y tampoco las aseguradoras de la Isla, las universidades y las cooperativas.

Y tampoco los $11,360 millones en inversiones de Puerto Rico que, según la OCIF, gestionan los llamados fondos mutuos locales.

En este segmento del sector financiero, en algunos casos filiales de bancos comerciales, es donde miles de personas –muchos ya en la etapa del retiro– han puesto el dinero de sus planes de retiro, alguna herencia o la ganancia de algún negocio.

Una degradación a chatarra o grado especulativo tiraría por la borda el valor de todas esas inversiones.

Y en el caso de los bancos, según el vicepresidente ejecutivo de la ABPR, podría implicar hasta la insolvencia de alguna institución bancaria porque el regulador obligaría a las instituciones a reservar capital ante la posibilidad de no recobrar ese dinero.

El presidente del BGF, Javier D. Ferrer, lo explicó mucho mejor hace unos dos días a la prensa.

“La degradación resultaría en una cadena de eventos con impacto severo en Puerto Rico... Sería muy difícil financiar la obra pública. Habría una devaluación en las cuentas de ahorro e inversiones de la gente. El precio de las residencias bajaría. Habría un pérdida sustancial en empleos”, dijo Ferrer.

“Este concepto de que nos vamos a chatarra y la deuda se esfuma, no es cierto. La Constitución indica que lo primero que hay que pagar, asumiendo que no hay recursos, sería el principal e intereses de la deuda y tendríamos que proveer colateral adicional en derivados”, agregó el líder del BGF.

Jesús F. Méndez, antes del lado gubernamental y ahora responsable de Doral Bank en Puerto Rico también ofreció una buena lectura a Negocios.

“La capacidad del Gobierno de refinanciar su deuda (en un escenario de chatarra) impondrá al principal patrono Puerto Rico unas limitaciones extraordinarias. Del Gobierno se sostienen cientos de miles de empleos y esas personas son las que pagan hipoteca, las que tienen ahorros o depósitos que tendrían que sacar”, dijo Méndez.

Y todo ello, en una economía que, según datos de la Junta de Planificación y estimados de economistas se ha achicado al menos 14% desde el 2006 y que se prevé cerrará en negativo en este año. En un país donde solo cuatro de cada diez personas hábiles para trabajar aparenta estar en la economía formal; donde el Gobierno ha financiado sus gastos operacionales por 14 años, y donde su déficit en pensiones –la principal amenaza para la degradación– equivale casi a la mitad del producto bruto de Puerto Rico.

Poco margen de acción

¿Podría la banca auxiliar al Gobierno en esta ocasión? Preguntó Negocios.

“El sector bancario siempre ha estado disponible para ayudar a Puerto Rico, pero la clave es el ámbito regulatorio. Una cosa es que la banca esté dispuesta a prestar y otra es que el cliente no demuestre capacidad de pago para hacer la transacción financieramente viable”, dijo por su parte José Rafael Fernández, principal oficial ejecutivo de Oriental Financial Group.

“El regulador no va a permitirnos prestar en términos que no sean razonables”, agregó Fernández, cuya respuesta fue casi idéntica a la que dieron sus homólogos.

¿Y qué tal si se reestructura la deuda y se pide a los bancos tomar una parte de la pérdida?

“Eso es un default. En Grecia lo disfrazaron... Hacer un descuento de la deuda es aceptar que el país no tome las decisiones que tiene que tomar. Y si lo haces (si reestructuras e impones una quita a los bonistas), la credibilidad de Puerto Rico se va sin saber cuándo regresará”, sostuvo Fernández.

Así las cosas, la coyuntura requiere determinación, dijo por su parte, Román Blanco Reinoso, principal oficial ejecutivo de Banco Santander en la Isla.

“Esto (el plan de ajuste) tiene que suceder en las próximas semanas”, dijo Blanco Reinoso. “Hay que mostrar cosas concretas pronto”.

Y ello, según Blanco Reinoso y sus homólogos requerirá un trabajo de equipo y no solo del lado gubernamental, sino del legislativo, del ciudadano y corporativo.

Un puntillazo innecesario

Peter Bessey, principal oficial ejecutivo de Scotiabank Puerto Rico, se mostró confiado en que el Gobierno toma pasos asertivos para superar la coyuntura, pero reconoció que la degradación, afectaría los avances del sector bancario para regresar a la rentabilidad y fortalecer su capital.

Según datos de la ABPR, el sector bancario posee niveles de capitalización mejores –en unos $7,000 millones– que los que experimentaba para el año 2000.

Y con todo y la reducción de millones de dólares en activos tóxicos y el colapso de tres instituciones en el 2010, todavía el 9% de los activos del sector son financiamientos vencidos. La cifra es el doble del indicador en Estados Unidos, aseguró Alemán, al señalar que esa realidad también pone otro escollo para que el sector pueda auxiliar al Gobierno.

“La banca privada estaría limitada en lo que puede hacer para rescatar al Gobierno. Cuando miras los requerimientos de capital hoy versus 10 años atrás, no es factible”.

“Pienso que no vamos a llegar ahí (a la degradación). Hay conciencia y se va a actuar, pero hay que hacerlo con urgencia, y caminando es como se demuestra el compromiso para arreglar al país”.