Ante la cruenta crisis fiscal en la que se encuentra el Estado, si una o varias agencias gubernamentales se declarasen en quiebra, las implicaciones serían nefastas para la credibilidad del País.
El exlegislador y abogado Eudaldo Báez Galib señaló a EL VOCERO que las agencias gubernamentales en Puerto Rico están diseñadas como una corporación, razón por la que pueden radicar quiebra.
“Como cualquier ente, en una quiebra se congela todo, se nombran interventores, se inician consejos de acreedores, y se sigue el proceso regular de la ley. Pero la diferencia a una corporación privada, es que no paran sus funciones. Tienen que seguir ofreciendo los servicios”, detalló.
En dicho caso, como las agencias son corporaciones públicas, tendrían que recibir un tratamiento especial. “Los jueces de quiebra tienen mucho espacio para negociar”, agregó.
Dependencias como los Sistemas de Retiro, la Autoridad de Carreteras, la Autoridad de los Puertos, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y el Banco Gubernamental de Fomento son solo algunas de las agencias sumidas en una crisis fiscal severa. La deuda de la Autoridad de los Puertos asciende a $925 millones. El déficit actuarial del Sistema de Retiro del Gobierno es de $25,457,354, el de la Judicatura $382,776.046) y en el Sistema de Retiro para los Maestros $11,448,609, que totalizan unos $37.3 billones.
Fuentes de EL VOCERO sostienen que el Banco Gubernamental de Fomento está a punto de la quiebra. De hecho, en su ponencia ante la Asociación de Constructores de Hogares, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia dijo sobre el BGF que “la deuda está en $70 mil millones. El Gobierno de Puerto Rico no puede coger prestado más. Por primera vez en nuestra historia, el BGF se ha quedado sin capacidad de manejar deuda”.
“Cualquier quiebra crea un efecto a la credibilidad malísimo, destruye crédito. Sería fatal, porque para el Gobierno el crédito es lo más que funciona, para financiar obra pública. La quiebra afecta a todas las corporaciones, pero en un ente gubernamental es peor”, recalcó Báez Galib.
El exlegislador indicó que en algunos contratos de emisión de bonos tienen cláusulas en las que los bonistas pueden forzar a las agencias a unos comités de administración si entienden que están a punto de perder su dinero.
“Esto podría ser un paso previo. La Constitución de Puerto Rico tiene un ‘rating’ alto, porque le garantiza a los bonistas el pago. Por ejemplo, si la AAA no puede pagar, la Constitución dice que el Gobierno tiene que responder”, comentó.
“Hay que ver qué sucede si el Gobierno no tiene con qué pagar”, agregó.
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