En lo que parece ser presagio de sendos recortes en beneficios y aumentos para toda la población, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) publicó un análisis en que el señala que, a partir de este año, el Gobierno tendrá que sacar unos siete centavos de cada dólar que los contribuyentes envían al Departamento de Hacienda para pagar las pensiones de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) y el Sistema de Retiro para Maestros (SRM). Y la aportación irá en aumento.
Esa dinámica aparece descrita como “insostenible” en el reporte “Los números hablan por sí solos”, en el cual el BGF plantea que habrá que “reevaluar” el pacto social y determinar “qué es un retiro justo” en aras de evitar la degradación crediticia y el colapso del Fondo General.
En cinco años, según el BGF, el Gobierno tendrá que destinar 18 centavos de cada dólar en impuestos, y en los años 2023 y 2030, se sacarán 33 centavos y 41 centavos, respectivamente, para pagar pensiones.
Según el reporte, a partir de este año, se sacarán unos $612 millones para pagar pensiones, que en otras circunstancias hubieran sido destinados a pagar por servicios de educación, salud o seguridad. En el 2030, esa aportación ascendería a $2,150 millones al año o prácticamente el 25% de los ingresos que reciba el Fondo General.
Un problema de todos
“El gobierno no tiene los recursos para continuar aportando cada vez más a los sistemas. Más aún, no les estamos hablando con la verdad a los pensionados y empleados públicos si les decimos que el Fondo General tiene la capacidad para hacerlo”, reza el reporte, en el que advierte que una degradación podría suponer no pagar salarios de los empleados públicos o facturas a los suplidores.
“La crisis de los sistemas de Retiro ya no es el problema exclusivo del empleado público que espera poder disfrutar de un retiro; es un riesgo sistémico que amenaza a la sociedad puertorriqueña y al diario vivir de cada ciudadano de este país”, reza el reporte.
El análisis destaca que Puerto Rico no es la única jurisdicción con problemas, pero señala que su problema de insolvencia actuarial es el más grave de todo Estados Unidos y que se requieren cambios “drásticos”.
El reporte publicado por el BGF parece avalar el trabajo investigativo del Centro para la Nueva Economía en torno al tema, así como los múltiples reportes de El Nuevo Día que revelaron que la ASR no tendrá activos netos para cubrir a partir del año 2013-14.
El reporte parece criticar el efecto limitado de las emisiones de bonos de pensiones (POB, por sus siglas en inglés), que son epicentro de una senda disputa por daños y conflictos de interés contra el Gobierno, pero también deja entrever que las aportaciones que los empleados y maestros hacen a tales sistemas no ha variado en años y ni siquiera a futuro aún cuando el patrono aumentaría las aportaciones hasta el 20% y 21%, respectivamente.
Según el BGF, salir de la crisis requerirá “cambios sustanciales” a ambos sistemas, pero al mismo tiempo, el agente fiscal advirtió que no existe una “sola solución al problema”.
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