Elevados niveles de ejecución hipotecaria Puerto Rico

Aunque los clientes por lo general quieren mantener sus hogares, lamentablemente la situación económica no se los está permitiendo. En el 2012 las ejecuciones hipotecarias se dispararon en un 20%, para unas 3,814, equivalentes a unas 626 más que en el 2011, según las más recientes estadísticas de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).

Mensualmente en la Isla se están ejecutando entre 35 a 40 residencias. Un año y medio atrás se tenía reposeído un valor en propiedades de $500 millones, hoy esa cifra alcanza los $2,000 millones.

Rafael Blanco, comisionado de la OCIF, explicó que actualmente se encuentran en proceso de ejecución unas 18,800 hipotecas, con una valor ascendente a $2,800 millones. Esta situación pudiese agudizarse más si se toma en consideración que al cierre del 2012, la morosidad en las hipotecas alcanzó un 16.86%, cifra que aunque se ha mantenido muy similar a los pasados dos años, para la industria es preocupante de cara a una economía que no promete visos de mejoría en un futuro cercano. Estas cifras pudieron ser más elevadas, si no se hubiese aprobado la ley que permite un agresivo proceso de mitigación que permita que el consumidor pueda efectuar su pago y no perder el activo. Con el proceso de mitigación, lograron salvarse el pasado año 6,789 hipotecas.

El Comisionado explicó que la ejecución de una hipoteca es un problema grande para la banca, porque conlleva un gasto de mantenimiento, de seguro y en ocasiones la residencia ejecutada no cubre el valor del préstamo, lo que siempre representa un potencial de pérdida.

En este particular, varios inversionistas coincidieron en que el número de propiedades se mantiene producto de la intransigencia de la banca en reducir los precios para hacer accesible la adquisición de las propiedades. Héctor Torres, quien se dedica a la compra de propiedades para la reventa, aseguró a EL VOCERO que existe mucha dejadez por parte de los corredores de bienes raíces en venderle a la banca estas propiedades reposeídas, por lo que obvian las llamadas de los clientes. Asimismo, una vez logran la comunicación pasan semanas en contestarles la aprobación o denegación de la oferta, para posteriormente indicarles que la banca se niega a reducir un solo centavo.

Para el economista Jaime Benson el panorama no ha de cambiar inmediatamente, sino que deberán agravarse de cara a una complicación económica y una merma en las ayudas federales. A ello sumó la proyectada pérdida de empleos.

Sin embargo, para Arturo Carrión, director ejecutivo de la Asociación de Bancos, el panorama no es tan negativo, si se comparan esas ejecuciones con la cantidad de hipotecas vigentes, las cuales afirmó superan las 400,000, lo que entiende es bastante estable.

“Esta situación se debe estabilizar en la medida en que la economía se estabilice y se creen empleos. Lo que sucede es que ante la pérdida de empleos, la gente pierde su capacidad de pago, incumpliendo con los compromisos contraídos”, afirmó Carrión.

Por su parte Jay Casalduc, primer vicepresidente y gerente general de FirstMortgage, indicó que la banca se está atemperando a esta situación para evitar que los números continúen en alzada. Entre las estrategias mencionó los programas de mitigación que están implementando en conjunto con los inversionistas hipotecarios de Puerto Rico por muchos años, Fannie Mae y Ginnie Mae, entre otros, que ayudan a reestructurar las deudas de los clientes, haciendo posible el pago de la hipoteca. Los tipos de ayuda, que pudiesen ir desde reducción de intereses hasta la ampliación del término del préstamo, depende de cada situación particular de los clientes. Sin embargo, se han dado a la tarea de trabajar no solo con las hipotecas en delincuencia, sino que también están ofreciendo alternativas a propietarios que están en cabal cumplimiento de la deuda hipotecaria, previniendo que puedan caer en una posterior delincuencia.

Describen como nefasta la quiebra pública

Banco Gubernamental de Fomento está a punto de la quiebra.

Ante la cruenta crisis fiscal en la que se encuentra el Estado, si una o varias agencias gubernamentales se declarasen en quiebra, las implicaciones serían nefastas para la credibilidad del País.

El exlegislador y abogado Eudaldo Báez Galib señaló a EL VOCERO que las agencias gubernamentales en Puerto Rico están diseñadas como una corporación, razón por la que  pueden radicar quiebra.

“Como cualquier ente, en una quiebra se congela todo, se nombran interventores, se inician consejos de acreedores, y se sigue el proceso regular de la ley. Pero la diferencia a una corporación privada, es que no paran sus funciones. Tienen que seguir ofreciendo los servicios”, detalló.

En dicho caso, como las agencias son corporaciones públicas, tendrían que recibir un tratamiento especial. “Los jueces de quiebra tienen mucho espacio para negociar”, agregó.

Dependencias como los Sistemas de Retiro, la Autoridad de Carreteras, la Autoridad de los Puertos, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y el Banco Gubernamental de Fomento son solo algunas de las agencias sumidas en una crisis fiscal severa. La deuda de la Autoridad de los Puertos asciende a $925 millones. El déficit actuarial del Sistema de Retiro del Gobierno es de $25,457,354, el de la Judicatura $382,776.046) y en el Sistema de Retiro para los Maestros $11,448,609, que totalizan unos $37.3 billones.

Fuentes de EL VOCERO sostienen que el Banco Gubernamental de Fomento está a punto de la quiebra. De hecho, en su ponencia ante la Asociación de Constructores de Hogares, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia dijo sobre el BGF que “la deuda está en $70 mil millones. El Gobierno de Puerto Rico no puede coger prestado más. Por primera vez en nuestra historia, el BGF se ha quedado sin capacidad de manejar deuda”.

“Cualquier quiebra crea un efecto a la credibilidad malísimo, destruye crédito. Sería fatal, porque para el Gobierno el crédito es lo más que funciona, para financiar obra pública. La quiebra afecta a todas las corporaciones, pero en un ente gubernamental es peor”, recalcó Báez Galib.

El exlegislador indicó que en algunos contratos de emisión de bonos tienen cláusulas en las que los bonistas pueden forzar a las agencias a unos comités de administración si entienden que están a punto de perder su dinero.

“Esto podría ser un paso previo. La Constitución de Puerto Rico tiene un ‘rating’ alto, porque le garantiza a los bonistas el pago. Por ejemplo, si la AAA no puede pagar, la Constitución dice que el Gobierno tiene que responder”, comentó.

“Hay que ver qué sucede si el Gobierno no tiene con qué pagar”, agregó.

“Insostenible” el problema de Retiro. Aquí bienen los impuestos !!

En lo que parece ser presagio de sendos recortes en beneficios y aumentos para toda la población, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) publicó un análisis en que el señala que, a partir de este año, el Gobierno tendrá que sacar unos siete centavos de cada dólar que los contribuyentes envían al Departamento de Hacienda para pagar las pensiones de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) y el Sistema de Retiro para Maestros (SRM). Y la aportación irá en aumento.

Esa dinámica aparece descrita como “insostenible” en el reporte “Los números hablan por sí solos”, en el cual el BGF plantea que habrá que “reevaluar” el pacto social y determinar “qué es un retiro justo” en aras de evitar la degradación crediticia y el colapso del Fondo General.

En cinco años, según el BGF, el Gobierno tendrá que destinar 18 centavos de cada dólar en impuestos, y en los años 2023 y 2030, se sacarán 33 centavos y 41 centavos, respectivamente, para pagar pensiones.

Según el reporte, a partir de este año, se sacarán unos $612 millones para pagar pensiones, que en otras circunstancias hubieran sido destinados a pagar por servicios de educación, salud o seguridad. En el 2030, esa aportación ascendería a $2,150 millones al año o prácticamente el 25% de los ingresos que reciba el Fondo General.

Un problema de todos

“El gobierno no tiene los recursos para continuar aportando cada vez más a los sistemas. Más aún, no les estamos hablando con la verdad a los pensionados y empleados públicos si les decimos que el Fondo General tiene la capacidad para hacerlo”, reza el reporte, en el que advierte que una degradación podría suponer no pagar  salarios de los empleados públicos o facturas a los suplidores.

“La crisis de los sistemas de Retiro ya no es el problema exclusivo del empleado público que espera poder disfrutar de un retiro; es un riesgo sistémico que amenaza a la sociedad puertorriqueña y al diario vivir de cada ciudadano de este país”, reza el reporte.

El análisis destaca que Puerto Rico no es la única jurisdicción con problemas, pero señala que su problema de insolvencia actuarial es el más grave de todo Estados Unidos y que se requieren cambios “drásticos”.

El reporte publicado por el BGF parece avalar el trabajo investigativo del Centro para la Nueva Economía en torno al tema, así como los múltiples reportes de El Nuevo Día que revelaron que la ASR no tendrá activos netos para cubrir a partir del año 2013-14.

El reporte parece criticar el efecto limitado de las emisiones de bonos de pensiones (POB, por sus siglas en inglés), que son epicentro de una senda disputa por daños y conflictos de interés contra el Gobierno, pero también deja entrever que las aportaciones que los empleados y maestros hacen a tales sistemas no ha variado en años y ni siquiera a futuro aún cuando el patrono aumentaría las aportaciones hasta el 20% y 21%, respectivamente.

Según el BGF, salir de la crisis requerirá “cambios sustanciales” a ambos sistemas, pero al mismo tiempo, el agente fiscal advirtió que no existe una “sola solución al problema”.

Los líderes de la banca local advierten que una degradación del crédito de la Isla podría ser devastador para la población

El sector bancario de la Isla se anotó otra victoria en el partido hacia la rentabilidad al asegurar $244 millones en ingresos netos durante el 2012.

La cifra, provista por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y atribuible únicamente al negocio bancario comercial de la Isla, se aproxima a los $298 millones registrados en el 2011 y supone un cambio de curso en relación a las pérdidas netas de $642 millones y $872 millones registradas en los años 2010 y 2009, respectivamente. Entonces, la necesidad de tirar a pérdidas muchos de los créditos –que se otorgaron por exceso durante la pasada década– eran la norma.

A nivel de matrices bancarias y como un todo, los números también son halagadores. Parte del beneficio llegó a los tenedores de acciones locales por la vía de la apreciación de los títulos. En conjunto, el Índice de Acciones de Puerto Rico (PRSI), que también incluye la aseguradora Triple-S Management Corp., aprecia alrededor de 8% en lo que va de año, según el servicio de noticias Bloomberg.

Riesgo nunca antes visto

Pero ahora, después de tanto trabajo para capear la peor tormenta crediticia en 40 años (en parte provocada por el mismo sector y a su vez, por la caída económica), los avances para salir de la crisis financiera parecen desvancerse ante una potencial degradación del crédito de la Isla y el comprobado debilitamiento de la economía local.

Al hablar del futuro, los líderes bancarios mencionan sus movidas estratégicas para ganar cuota de mercado, asegurar mejor gestión e incluso, para comprar o vender activos.

Pero también, y sin ambajes, reconocieron a Negocios que la situación crediticia de la Isla es el principal riesgo que encara el sector.

El tema es tan serio y urgente que el asunto de acabar de sacar de los libros varios millardos en activos fallidos, todavía dentro del sistema, parece pasar a segundo plano.

La coyuntura es tan crítica que el grupo de altos ejecutivos ha encontrado espacio es sus convulsas agendas para –en una movida poco vista– tocar a la puerta de varios legisladores en el Capitolio, La Fortaleza y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), entre otras agencias.

Según los banqueros, evitar la degradación requerirá el esfuerzo de todos y de medidas “en extremo difíciles” para las empresas y la ciudadanía.

Se mostraron optimistas en que la administración de gobierno cuenta con competencia y poder de convocatoria para prevenir la degradación.

Pero también dijeron, que de no articularse un plan correctivo creíble, el Gobierno y el sector bancario de la Isla podrían zozobrar y con ellos, la menguada libertad financiera que tiene la gente, los empresarios, cooperativas, iglesias, y hasta el llamado tercer sector.

No hubo mejora fiscal

“Hay que evitar la degradación del crédito a toda costa”, dijo el principal oficial ejecutivo de Popular Inc., Richard L. Carrión, al aseverar que quienes evalúan a Puerto Rico están más exigentes que antes.

“Las agencias clasificadoras ya nos rebajaron y eso fue un aviso. No podemos permitir que venga otro golpe”, dijo Carrión en referencia a la degradación por parte de Moody’s Inverstors Service en diciembre pasado.

Entonces, Moody's colocó la deuda del Gobierno central al borde del grado especulativo, pero catalogó basura parte de la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Universidad de Puerto Rico y otras seis corporaciones estatales.

Se espera que Standard & Poor’s se exprese acerca del crédito de la Isla en cualquier momento.

Cuestionado por el deterioro del déficit estructural, en unos $2,212 millones, según revelado por El Nuevo Día, Carrión sostuvo que en realidad, Puerto Rico nunca ha salido del atolladero.

“No es que hemos regresado al primer punto. Es que nunca nos hemos ido de ahí. Hemos estado ahí hace mucho tiempo”, manifestó.

El principio de todo

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR), Aurelio Alemán, un escenario de chatarra para Puerto Rico no equivale a perder un eslabón en la actividad económica. Equivale a perder “el punto de partida de la actividad económica de una sociedad desarrollada”.

“En ningún país, se ha desarrollado una clase media sin crédito”, sentenció el principal oficial ejecutivo de First Bancorp. “La clasificación de Puerto Rico es como el crédito de la persona. Una vez baja la empírica no hay quien te preste”.

“El perfil crediticio del país es donde inicia la cadena económica. Si no hay esa capacidad de acceder a capital y financiamiento, va a haber una seria limitación de lo que Puerto Rico puede hacer para dar servicios a la gente y en su desarrollo económico”, acotó.

“Asteroide” que no debe llegar

Puerto Rico debe unos $69,275 millones, en la forma de bonos o notas de corto plazo, así como en ciertos préstamos, según datos provistos por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Aproximadamente, 30 centavos de cada dólar está en manos de boricuas. La diferencia está, particularmente, en planes de pensiones, fondos dotales, aseguradoras e inversionistas individuales en Estados Unidos.

En el caso de Puerto Rico, una degradación podría provocar la insolvencia de los bancos. Según datos de la OCIF, las instituciones depositarias de la Isla tenían en sus libros unos $600 millones en bonos de Puerto Rico. Esa cifra no incluye los bonos que puedan tener matrices bancarias y tampoco las aseguradoras de la Isla, las universidades y las cooperativas.

Y tampoco los $11,360 millones en inversiones de Puerto Rico que, según la OCIF, gestionan los llamados fondos mutuos locales.

En este segmento del sector financiero, en algunos casos filiales de bancos comerciales, es donde miles de personas –muchos ya en la etapa del retiro– han puesto el dinero de sus planes de retiro, alguna herencia o la ganancia de algún negocio.

Una degradación a chatarra o grado especulativo tiraría por la borda el valor de todas esas inversiones.

Y en el caso de los bancos, según el vicepresidente ejecutivo de la ABPR, podría implicar hasta la insolvencia de alguna institución bancaria porque el regulador obligaría a las instituciones a reservar capital ante la posibilidad de no recobrar ese dinero.

El presidente del BGF, Javier D. Ferrer, lo explicó mucho mejor hace unos dos días a la prensa.

“La degradación resultaría en una cadena de eventos con impacto severo en Puerto Rico... Sería muy difícil financiar la obra pública. Habría una devaluación en las cuentas de ahorro e inversiones de la gente. El precio de las residencias bajaría. Habría un pérdida sustancial en empleos”, dijo Ferrer.

“Este concepto de que nos vamos a chatarra y la deuda se esfuma, no es cierto. La Constitución indica que lo primero que hay que pagar, asumiendo que no hay recursos, sería el principal e intereses de la deuda y tendríamos que proveer colateral adicional en derivados”, agregó el líder del BGF.

Jesús F. Méndez, antes del lado gubernamental y ahora responsable de Doral Bank en Puerto Rico también ofreció una buena lectura a Negocios.

“La capacidad del Gobierno de refinanciar su deuda (en un escenario de chatarra) impondrá al principal patrono Puerto Rico unas limitaciones extraordinarias. Del Gobierno se sostienen cientos de miles de empleos y esas personas son las que pagan hipoteca, las que tienen ahorros o depósitos que tendrían que sacar”, dijo Méndez.

Y todo ello, en una economía que, según datos de la Junta de Planificación y estimados de economistas se ha achicado al menos 14% desde el 2006 y que se prevé cerrará en negativo en este año. En un país donde solo cuatro de cada diez personas hábiles para trabajar aparenta estar en la economía formal; donde el Gobierno ha financiado sus gastos operacionales por 14 años, y donde su déficit en pensiones –la principal amenaza para la degradación– equivale casi a la mitad del producto bruto de Puerto Rico.

Poco margen de acción

¿Podría la banca auxiliar al Gobierno en esta ocasión? Preguntó Negocios.

“El sector bancario siempre ha estado disponible para ayudar a Puerto Rico, pero la clave es el ámbito regulatorio. Una cosa es que la banca esté dispuesta a prestar y otra es que el cliente no demuestre capacidad de pago para hacer la transacción financieramente viable”, dijo por su parte José Rafael Fernández, principal oficial ejecutivo de Oriental Financial Group.

“El regulador no va a permitirnos prestar en términos que no sean razonables”, agregó Fernández, cuya respuesta fue casi idéntica a la que dieron sus homólogos.

¿Y qué tal si se reestructura la deuda y se pide a los bancos tomar una parte de la pérdida?

“Eso es un default. En Grecia lo disfrazaron... Hacer un descuento de la deuda es aceptar que el país no tome las decisiones que tiene que tomar. Y si lo haces (si reestructuras e impones una quita a los bonistas), la credibilidad de Puerto Rico se va sin saber cuándo regresará”, sostuvo Fernández.

Así las cosas, la coyuntura requiere determinación, dijo por su parte, Román Blanco Reinoso, principal oficial ejecutivo de Banco Santander en la Isla.

“Esto (el plan de ajuste) tiene que suceder en las próximas semanas”, dijo Blanco Reinoso. “Hay que mostrar cosas concretas pronto”.

Y ello, según Blanco Reinoso y sus homólogos requerirá un trabajo de equipo y no solo del lado gubernamental, sino del legislativo, del ciudadano y corporativo.

Un puntillazo innecesario

Peter Bessey, principal oficial ejecutivo de Scotiabank Puerto Rico, se mostró confiado en que el Gobierno toma pasos asertivos para superar la coyuntura, pero reconoció que la degradación, afectaría los avances del sector bancario para regresar a la rentabilidad y fortalecer su capital.

Según datos de la ABPR, el sector bancario posee niveles de capitalización mejores –en unos $7,000 millones– que los que experimentaba para el año 2000.

Y con todo y la reducción de millones de dólares en activos tóxicos y el colapso de tres instituciones en el 2010, todavía el 9% de los activos del sector son financiamientos vencidos. La cifra es el doble del indicador en Estados Unidos, aseguró Alemán, al señalar que esa realidad también pone otro escollo para que el sector pueda auxiliar al Gobierno.

“La banca privada estaría limitada en lo que puede hacer para rescatar al Gobierno. Cuando miras los requerimientos de capital hoy versus 10 años atrás, no es factible”.

“Pienso que no vamos a llegar ahí (a la degradación). Hay conciencia y se va a actuar, pero hay que hacerlo con urgencia, y caminando es como se demuestra el compromiso para arreglar al país”.

Recargo por uso de tarjetas de crédito no aplica en la Isla. Ojo al comerciante ladron !!

El designado secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Nery Enoc Adames Soto, alertó hoy que el recargo sobre las compras con tarjetas de crédito es prohibido por ley en Puerto Rico.

La advertencia la lanzó ante una decisión judicial en los Estados Unidos que permite a los comerciantes impongan a los consumidores los costos que implica procesar una transacción con tarjetas de crédito.

Según explicó Adames Soto en comunicado de prensa, este cargo podría responder a una propuesta de acuerdo legal al que llegaron Visa, MasterCard y algunos de los grandes bancos estadounidenses. El convenio pone fin a un juicio iniciado por minoristas que alegan que las compañías de tarjetas conspiraron con los grandes bancos para fijar comisiones de intercambio que deben sufragar cuando los clientes pagan con sus tarjetas. El acuerdo dispone una reducción temporal de las tarifas para los comerciantes y les permite imponer recargos a las compras de los clientes.

Ante tal decisión, el licenciado subrayó que en Puerto Rico está vigente la Ley número 150 de 4 de agosto de 2008, que prohíbe el sobrecargo a las transacciones de venta o arrendamiento a aquel consumidor que elige utilizar una tarjeta de crédito, en lugar de efectivo, cheque o cualquier otro método de pago similar.

“En Puerto Rico es ilegal que el comerciante imponga un cargo adicional al consumidor que elija utilizar una tarjeta de crédito en lugar de efectivo. Lo que sí pueden hacer los comerciantes, es ofrecer descuentos para promover el pago en efectivo”, sostuvo el funcionario.

Adames Soto recalcó que cualquier persona que viole las disposiciones de la regulación se expone a una multa no mayor de quinientos $500 o pena de cárcel no mayor de seis meses, o ambas penas, a discreción del Tribunal.

El Secretario añadió que hoy remitirá una comunicación al secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, alertándole de la situación y solicitando una opinión sobre el efecto de este acuerdo en la Isla a la luz de lo que dispone la Ley de Puerto Rico.

“Puerto Rico no es la única jurisdicción donde se prohíbe este tipo de cargo. Diez estados tienen legislación similar. Estos son: California, Colorado, Conneticut, Florida, Kansas, Maine, Massachusetts, New York, Oklahoma y Texas”, sostuvo Adames.

Aunque el DACO prometió estar vigilante para que no se le pase el cargo a los consumidores, el secretario exhortó al consumidor a que se mantenga vigilante y que denuncie a aquellos comerciantes que violenten estas normas.

Las denuncias pueden hacerse a través de la página cibernética de la agencia www.daco.gobierno.pr o a través de la aplicación móvil.

Crisis en el Gobierno de Puerto Rico 2013

El Gobierno encara un déficit estructural que podría alcanzar $2,212 millones en junio próximo.

La cifra, incluso, podría llegar a $2,700 millones, partiendo de un análisis hecho por El Nuevo Día que descansa en prospectos, informes oficiales e, incluso, en el Informe de Transición 2012 al que tuvo acceso este diario.

De ser el caso, Puerto Rico terminará en negativo por decimocuarto año consecutivo. La brecha sería entre siete y ocho veces más que el déficit anunciado por la administración de Luis Fortuño. También, sería más del doble del déficit estructural que se confirmó durante el proceso de transición gubernamental.

El Nuevo Día solicitó una reacción a La Fortaleza en torno al déficit real que heredaría esta administración y a las conclusiones del Comité de Transición. También, pidió una reacción a la secretaria de Hacienda designada, Melba Acosta. Al cierre de la edición, no había recibido respuesta.

En tanto, el presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Javier Ferrer, dijo al servicio de noticias Bloomberg que la administración de Alejandro García Padilla atenderá la situación con premura.

“Entendemos los retos que necesitan atenderse con determinación”, dijo Ferrer. “Estos incluyen atender la situación (de los planes) de retiro, atender el desbalance estructural del Fondo General y crear actividad económica sostenible en Puerto Rico”.

Ferrer agregó que esperan presentar legislación para atender la deficiencia de retiro el mes entrante.

¿De dónde sale la diferencia?

“Se calcula que el déficit operacional proyectado para el año fiscal 2012-2013 ronda en más de $2,000 millones, luego de ajustar las proyecciones de ingresos y gastos a un cuadro más real”, reza el documento.

El presupuesto operacional vigente es de $9,083 millones.

Se esfumó Cofina

La brecha, según el informe, responde a financiamientos que no han podido llevarse a cabo, obligaciones más altas de lo previsto y estimados inflados.

“El Gobierno federal ha informado que confiscará cerca de $190 millones de transferencias de fondos federales en cobro de pagos vencidos relacionados con la represa Cerrillos”, se agrega.

El déficit, empero, podría ser mayor. A partir de julio, el Gobierno no tendrá recursos en el Fondo de Estabilización. Tal fondo se capitalizó con unos $2,000 millones de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

Un informe del BGF, publicado en junio del año pasado, indica que en el presupuesto vigente hay unos $735 millones del Fondo de Estabilización. La cifra no incluye la emisión de $332.7 millones que el Gobierno emitiría a través de Cofina este año.

álgida coyuntura

El cuadro fiscal es tan complejo que el regreso del arbitrio a las foráneas a la tasa del 4% no será suficiente, aceptó el contador público autorizado Juan Agosto Alicea. A preguntas de El Nuevo Día, el otrora secretario de Hacienda prefirió no entrar en las conclusiones del Informe de Transición.

Agosto Alicea, quien hace un año vaticinó el cuadro que hoy experimenta el fisco, estimó que el déficit estructural podría superar los $2,700 millones.

El contador no ha sido la única voz de alerta. Aparte de diversos economistas, y de al menos una decena de reportajes en profundidad de El Nuevo Día, el Centro para la Nueva Economía (CNE) sentenció en julio pasado que: “La expiración de capacidad de Cofina para emitir deuda adicional, la terminación del plan de estímulo federal y la relativa debilidad del estado de situación del BGF, limitarán severamente la flexibilidad de los gerentes financieros (del Gobierno) para financiar gastos no previstos, una crisis de liquidez no anticipada o cubrir brechas de ingresos en el corto plazo”.

Postura proactiva

Agosto Alicea elogió la determinación y premura con que la administración de García Padilla propuso modificar el arbitrio a las foráneas y el CNE reiteró que la decisión era esperada.

Aparte del arbitrio, la secretaria de Hacienda designada detalló esta semana las estrategias de cobro a contribuyentes morosos. Acosta aseguró que considera diversos mecanismos para allegar más fondos al fisco y dijo que trabaja prestamente en configurar un presupuesto responsable.

Consecuencias

De no actuar con celeridad, el Gobierno no tendrá dinero para pagar la nómina, transferir los fondos que se asignarán a la Universidad de Puerto Rico tras la eliminación de la cuota e, incluso, se limitará su capacidad para atender el déficit de los planes de pensiones del Gobierno.

De igual forma, el Gobierno central no podrá ir al rescate de las corporaciones públicas, incluyendo la Autoridad de los Puertos, cuya liquidez parece depender de la transferencia del aeropuerto a un consorcio privado.

Sobre todo, el déficit que habría heredado la administración García Padilla supone alejarse del compromiso hecho con las casas acreditadoras y que consistía en balancear el presupuesto para el año fiscal 2014.

Antes de terminar el 2012, Moody’s Investor Service degradó a la Isla en dos niveles. Advirtió, entonces, que podría haber más ajustes, pues la perspectiva para Puerto Rico es negativa.

“Desde nuestra perspectiva, el balance estructural (del presupuesto) para el final del año fiscal 2013 es crítico para reducir el crecimiento de la deuda pagadera con impuestos, la que ha aumentado casi 44% en los pasados tres años como resultado del financiamiento del déficit”, advirtió también Standard & Poor’s (SP).

En noviembre pasado, SP sostuvo que podría tomar una determinación adversa con el crédito de la Isla tan temprano como en 90 días. Ese periodo se cumpliría la semana próxima.