El Gobierno encara un déficit estructural que podría alcanzar $2,212 millones en junio próximo.
La cifra, incluso, podría llegar a $2,700 millones, partiendo de un análisis hecho por El Nuevo Día que descansa en prospectos, informes oficiales e, incluso, en el Informe de Transición 2012 al que tuvo acceso este diario.
De ser el caso, Puerto Rico terminará en negativo por decimocuarto año consecutivo. La brecha sería entre siete y ocho veces más que el déficit anunciado por la administración de Luis Fortuño. También, sería más del doble del déficit estructural que se confirmó durante el proceso de transición gubernamental.
El Nuevo Día solicitó una reacción a La Fortaleza en torno al déficit real que heredaría esta administración y a las conclusiones del Comité de Transición. También, pidió una reacción a la secretaria de Hacienda designada, Melba Acosta. Al cierre de la edición, no había recibido respuesta.
En tanto, el presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Javier Ferrer, dijo al servicio de noticias Bloomberg que la administración de Alejandro García Padilla atenderá la situación con premura.
“Entendemos los retos que necesitan atenderse con determinación”, dijo Ferrer. “Estos incluyen atender la situación (de los planes) de retiro, atender el desbalance estructural del Fondo General y crear actividad económica sostenible en Puerto Rico”.
Ferrer agregó que esperan presentar legislación para atender la deficiencia de retiro el mes entrante.
¿De dónde sale la diferencia?
“Se calcula que el déficit operacional proyectado para el año fiscal 2012-2013 ronda en más de $2,000 millones, luego de ajustar las proyecciones de ingresos y gastos a un cuadro más real”, reza el documento.
El presupuesto operacional vigente es de $9,083 millones.
Se esfumó Cofina
La brecha, según el informe, responde a financiamientos que no han podido llevarse a cabo, obligaciones más altas de lo previsto y estimados inflados.
“El Gobierno federal ha informado que confiscará cerca de $190 millones de transferencias de fondos federales en cobro de pagos vencidos relacionados con la represa Cerrillos”, se agrega.
El déficit, empero, podría ser mayor. A partir de julio, el Gobierno no tendrá recursos en el Fondo de Estabilización. Tal fondo se capitalizó con unos $2,000 millones de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).
Un informe del BGF, publicado en junio del año pasado, indica que en el presupuesto vigente hay unos $735 millones del Fondo de Estabilización. La cifra no incluye la emisión de $332.7 millones que el Gobierno emitiría a través de Cofina este año.
álgida coyuntura
El cuadro fiscal es tan complejo que el regreso del arbitrio a las foráneas a la tasa del 4% no será suficiente, aceptó el contador público autorizado Juan Agosto Alicea. A preguntas de El Nuevo Día, el otrora secretario de Hacienda prefirió no entrar en las conclusiones del Informe de Transición.
Agosto Alicea, quien hace un año vaticinó el cuadro que hoy experimenta el fisco, estimó que el déficit estructural podría superar los $2,700 millones.
El contador no ha sido la única voz de alerta. Aparte de diversos economistas, y de al menos una decena de reportajes en profundidad de El Nuevo Día, el Centro para la Nueva Economía (CNE) sentenció en julio pasado que: “La expiración de capacidad de Cofina para emitir deuda adicional, la terminación del plan de estímulo federal y la relativa debilidad del estado de situación del BGF, limitarán severamente la flexibilidad de los gerentes financieros (del Gobierno) para financiar gastos no previstos, una crisis de liquidez no anticipada o cubrir brechas de ingresos en el corto plazo”.
Postura proactiva
Agosto Alicea elogió la determinación y premura con que la administración de García Padilla propuso modificar el arbitrio a las foráneas y el CNE reiteró que la decisión era esperada.
Aparte del arbitrio, la secretaria de Hacienda designada detalló esta semana las estrategias de cobro a contribuyentes morosos. Acosta aseguró que considera diversos mecanismos para allegar más fondos al fisco y dijo que trabaja prestamente en configurar un presupuesto responsable.
Consecuencias
De no actuar con celeridad, el Gobierno no tendrá dinero para pagar la nómina, transferir los fondos que se asignarán a la Universidad de Puerto Rico tras la eliminación de la cuota e, incluso, se limitará su capacidad para atender el déficit de los planes de pensiones del Gobierno.
De igual forma, el Gobierno central no podrá ir al rescate de las corporaciones públicas, incluyendo la Autoridad de los Puertos, cuya liquidez parece depender de la transferencia del aeropuerto a un consorcio privado.
Sobre todo, el déficit que habría heredado la administración García Padilla supone alejarse del compromiso hecho con las casas acreditadoras y que consistía en balancear el presupuesto para el año fiscal 2014.
Antes de terminar el 2012, Moody’s Investor Service degradó a la Isla en dos niveles. Advirtió, entonces, que podría haber más ajustes, pues la perspectiva para Puerto Rico es negativa.
“Desde nuestra perspectiva, el balance estructural (del presupuesto) para el final del año fiscal 2013 es crítico para reducir el crecimiento de la deuda pagadera con impuestos, la que ha aumentado casi 44% en los pasados tres años como resultado del financiamiento del déficit”, advirtió también Standard & Poor’s (SP).
En noviembre pasado, SP sostuvo que podría tomar una determinación adversa con el crédito de la Isla tan temprano como en 90 días. Ese periodo se cumpliría la semana próxima.
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