Hasta noviembre del pasado año, cerca de 16,600 propiedades se encontraban en proceso de ejecución hipotecaria en la isla, informó hoy la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.
En cuanto a las propiedades ejecutadas, el subcomisionado Antonio Salvá señaló que fueron aproximadamente 2,700.
Los antecedentes fueron dados a conocer en un taller titualdo "Mercado hipotecario y alternativas de mitigación de pérdidas disponibles para retener el hogar", que se celebró en el salón Leopoldo Figueroa del Capitolio.
En la actividad participaron Arturo Carrión, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Bancos (AB); Steven Vélez, vicepresidente de Producción de Préstamos Hipotecarios de Scotiabank; Wanda Sánchez, Corporate Chief Underwriter de Oriental Financial Group; y Mariemi Sierra, vicepresidenta y gerente de Servicios de Crédito al Consumidor del Banco Popular.
La senadora Lornna Soto Villanueva, presidenta de la Comisión de Banca y Asuntos del Consumidor, indicó que a su oficina de distrito diariamente llegan muchos casos de personas que están perdiendo sus residencias y reiteró la necesidad de desarrollar alternativas, precisamente como un proyecto de ley que evalúa su Comisión en estos momentos.
El proyecto del Senado 1792, presentado por el senador Lawrence Seilhamer, busca enmendar la "Ley de Plan de Estimulo Criollo" para añadir un programa dirigido a evitar las ejecuciones hipotecarias del hogar través de una segunda hipoteca, de hasta $15,000, con garantía de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFI).
AFI proveería una garantía equivalente al 25% del principal de la hipoteca, ya sea para permitir una moratoria en el pago del principal o una extensión de la fecha de vencimiento del principal, así como para reducir el pago mensual de intereses o eliminar parcial o temporeramente los cargos por mora, entre otros.
En cuanto a las propiedades ejecutadas, el subcomisionado Antonio Salvá señaló que fueron aproximadamente 2,700.
Los antecedentes fueron dados a conocer en un taller titualdo "Mercado hipotecario y alternativas de mitigación de pérdidas disponibles para retener el hogar", que se celebró en el salón Leopoldo Figueroa del Capitolio.
En la actividad participaron Arturo Carrión, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Bancos (AB); Steven Vélez, vicepresidente de Producción de Préstamos Hipotecarios de Scotiabank; Wanda Sánchez, Corporate Chief Underwriter de Oriental Financial Group; y Mariemi Sierra, vicepresidenta y gerente de Servicios de Crédito al Consumidor del Banco Popular.
La senadora Lornna Soto Villanueva, presidenta de la Comisión de Banca y Asuntos del Consumidor, indicó que a su oficina de distrito diariamente llegan muchos casos de personas que están perdiendo sus residencias y reiteró la necesidad de desarrollar alternativas, precisamente como un proyecto de ley que evalúa su Comisión en estos momentos.
El proyecto del Senado 1792, presentado por el senador Lawrence Seilhamer, busca enmendar la "Ley de Plan de Estimulo Criollo" para añadir un programa dirigido a evitar las ejecuciones hipotecarias del hogar través de una segunda hipoteca, de hasta $15,000, con garantía de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFI).
AFI proveería una garantía equivalente al 25% del principal de la hipoteca, ya sea para permitir una moratoria en el pago del principal o una extensión de la fecha de vencimiento del principal, así como para reducir el pago mensual de intereses o eliminar parcial o temporeramente los cargos por mora, entre otros.
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